MARE NOSTRUM, Derecho y Expectativas

La posesión y demarcación de los mares constituyó la piedra angular para la expansión y conquista por los países más poderosos. La política colonial se valió de diversas estrategias para desplazarse por océanos y litorales y consolidar la explotación y el dominio de los recursos naturales y geográficos, multiplicadores de las ganancias de imperios y empresas. El dominio del mare nostrum ancló como uno de los factores más decisivos para el enriquecimiento del Norte global. Hoy con el empleo de recursos militarizados, sofisticados y con moderna tecnología naval, que constriñe y retarda el desarrollo del Sur global.

Desde los griegos, fenicios y vikingos a la fecha, potencias navales como Reino Unido, Francia, España, Portugal y Países Bajos se desplazaron —no siempre armónica ni pacíficamente— hacia los continentes más pródigos en recursos y aseguraron sus fronteras marítimas con propósitos de transportación, control y explotación.

A finales del siglo XIX Estados Unidos estrenó el uso de la fuerza con la autoexplosión del acorazado Maine en la bahía habanera para irrumpir en la guerra cubano-española, ganada por los mambises, con el propósito de apoderarse de Cuba, acción descrita por Lenin como la primera guerra imperialista. El belicismo marítimo estadounidense se expandió por Pearl Harbor, Tonkin, Haiphong, con un ilimitado desarrollo tecnológico, la multiplicación de la amenaza y del uso de la fuerza, mediante la disuasión, la coerción, el espionaje, la propaganda bélica, los golpes efectistas y las agresiones.

Japón perfeccionó el arte de la pesca, la preservación del fondo marino y litoral y desarrolló una economía volcada hacia la alta tecnología, sólo interrumpida durante su beligerancia en la Segunda Guerra Mundial. En el lapso de los años 30-45 del siglo XX el fascismo alemán potenció sus acciones navales y compitió con los países dominantes, con efímeros resultados.

Mare nostrum y derecho

La complejidad de las precedentes y actuales relaciones internacionales ha sugerido la necesidad de regular el acceso, el desplazamiento y la utilización del mare nostrum, espacio donde rigen los intereses geopolíticos imperialistas y de algunas potencias medias para expoliar los recursos naturales o manipular la soberanía, la autodeterminación y el derecho a la subsistencia del Sur global, enraizado en el subdesarrollo.

La Carta de las Naciones Unidas refrendó entre sus propósitos y principios: la igualdad soberana entre los Estados, el respeto a la paz, a la coexistencia entre los países, a la autodeterminación de los pueblos, a la negociación y mediación para evitar los conflictos, entre otros. Entre 1945 hasta hoy, los órganos y agencias especializados de la ONU profundizaron y ampliaron su amparo sobre el derecho al desarrollo, a la protección ambiental, a la captura de las especies, al uso de la naturaleza. Entre otros, se involucran infinidad de organismos y agencias.[1]

En los años 80 del siglo XX se activó el diálogo, con la finalidad de concretar acuerdos regulatorios para el uso pacífico y racional del mar, incluidos océanos, mares, protección del hábitat oceánico y litoral y el derecho a la pesca, principios jurídicos vigentes adoptados en la Convención de Montego Bay, Jamaica. [2]

En tal sentido, el uso irracional de la fuerza en el mar impacta sobre aspectos esenciales refrendados por el Derecho Internacional y resulta incompatible con sus principales instrumentos jurídicos. Convendría recordar que las sanciones, las amenazas y el uso de la fuerza sólo se autorizan en casos extremos y que, particularmente la sanción es el efecto ocasionado por una Tampoco sería ocioso anotar que el manipulado capítulo 7 de la Carta y en particular su artículo 41 señala que la sanción es el efecto ocasionado por una acción infractora de una ley u otra norma, lo que cuestiona la legalidad de sanciones adoptadas por un solo actor o varios, sin la anuencia de la ONU, como sucede, por ejemplo, contra Venezuela.[3]

Lo señalado induce que una agresión en el mar transgrede varios preceptos de todo el Derecho, como sucede con el asesinato o la captura de pescadores, previo pretexto sobre una presunta erradicación de terroristas, o narcoterroristas de actual ocurrencia en el Caribe y la costa del Pacífico colombiano.

