Un gobierno de millonarios, por los millonarios y para los millonarios

Imagen tomada de Escambray.cu

El pasado 5 de noviembre se cumplieron 35 días de cierre del gobierno federal de los Estados Unidos, en lo que constituyó la parálisis institucional más extensa en la historia moderna del país.

El 9 de noviembre finalmente se anunció que ocho senadores demócratas rompieron con su partido para votar con los republicanos e impulsar una legislación que pusiera fin al cierre del gobierno. La medida de compromiso, aprobada por 60 votos a favor y 40 en contra, incluyó la promesa del senador John Thune, líder de la mayoría republicana, de permitir una votación en diciembre sobre la principal demanda de los demócratas: la extensión de los subsidios a la atención médica que vencen a finales de año, algo que muchos demócratas llevan semanas afirmando que tal promesa no bastaría para conseguir sus votos y reabrir el gobierno, ya que es sumamente difícil que se apruebe en un Congreso, controlado por los republicanos.

El acuerdo necesitaba ser ratificado por el Senado, el visto bueno de la Cámara de Representantes controlada por el Partido Republicano y la firma del presidente Trump, para poner fin al cierre del gobierno. El día 10 se reunió el Senado y el acuerdo fue aprobado por 60 votos a 40 cuando los mismos 8 senadores que aprobaron el acuerdo votaron con los republicanos para ratificarlo. El paso por la Cámara de Representantes y la firma de Trump constituyen requisitos que se dan por seguros.

La inmensa mayoría de los demócratas están indignados con los ocho senadores que ayudaron a negociar el acuerdo para poner fin al cierre del gobierno sin obtener nada a cambio, así como con la dirigencia del partido por la percepción de que no logró detenerlo. Ningún demócrata prominente ha defendido el acuerdo, el cual ha creado una muy difícil situación dentro del Partido, donde se están exigiendo represalias políticas y dimisiones. Los ocho senadores disidentes pertenecen al sector moderado-centrista del Partido.

Los disidentes demócratas que votaron a favor del acuerdo dijeron que decidieron cambiar su posición tras concluir que los republicanos nunca iban a acceder a la principal demanda de los demócratas en la lucha por el cierre del gobierno —la prórroga de los subsidios federales para la atención médica que expiraban a finales de año— mientras millones de estadounidenses seguían sufriendo en medio del cierre federal, sin poder cobrar sus salarios o recibir los cupones de alimentos.

Lo que hace más notable aún el acuerdo es que los demócratas estuvieron ganando esta porfía. Las encuestas mostraban que la mayoría de los votantes culpaba a los republicanos por el cierre del gobierno, no a los demócratas. El índice de aprobación de Trump ha estado cayendo, y en la más reciente encuesta de CNN estaba en un 37% por primera vez desde que asumió la presidencia. La semana pasada, los demócratas derrotaron a los republicanos en las elecciones que tuvieron lugar en varios estados, y Trump atribuyó parte de las pérdidas de su partido al cierre del gobierno. Los demócratas estaban en su momento de mayor popularidad de los últimos meses.

Varios congresistas demócratas expresaron su oposición al acuerdo, entre ellos la representante Alexandria Ocasio-Cortez quien escribió en X: “La gente quiere que mantengamos nuestra posición por una razón. Esto no se trata de apelar a una base. Se trata de las vidas de las personas”. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien se está proyectando como posible candidato del Partido Demócrata a las presidenciales de 2028, también criticó la medida con una sola palabra en X: “Patético”.

Para muchos demócratas el asunto iba mucho más allá de los seguros médicos. Se trataba sobre todo de una batalla contra Trump, una oportunidad de propinar un golpe contundente a su arrogancia y a esa imagen todopoderosa que tanto se ufana en proyectar; una batalla que parecía ganada y fue echada por tierra por un pequeño grupo de senadores que abandonaron la unidad del Partido y decidieron rendir sus armas.

La crisis que conllevó el cierre del gobierno, surgió fundamentalmente por el desacuerdo entre los legisladores demócratas y los republicanos sobre la extensión de los subsidios de seguros médicos relacionados con la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida popularmente como Obamacare; específicamente, la extensión de créditos fiscales para las primas de seguros médicos establecidos durante la pandemia, que los demócratas exigen preservar y a lo cual se oponen resueltamente las huestes republicanas.

Pero en realidad los republicanos han criticado esta ley y han procurado derogarla, desde que creó los mercados de seguros médicos en 2010, a pesar de que su derogación dañaría significativamente a muchos millones de personas.

Recientemente el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien votó en contra del acuerdo, señaló que “los republicanos han pasado los últimos 10 meses desmantelando el sistema de salud, aumentando los costos y haciendo la vida cada día más difícil para las familias estadounidenses”.

El senador Edward J. Markey declaró que “Trump y los republicanos MAGA han estado paralizando el gobierno desde el día de su investidura, desmantelando Medicare, Medicaid y la Ley de Cuidado de la Salud Asequible, y perpetrando el mayor robo al sistema de salud de la historia, todo para financiar recortes de impuestos para los multimillonarios directores ejecutivos”.

Una de las consecuencias más graves del cierre del gobierno es al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Cerca de 42 millones de estadounidenses dependen de los cupones de alimentos que llegan mensualmente, y millones de familias de bajos ingresos han estado viviendo con incertidumbre sobre el futuro de estos beneficios.

Algunos estados como Massachusetts, New York, Pennsylvania y Oregon, comenzaron a enviar los beneficios completos a uno de cada ocho estadounidenses aproximadamente que reciben ayuda cada mes, y 25 estados solicitaron a un juez federal en Massachusetts ordenar al Departamento de Agricultura proporcionar las ayudas de noviembre.

