Bolivia: La gran estafa de la cuarentena

MsC Orietta Hernández

 

 

MSc Orietta Hernández Bermúdez

orietta@cipi.cu

(Artículo publicado el 30 de mayo de 2020 en http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/05/30/bolivia-la-gran-estafa-de-la-cuarentena/#.XuEI_zpKjce )

 

Mientras en el planeta se multiplican los esfuerzos por salvar vidas y controlar esta pandemia que nos azota, en Bolivia el gobierno transitorio aprovecha ese contexto para llenarse los bolsillos.

Poco más de seis meses han pasado desde la instauración de este gobierno de facto dirigido por Jeanine Añez y ya hemos presenciado todo tipo de escándalos. Desde el nombramiento de autoridades claramente conectadas con las diferentes fuerzas golpistas y en muchos casos familiares allegados de la autoproclamada, el desfalco de una empresa importante como ENTEL unido a la huida de su titular a Estados Unidos con importantes sumas de dinero, el uso de los aviones del Estado en tiempo de cuarentena para asuntos personales de “primera necesidad” entiéndase paseos y fiestas de cumpleaños, el anuncio de los trámites para la aprobación de los transgénicos, la denuncia del ex Director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), sobre la concesión de tierras fiscales al sector privado, los escandalosos contratos entre las compañías aseguradoras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la preparación de nuevos contratos sobre el litio, entre tantos otros asuntos vergonzosos en perjuicio de la economía boliviana.

A estas horas, podemos asegurar que la cuarentena ha devenido en una gran estafa al pueblo boliviano. Los hechos demuestran que se convirtió en el escenario perfecto para dar vía libre a la corrupción. Mientras las fuerzas militares y policiales por mandato del gobierno reprimen a los que por necesidad y hambre protestan por la cuarentena, las autoridades no utilizan eficientemente el tiempo y los recursos para combatir la pandemia, dejando al pueblo ante la disyuntiva de morir de hambre o de coronavirus.

Sin embargo, los últimos acontecimientos dan muestra de una falta de escrúpulos y de irrespeto por la vida humana, se trata de la fraudulenta compra de 170 respiradores para tratar a los pacientes afectados por la COVID 19. Para poder comprender este turbio negocio debemos hacer una retrospectiva sobre el manejo de la crisis sanitaria por parte del gobierno de facto.

En diciembre la Organización Mundial de la Salud (OMS), envió a todos los países del mundo varios comunicados sobre cómo contener y tratar la pandemia, basado en la experiencia de China y planteando al menos cuatro tareas básicas de urgente atención para los gobiernos:

  1. Planificar la inmediata habilitación de hospitales específicos para afectados por el coronavirus.
  2. Habilitar el equipamiento de salas de terapia intensiva para enfrentar el contagio exponencial en cada país.
  3. Adquirir las pruebas y reactivos que permitan la detección temprana de los infectados, así como la aplicación de estrategias epidemiológicas.
  4. Dotar de equipos de bioseguridad al personal de salud para preservar sus vidas.

Por esa razón, urgía ejecutar la compra de estas vitales herramientas lo antes posible. Sin embargo, durante los meses de enero y febrero Añez y el alcalde de La Paz, Luis Revilla, estaban muy ocupados definiendo alianzas, mientras la pandemia avanzaba. En el mes de marzo se decretó la cuarentena y el 7 de abril dimitió el ministro de Salud, Aníbal Cruz, quien expresó en las redes sociales:

“(…) de seguir las cosas como van, las personas con COVID 19 llegarán a 900 en los próximos cuatro días y a 48 000 en cuatro meses, y las muertes sumarán unas 3840. (…) lastimosamente cuando se hace política partidaria la vida no tiene precio, a ellos no les interesa nada. Bolivia debe tener un momento de reflexión humana”.