Sin agotar el tema, la Corte Penal Internacional, según el estatuto de Roma sanciona —entre otros— el delito de agresión, una tendencia instigada crecientemente por los países imperialistas con la finalidad de alcanzar y preservar sus propósitos hegemónicos, liderados por Estados Unidos y organizaciones belicistas, como la OTAN.

El escenario marítimo actual se complejiza y presenta incertidumbres, mediante la prolongación de conflictos marítimos aletargados o en ebullición. Entre ellos se hallan:

• Seis países que reclaman territorios: Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega y Nueva Zelanda y el Reino Unido, con zona de influencia respectivamente sobre el continente, definida por el Tratado Antártico. Por su cercanía geográfica, los británicos al polo, la presencia británica retarda la soberanía reclamada por Argentina, de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
• El Mar del Sur de China, con beligerancia e instigaciones de potencias occidentales en torno a Taiwán.
• El Golfo de Hormuz, escenario bélico instaurado contra Yemen, resultado de su apoyo al pueblo palestino, frente a Israel, con la obstrucción del imprescindible tráfico marítimo hacia el Mediterráneo.
• El Caribe y las inmediaciones de Venezuela, exacerbado por Estados Unidos, desde la Revolución Bolivariana, con vista a provocar un cambio de régimen, apoderarse de sus recursos energéticos y arremeter conta otros objetivos cercanos.
• La costa pacífica centroamericana, primordialmente frente a Colombia.
• Las provocaciones contra México, enfocadas hacia su soberanía.

En el contexto actual los imperialistas y sus allegados emplean (entre sus principales pretextos intervencionistas) en cualquier región la existencia o ejecución del terrorismo, el narcotráfico, la ingobernabilidad, el incumplimiento del Estado de derecho o la inestabilidad interna.[4] También articulan nuevos pretextos, no debido a la imaginación o iniciativa burguesa, sino para potenciar propósitos definidos por los gobiernos “élites” para preservar y extender su dominio. Entre ellos se halla la contemporánea variable del narcoterrorismo.

El nivel, ritmo y alcance de las intervenciones germina a partir de la interacción y el auspicio con campañas desacreditadoras y falacias reproducidas por los principales aliados estadounidense (fake-news), que recrean un ambiente de inseguridad e impulsan sanciones contra los países denostados en todos los foros internacionales posibles, la gran prensa y las redes informáticas y que silencian la causa real de la problemática, a la vez que entroniza la transgresión impune del Derecho Internacional en el norte europeo, África, Medio Oriente, el Mar del Sur de China y ahora, en el Caribe. Así instigan conflictos evitables.

No es ocioso bosquejar una selección de la legislación afín a la problemática marítima y de la omisión o transgresión de ramas del Derecho Internacional, presente en los últimos meses:

• La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que refrendó los límites de las zonas marítimas, la zona económica exclusiva, los estrechos para la navegación internacional; los Estados archipelágicos; la paz y seguridad en los océanos y los mares; conservación y gestión de los recursos marinos vivos; la protección y preservación del medio marino; la investigación científica marina; los procedimientos para la solución de controversias, la prevención de infracciones de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, migratorios o sanitarios.
• El Convenio Internacional de seguridad marítima de 1974.
• La Convención Internacional sobre la toma de rehenes, Nueva York, 1979.
• Convenio y Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad en plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, Roma, 1988.

La situación en el Caribe

Un denominador común durante la peligrosa escalada de la amenaza del uso de la fuerza en el Caribe no se constriñe al color de la bandera que abracen los países asediados, sino a paradigmas realistas y de la dependencia activados por los intereses políticos, económicos y militares de los gobiernos imperialistas, las transnacionales, el consorcio militar-industrial, promotores de la dominación de otros regiones, preocupados porque su “patio trasero” constata las ventajas al colaborar y comerciar con otros polos de poder, como el chino y otros países emergentes. Por tales razones, no sorprende la agresividad estadounidense en la región.

En el caso concreto de Venezuela valdría la pena insistir en que —de 2004 a la fecha— ha sido uno de los países más sancionados en la historia contemporánea, que desde hace dos meses ha escalado hacia la amenaza de agresión e intervención previstas por el imperialismo mayor para apoderarse de vitales objetivos energéticos en una de las regiones naturales más pródigas de nuestro desgastado planeta.