Pese a que dos tribunales federales ordenaron continuar con la financiación del programa, el presidente Trump desafió las órdenes judiciales al publicar en redes sociales que los beneficios SNAP se otorgarían exclusivamente “cuando los demócratas de la izquierda radical reabran el gobierno”, y el proceso pareció paralizarse cuando la Corte Suprema aceptó una solicitud de emergencia del gobierno para suspender una orden emitida por un juez federal, quien había exigido a la Casa Blanca financiar completamente el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

La propia administración Trump admitió que puede acceder a decenas de miles de millones de dólares en fondos sobrantes para financiar la totalidad de las prestaciones del SNAP en noviembre. Sin embargo, Trump se negó a utilizar ese dinero, y sus asesores afirmaron que no podían ayudar, a pesar de que han reestructurado otras partidas del presupuesto federal para mantener sus prioridades durante el cierre del gobierno, incluyendo el pago a los agentes que realizan deportaciones masivas.

En otros trabajos hemos argumentado extensamente sobre el nivel sin precedentes de subordinación que muestran hoy los republicanos en el Congreso al presidente Trump. La férrea oposición republicana a resolver la crisis y abrir el gobierno, obedece a una decisión del presidente, quien se muestra indolente ante el sufrimiento de decenas de miles de familias de bajos ingresos que se benefician de los seguros médicos que brinda el Obamacare y de los cupones de alimentos que ofrece el SNAP.

Por los mismos días en que esto está ocurriendo, la prensa norteamericana reporta que el gobierno de Trump está otorgando cientos de miles de millones de dólares en exenciones fiscales a algunas de las empresas más rentables del país y a los inversores más acaudalados. Estas exenciones se suman al paquete de recortes fiscales de aproximadamente cuatro billones de dólares que el presidente Trump promulgó en julio.

La llamada por Trump “Ley Única y Hermosa” promulgada en julio, proporcionó más de un billón de dólares en alivio para las grandes empresas al calcular sus facturas de impuestos sobre la renta.

En agosto, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), derogaron las regulaciones que impedían a las multinacionales evadir impuestos declarando pérdidas duplicadas en varios países simultáneamente, revertiendo una ofensiva contra un agresivo paraíso fiscal utilizado por grandes empresas, como Occidental Petroleum y AT&T. “Esto representa otros 100 000 millones de dólares en recortes, y probablemente mucho más”, según asesores fiscales.

“El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), mediante una serie de nuevos avisos y propuestas de reglamentos, están ofreciendo beneficios a grandes firmas de capital privado, empresas de criptomonedas, inversores inmobiliarios extranjeros, aseguradoras y diversas corporaciones multinacionales”, informó por su parte el New York Times.

Que una administración que presumía de representar los intereses de los trabajadores, les vuelva la espalda de manera tan manifiesta, podría confundir a muchos hasta el punto de preguntarse si se trata verdaderamente de una traición o pudiera estarse ante una maniobra que resultaría en posteriores beneficios.

Si bien en su primera administración, Trump debió moverse con mayor precaución porque necesitaba de los electores de clase media y trabajadores que creyendo en él lo llevaron a la Casa Blanca en 2016, para así conseguir un segundo mandato, ahora no necesita de ellos porque él no puede reelegirse nuevamente. Creer que Trump puede priorizar la reelección de otro republicano en 2028 y actuar consecuentemente, es desconocer la naturaleza egocentrista de este hombre. Su objetivo es cumplir con el mandato que le dieron los billonarios que le ayudaron a conquistar el poder. Lo que más le interesa es cómo va a pasar él a la historia. Lo que venga después no le importa.

En realidad, para conocer realmente a quienes representa la administración Trump, sólo hay que rasgar levemente en la superficie y ver quiénes son los funcionarios de su administración. Los secretarios de Comercio, Educación, Interior, Tesoro, Energía, Salud, Guerra y Estado, son todos multimillonarios. También, el Administrador de la NASA, un Subsecretario de Guerra, el Enviado Especial para el Medio Este, la directora de Administración de Pequeños Negocios y varios embajadores.

Además, su actual Asesor y ex jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, es el hombre más rico del mundo. El propio Trump es de los más ricos dentro del gobierno, con un capital de más de cinco billones de dólares, y su vicepresidente Vance, también es multimillonario. A estos probablemente haya que sumarle algunos más.

El patrimonio neto total de los multimillonarios en la administración Trump, el 4 de junio, ascendía al menos a 450 000 millones de dólares, lo que supera el PIB de 175 países. El patrimonio neto del gabinete de Trump por sí solo, excluyendo a Musk y otros, es de al menos 13.8 000 millones de dólares.

En apenas pocos meses de asumir el poder, este hombre ambicioso, arrogante y despiadado con sus enemigos, que estima al mismo tiempo que debe ser premiado con el Nobel de la Paz y ser considerado Héroe de Guerra, que amenaza y sanciona a quienes no actúan conforme a sus intereses y se comporta como emperador del mundo, ha logrado formar un gobierno de hombres totalmente fieles a él, doblegar un Congreso donde, al menos por ahora, su partido goza de mayoría en ambas cámaras, y privilegiarse de las decisiones de una Corte Suprema dominada por conservadores.

Con todos estos factores a su favor, Trump ha logrado obtener éxitos en prácticamente todo lo que se ha propuesto. Pero al mismo tiempo ello ha servido para, por una parte, dejar en total evidencia los verdaderos propósitos de su administración, y por otra, con ello está creando todas las condiciones para que más pronto que tarde comience a pagar el precio de sus políticas. Su descontrolada política de imposición de altos aranceles a otros países y su implacable actitud frente a los inmigrantes y los sectores más pobres del país le pasarán factura. Quizás en noviembre del próximo año tendremos las primeras evidencias de ello.