Este hecho pone al descubierto la crisis en medio de la pandemia e inmediatamente es nombrado Marcelo Navajas, como nuevo ministro de Salud. Este señor, dueño de al menos tres clínicas privadas en La Paz, se opuso férreamente a la aplicación del Sistema Único de Salud en Bolivia (SUS), durante el mandato de Evo Morales, al tiempo que repudió la construcción de los 47 hospitales previstos en el programa.

Participó activamente del paro médico que ocasionó numerosos prejuicios incluyendo la muerte de 16 personas. El doctor Navajas, además, fungió como médico oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia, la última década. Por último y no es un dato menor en el año 2003, fue acusado —aunque no procesado— por los delitos de falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado y estafa.

El nuevo ministro inició y culminó su gestión con hechos alarmantes, que han afectado directamente al pueblo boliviano. Durante sus primeros días en el cargo tuvo lugar el comunicado del Ministerio de Salud del 19 de abril de 2020, donde se definió que solo se les haría un test para determinar el contagio por coronavirus a las personas que presentaran síntomas. La justificación fue la llegada del período invernal y junto a ello las enfermedades estacionales que pueden confundirse con el virus. Esta decisión, además de irresponsable, es inaceptable, teniendo en cuenta que de acuerdo con los registros del comportamiento de la COVID 19 a nivel mundial, los casos de pacientes positivos asintomáticos aumentan cada día.

Los últimos días de Navajas al frente del Ministerio de Salud estuvieron marcados por la fraudulenta compra de 170 respiradores. Esta autoridad sanitaria, supuestamente responsable de la salud del pueblo, malversó los recursos del Estado y puso en riesgo la vida de los bolivianos. Si hacemos un balance de su gestión hasta el momento encontraremos que lastimosamente el país no cuenta aún con los hospitales preparados y equipados para recibir casos de coronavirus, mientras que los contagiados superan la cifra de 5500 y los fallecidos ya suman más de 200.

El escándalo del “Caso Respiradores”

El pasado 14 de mayo, llegaron a Bolivia 170 respiradores marca “Respira”, procedentes de España. El Ministerio de Salud informó que pagó por cada equipo 27,683 dólares, lo que hace un total de 4.773.600 dólares que fueron cancelados gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta entidad además de verificar la adquisición de los equipos publicó en su página oficial el costo de cada uno y la diferencia con los datos ofrecidos por el gobierno desataron el escándalo.

El precio de cada unidad de acuerdo con los fabricantes es de 6000 euros y alrededor de 600 los accesorios, es decir, aproximadamente 7265 dólares, es decir que pagaron alrededor de 20 000 dólares más por cada uno de ellos. La compra se realizó a través del intermediario IME Consulting Global Services a los fabricantes: GPA Innova, ambas empresas españolas.

Para colmo de males, los respiradores no cumplen con las especificaciones técnicas de la OMS. Están diseñados para ser usados en ambulancias y para terapia intermedia y aún así no pueden ser utilizados pues al país no han llegado los accesorios y el software necesario para su funcionamiento.

En este fraude monumental, participaron varias personas comenzando por el ahora ex ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien junto a otros cuatro funcionarios se encuentra detenido, en pleno proceso de investigación. Más allá de narrar los hechos, que aún no se esclarecen con certeza, resulta interesante hurgar en la lista de involucrados donde figuran tres miembros de “la Generación Pititas”, que ostentan importantes cargos en el gobierno de facto.

Comencemos por el embajador de Ciencia Tecnología e Innovación, Mohammed Mostajo Radji, el joven científico boliviano de 31 años, especialista en Neurociencia Molecular con un doctorado en Biología molecular y celular en la Universidad de Harvard, quien fue invitado por Añez y la canciller Longaric a ocupar esa cartera. Mostajo ha ofrecido numerosas entrevistas en los medios de comunicación sobre los respiradores y su proceso de compra y de acuerdo con declaraciones de testigos en el caso, recomendaba empresas para la firma de contratos e incluso firmaba algunas cotizaciones que debían ser procesadas y contratadas.