Actores y expectativas

El panorama actual se ensombrece con la irrupción de un lenguaje hostil y militarista de Washington, la ubicación de portaviones descomunales, aviones, drones, armas y equipos de última generación, el asesinato impune de pescadores, clasificados como “narcotraficantes”; la verborrea militarista, actos que infringen, entre otros acuerdos, la declaración latinoamericana y caribeña de la CELAC como zona de paz y del Tratado de Tlatelolco.[5]

El tono amenazante, el efectismo, la controvertida decisión presidencial de atacar a Venezuela, intuyen el mayor peligro en la región desde la Crisis de Octubre. El desplazamiento aéreo y naval desde Puerto Rico, Haití, República Dominicana, Trinidad Tobago y Ecuador (por ahora) podría extenderse, además, hacia países donde retorna la derecha. Sin embargo, la inestabilidad y las amenazas reactivan la Doctrina Monroe, la política de la zanahoria y el garrote, los paradigmas realistas y de la dependencia, aceleradas por la proclama MAGA trumpista.[6]

En ese derrotero Washington alienta redenominar el Golfo de México por Golfo de América; emprende cruzadas “antinarcoterroristas” contra los cárteles de los Soles, de Sinaloa, el tren de Aragua mientras oculta, oportunistamente, al culpable y prolongado papel desempeñado por la DEA y el FBI[7] durante la ejecución de los planes Colombia y Mérida, que santificaron el narcotráfico continental, como suministrador omnipotente del mayor contrabando a escala mundial. De paso, la reciente reunión del Grupo de los 7 de ministros de Relaciones Exteriores, acogió una exhortación proselitista del secretario de Estado estadounidense para impulsar la beligerancia en el Caribe.

Las expectativas sobre la creciente amenaza en el Caribe sugieren varios ángulos de disenso o confrontación, incompletos y mutantes, según la velocidad impresa a los acontecimientos, sus impactos y el involucramiento de diversos actores internacionales:

• En Estados Unidos congresistas y senadores, organizaciones no gubernamentales y amigos de las Naciones Unidas cuestionan la legitimidad o conveniencia de una intervención o agresión contra Venezuela.
• Tradicionales aliados de Estados Unidos (Francia y Reino Unido) aclaran “diplomáticamente” algunas diferencias en los métodos de enfrentamiento al narcotráfico en la región.
• Rusia y Venezuela consolidan sus nexos estratégicos y logísticos, mediante la suscripción de profusos acuerdos para el suministro por la primera de equipos y armamentos.
• Colombia promueve concertar acciones en el continente contra los delitos que se cometan en el Pacífico.
• El gobierno de Ecuador es recompensado por su aquiescencia para reanudar las bases militares canceladas durante el correísmo y recibe los beneficios del 15% menos por aranceles de sus productos.
• México reitera su rechazo a las injerencias contra su soberanía y los amagos por declararla un peligro para Washington, derivado de la inmigración indeseada y la violencia.
• Brasil y varios países emergentes expresan su inquietud o rechazo a la actual escalada.
• La experiencia continental obliga a reflexiones tal vez apresuradas sobre, si en realidad, la estrategia del presidente estadounidense —en función de su geopolítica— finaliza con los ataques o agresiones contra Venezuela o pudieren extenderse hacia Estados prolongadamente amenazados, como Cuba, país, calumniado, hostigado, acosado y bloqueado in extremis, con la finalidad de erradicar su ejemplo.
• La beligerancia del mandatario estadounidense contra Venezuela amplía su diapasón hacia varias ramas del derecho, impulsada desde el advenimiento de la Revolución Bolivariana, con la ampliación ilimitada de sanciones y la adición de medidas semejantes por la Unión Europea.[8]
• Los actos premeditados de acoso, piratería y homicidio de pescadores, pretextados para eliminar el narcotráfico, ejemplifican la vulneración del derecho del mar, mercantil, penal (utilizando falsos positivos) y postulados de la Carta de la ONU sobre el respeto a la autodeterminación, a la igualdad soberana y al respeto a la integridad territorial. De ocurrir una escalada, sería inevitable la violación del Derecho Internacional Humanitario.
• La diversidad de actores protagónicos y secundarios presentes en el Caribe vislumbra una de las etapas más peligrosas de la actual acometida trumpista, con el poderío militar estadounidense que amenaza la paz continental y el Tratado de Tlatelolco contra el arma nuclear. Pudiera aseverarse que desde la Crisis de Octubre no se presenciaba una etapa con tanta vulnerabilidad de la paz.
• La clasificación en 2014 por el presidente Barack Obama de Venezuela como “peligro o amenaza inusual y excepcional para la seguridad de Estados Unidos” fue un punto de partida para la profusión de sanciones unilaterales, diversificadas y ampliadas hacia todos los sectores de la sociedad venezolana, con la finalidad de provocar un cambio de régimen, mediante la instigación del delito, la apropiación de sus recursos energéticos y auríferos y la desestabilización del continente. Ello pudiera eximir al actual presidente de esgrimir la obtención de una resolución en el Consejo de Seguridad, pero tampoco sería descartable.
• La decisión presidencial de suspender los vuelos comerciales y su convocatoria para ser imitados por aerolíneas de otros países, recrea un ambiente de incertidumbre, que no descarta la implantación de una zona de exclusión aérea (como la utilizada contra Libia), esta vez sin una manipulable resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde resulta improbable la unanimidad en la votación de sus Estados miembros permanentes.
• Los militaristas de Washington aplican métodos diversos, pero también repetitivos, mediante el amago de agresión o en vísperas de una agresión frontal; como son el vaciamiento de sus Embajadas (Ej: Irak, Irán, Siria), la retirada súbita de sus ciudadanos asentados en un determinado país, el reposicionamiento de efectivos navales, aéreos y terrestres y el control del espacio cercano al lugar amenazado.
• Bajo las actuales circunstancias, cuando se exacerban las amenazas para el uso de la fuerza, podrían ocurrir, entre otros, una confrontación casual, un ataque “preventivo”, un ejercicio disuasorio (al estilo contemporáneo de la Blietzkrieg[9] nazi) o la ocupación de un enclave que convertiría a Caribe y sus inmediaciones en un escenario bélico de alcance insospechable.
• Efectos negativos de un conflicto sobre la estabilidad interna venezolana y para la colaboración en el marco del ALBA-TCP, Petrocaribe y de los avances esperados por los países de la región adheridos a la Franja y la Ruta de la Seda, entre otros.
• El peligro en la región podría también detonar los precios del petróleo, con dividendos para las principales transnacionales.
• Bajo las actuales circunstancias, las mejores expectativas podrían consistir en incentivar la mediación, la negociación y el arbitrio en organismos internacionales, regionales y temáticos con la finalidad de evitar un conflicto, no solo en el mare nostrum, sino con apego al Derecho Internacional y al beneficio de las relaciones armónicas entre los actores internacionales.

Bibliografía básica

Carrillo Ramírez. Metamorfosis de la Intervención. Editorial Ruth, 2018.

Carrillo (b). Actores Internacionales en la Revolución Bolivariana. Editorial Académica Española, http://www.amazon.de

Editorial Alexandre de Gusmao. Las sanciones unilaterales: un análisis crítico. Capítulo “Las sanciones unilaterales: orígenes, doctrina y efectos”. Brasil. En edición.

CELAC: Tratado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, 2014.

ONU. Carta de las Naciones Unidas. San Francisco, 1945.

ONU. Convención del Mar, Montego Bay, Jamaica, 1982

[1] ECOSOC; CODEHU, FAO, PNUMA, PNUD, UNICEF y OMS.

[2] 1982, suscrita por 169 países, exceptuados Estados Unidos, entre otros.

[3] Las sanciones unilaterales: un análisis crítico. Capítulo “Las sanciones unilaterales: orígenes, doctrina y efectos”. Editorial    Alexandre de Gusmao, Brasil. En edición.

[4] Carrillo (2). Metamorfosis de la Intervención. Editorial Ruth, 2018.

[5] CELAC: Tratado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, 2014.

[6] MAGA: Make America Great Again.

[7] Departamento Antidrogas y Buró Federal de Inteligencia, respectivamente.

[8] Carrillo Ramírez, Leyla. Actores Internacionales en la Revolución Bolivariana. Editorial Académica Española, http://www.amazon.de

[9] Blietzkrieg (guerra relámpago)