Aun cuando su función fundamental como embajador es la de promover el avance de la Ciencia y la Tecnología en el país, Mostajo se permite viajes de placer en avionetas del estado con su novia Carolina Ribera Añe —hija de la autoproclamada— para disfrutar de un turismo de lujo en Roboré mientras la pandemia sigue cobrando vidas en Bolivia.

Otro de los implicados es el cónsul de Bolivia en España, David Alberto Pareja Lozada, hijo de Ruth Lozada, ex diputada y candidata por la Alianza Juntos —la misma agrupación de Jeanine Añez— y mano derecha de Rubén Costas, el gobernador de Santa Cruz. Pareja es también sobrino de José Hugo Lozada, el presidente de la Aduana Nacional. De acuerdo con las investigaciones, el diplomático se encargó de contactar con los intermediarios en territorio español.

Por último hablemos de uno de los protagonistas del desfalco en territorio boliviano: Giovanni Pacheco, director general de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), entidad descentralizada con independencia jurídica y administrativa creada en 2017 “encargada de ejecutar programas y/o proyectos de Establecimientos de Salud Hospitalarios y de Institutos de Cuarto Nivel de Salud en el marco de las competencias del Ministerio de Salud”, según su página web. Pacheco es miembro del partido Unidad Nacional y hombre de confianza de Samuel Doria Medina, candidato a vicepresidente por la Alianza Juntos, con Jeanine Añez.

“Me lavo las manos como Poncio Pilatos”

Así se desenvuelven los acontecimientos en las últimas horas, en que tiene lugar un verdadero maratón de lavado de manos, tratando de esquivar responsabilidades. Resulta que múltiples autoridades que por mandato deben tener conocimiento sobre la compra de los respiradores, incluso luego de comparecer en medios de comunicación, de pronto sencillamente se desmarcan del asunto.

En este caso podemos ubicar por orden de jerarquía a la autoproclamada quien en televisión dijo a los bolivianos “cuánto había sufrido para conseguir esos respiradores” y una vez descubierto el fraude, escribe en su cuenta de Twitter con fecha 19 de mayo:

“Gracias a las denuncias en redes y medios iniciamos investigación sobre posible corrupción en compra de los respiradores españoles. Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado”.

Estas controvertidas declaraciones le valieron una lluvia de críticas, pues su posición es cuando menos irresponsable y denota falta de control. ¿Cómo es posible que la presidenta de un país, en medio de una crisis sanitaria tan seria, no esté al tanto de todos los detalles de la compra de equipos tan necesarios, máxime cuando declaró con anterioridad haberle dado seguimiento personalmente a la gestión?¿O será que su demorado pronunciamiento está ligado a cierta complicidad? En este sentido llama la atención que desde su declaración sobre su decisión de instruir el caso “caiga quien caiga” al momento en que “apareció” el testigo clave fue de apenas dos días: el escándalo ya tomaba forma en el país y la presidenta aún no se pronunciaba, ¿cómo podríamos explicar este hecho? ¿Estaría esperando instrucciones, o decidiendo quienes conviene que caigan?

Por su parte Karen Longaric, la canciller del régimen de facto, en conferencia de prensa del 21 de mayo, para esclarecer la vinculación de la cancillería con “el Caso Respiradores”, dijo no conocer personalmente al Cónsul General de Bolivia en Barcelona, David Alberto Pareja Lozada. ¡Otra declaración burda! ¿Cómo es posible que la ministra de Relaciones Exteriores, que firmó la designación de Pareja como funcionario del Servicio Exterior, en uno de los países más importante en el orden diplomático para Bolivia, diga no conocerlo? De cualquier manera, fue ella quien facilitó el teléfono del cónsul y le pidió además cooperación en la compra. Longaric aseguró ante los medios que la nota con fecha 11 de mayo de 2020, donde el cónsul Pareja Lozada le explica paso a paso cómo fue el proceso de la adquisición de los respiradores en España, no llegó a sus manos por negligencia de los funcionarios de la cancillería hasta el 18 de mayo.

Como si fuera poco, también responsabilizó al MAS de intentar involucrarla en el fraude por venganza, pues ella confirmó haber despedido a 180 funcionarios tras probar su vínculo o simpatía con el Movimiento al Socialismo, dicho sea de paso, violando el artículo 5, párrafo A de la Ley 045-Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación que clasifica y sanciona como discriminación por ideología, filiación política o filosófica el hecho de “anular o menoscabar el reconocimiento , goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el Derecho Internacional (1). En otras palabras, parece que la canciller dedica más tiempo a perseguir y discriminar a todos aquellos vinculados al MAS, que al control estricto de las acciones de los funcionarios subordinados a ella.

Aún quedan muchos cabos sueltos, por ejemplo, no se ha difundido como prueba en el proceso los documentos aduaneros y la respectiva Póliza de Importación utilizada para dar entrada oficial a los respiradores a Bolivia. En dicho documento debe figurar el precio de venta, detallado por unidades, así como los nombres de los fabricantes, intermediarios y de la persona que firma la recepción a conformidad de los respiradores.

Sin embargo, ahora ya podemos explicarnos por qué Jeanine Añez, escogió personalmente al Consejo Científico Asesor ante la COVID 19, supuestamente creado para desarrollar información técnica basada en la evidencia y orientar la toma de decisiones en políticas públicas para el control de la pandemia. Los nominó e incluyó en la lista a su yerno, el embajador Mohammed Mostajo, para garantizar poder disponer a su antojo del presupuesto y las donaciones hechas al pueblo boliviano y continuar manejando la crisis tal y como ha hecho con el país, como si fuera un negocio familiar.

La pérdida de credibilidad de la autoproclamada y sus cómplices es evidente, alrededor de 3 millones de dólares de forma vergonzosa han sido robados. Los indicios hasta el momento implican a altos funcionarios y dejan bajo la sospecha a otros, destacándose el ministro Murillo que recibió alrededor de 11 llamadas a su celular de Fernando Humérez, el “testigo clave” y al ser interpelado por los medios dijo no haberle respondido pues se trataba de un corrupto conectado al MAS. Es demasiado casualidad que horas después de la infructuosa gestión de comunicación Humérez se presentara por su propia voluntad ante las autoridades policiales en Cochabamba. Es bastante obvio que las declaraciones de este testigo asegurando que el Estado boliviano ha sido estafado por las empresas españolas tienen el objetivo de distender la situación y proteger a los verdaderos responsables.

Se pidió al pueblo cumplir con la cuarentena, prometiendo que a cambio de este sacrificio el gobierno terminaría de equipar hospitales, compraría respiradores, instalaría salas de Terapia Intensiva, haría llegar pruebas y reactivos para detectar el Coronavirus, dotaría de laboratorios a los nueve departamentos del país, proporcionaría equipos de bioseguridad para los médicos y enfermeras. Nada de eso hizo este gobierno falso y corrupto, que durante cinco meses de administración de la crisis sanitaria ha estafado al pueblo boliviano atentando contra sus vidas.

Las consecuencias ya se pueden notar en todo el país, el virus se expande frente a la impotencia de los médicos. Santa Cruz sufre una ola exponencial de contagios comunitarios y en el Beni, ya se ha declarado desastre departamental con una cifra superior a mil casos confirmados y alrededor de 70 fallecidos por el Coronavirus. Allí se viven días de luto, la gente está muriendo por falta de equipos adecuados para asistirles.

No obstante, este tema de los respiradores no es más que la punta del iceberg de la profunda crisis política, social, sanitaria, económica que vive Bolivia. En los próximos días otros escándalos saldrán a la luz, e impensables maniobras de distracción aparecerán, para evitar se descubra a los verdaderos culpables. Solamente olvidan un pequeño detalle, el pueblo no es ciego, se les puede confundir, someter, amedrentar, pero no eternamente, pues como sentenciara Abraham Lincoln “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

(1) Tomado de “Nuevamente Karen Longaric” por Nahí Nascimiento publicado en https://www.elpais.bo