Cambio de ciclo en Bolivia: ¿qué esperar de Rodrigo Paz?

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La investidura de Rodrigo Paz, el pasado 8 de noviembre, ha materializado un cambio de ruta que promete ser riguroso para Bolivia. El líder del conservador Partido Demócrata Cristiano (PDC) arribó a Palacio Quemado con el compromiso de encontrar soluciones para un país en números rojos en sus indicadores macroeconómicos, inmerso, además, en una compleja situación política en los últimos años.

Se trata de una figura con una estela de moderación que aparenta buscar un cambio sin desdeñar las preocupaciones sociales. Llegó al gobierno con dos eslóganes: “capitalismo para todos” y “terminar con el Estado tranca”. Esto es, en teoría, ajustar y desregular la economía en beneficio de todos los bolivianos y protegiendo a los sectores más vulnerables. Un pacto que encierra en sí mismo grandes contradicciones.

Con el ascenso de Paz se pone fin a dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y se abre un nuevo período con importantes rupturas en la política boliviana. La nueva administración apuesta por un programa de austeridad, cambios constitucionales y un giro radical en la política exterior del país que prometen dejar atrás a pilares importantes de la gestión masista.

Qué explica la llegada de Paz al poder

Desde el año 2023, la economía boliviana ha sufrido un palpable deterioro asociado, entre otros factores, a la caída de los ingresos por exportaciones de hidrocarburos. Años de malas inversiones en la industria gasífera determinaron que este rubro pasara de generar 6.113 millones de dólares en 2013 a solamente 788 millones entre enero y agosto de 2025. En consecuencia, se configuró una crisis marcada por la escasez de divisas y el desabastecimiento de combustibles, con una inflación anual cercana al 25 % en julio pasado y un tipo de cambio en el mercado informal que llegó a rozar los 20 bolivianos/dólar en mayo —muy por encima de la tasa oficial de 6,86 bs/dólar. [1]

En paralelo, las fuerzas de izquierda han estado inmersas en una lucha fratricida que ha terminado por destruir el prestigio popular del mayor partido político del país. El líder histórico del MAS, Evo Morales, y el entonces presidente Luis Arce protagonizaron una abierta disputa que derivó en crisis política e institucional. Este conflicto por el liderazgo del masismo, que también generó una parálisis legislativa y profundizó los problemas económicos de la nación, y el consecuente debilitamiento de dicha organización partidista dilapidaron las posibilidades de dar continuidad al proceso progresista iniciado en Bolivia en 2006.

En este contexto emergió Rodrigo Paz como una figura aparentemente novedosa, sin el desgaste acumulado por otros candidatos de derecha durante tantos años de fracasos electorales. En la campaña, el ex alcalde y senador veló por mostrarse como un líder centrista y pragmático, alejado de las propuestas más radicales del antimasismo y buscando canalizar la atención de los estratos populares. Prometió un “ajuste moderado” con enfoque social, tomó distancia de las críticas que otros políticos hacían de Evo y Arce, rechazó endeudar al país y fue cauto al referirse a los vínculos con Estados Unidos. Estos elementos fueron fundamentales para que el candidato del Partido Demócrata Cristiano recibiera el apoyo de los sectores indígenas, obreros y campesinos, descontentos con el MAS, pero reacios a aceptar el discurso duro de la extrema derecha.

“Tuto (Quiroga), Samuel (Doria Medina) y Manfred (Villa) están en la extrema derecha (…) Estoy en el centro y no pienso bajarme”, afirmó antes de la primera vuelta. [2] No obstante, este desmarque hacia los sectores tradicionales de la derecha antimasista se da de bruces con su trayectoria como senador por el Departamento de Tarija (2020-2025) con la alianza de Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, así como con el historial de su fuerza política, el PDC, que candidateó al propio Tuto Quiroga y a Luis Fernando Camacho en anteriores contiendas presidenciales.

La dimensión del ajuste

El desafío principal de Rodrigo Paz será realizar un ajuste que solucione los graves problemas económicos de la nación y evitar que su coste social lo convierta en un mandatario impopular. Para cumplir con este acometido, las propuestas del líder centroderechista coinciden en muchos aspectos con las de sus rivales en el espectro conservador boliviano. No obstante, se debe decir que Paz se desmarcó en puntos clave de las ideas de Quiroga (candidato de LIBRE, a quien venció en segunda vuelta) y Doria Medina (cuya fuerza, Unidad, obtuvo el 3er mayor número de escaños).

Esencialmente se trata de un programa de desregulación, con la promoción de una mayor apertura al extranjero y de profundas medidas de austeridad. El plan de gobierno de Paz tiene tres ejes principales: lograr la estabilidad macroeconómica, cambiar hacia un modelo neoliberal y avanzar en la autonomía fiscal de las regiones. [3]

El éxito de las reformas dependerá principalmente de estabilizar los indicadores macroeconómicos del país, corregir el déficit fiscal y detener la inflación de dos dígitos. En este sentido, es de esperar un profundo recorte del gasto público, reducción de subsidios y de financiamientos a servicios sociales, y otras medidas que tendrán un coste para la población, especialmente para los sectores más vulnerables. En esta cuestión radica un desafío importante para Paz: si bien es entendible la necesidad de tomar medidas de austeridad como paso inicial para enrumbar la recuperación, el candidato del PDC llegó a la presidencia boliviana bajo promesas de protección social, en las cuales radica una parte importante de su legitimidad ante el electorado. Por lo pronto, el nuevo gobierno ya anunció una reducción del 30% en los gastos fiscales del año 2026. [4]

En cuanto a lo relacionado con el segundo eje del programa de gobierno, la conformación del modelo neoliberal requerirá de reformar un número importante de normas jurídicas para acabar con lo que Paz ha llamado el “Estado tranca”. Bajo criterios de rentabilidad y competencia, se promoverán disposiciones más laxas para las empresas con posibles retrocesos en materia de derechos laborales. Se espera la adopción de medidas para la creación de un clima favorable para las inversiones y las iniciativas privadas, así como para intentar regularizar buena parte de las actividades informales.

Rodrigo Paz buscará redactar nuevas leyes de hidrocarburo, litio y minería, que contendrían mayores concesiones al capital extranjero y la apertura de la posibilidad de involucrar a actores privados en estos sectores —ya en los meses previos a la elección se había permitido la importación privada de gasolina y diésel. Las propuestas comprenden eliminar el requisito que obliga al Estado boliviano a ser socio mayoritario en las asociaciones con las transnacionales para la gestión de los recursos naturales, lo cual significa una ruptura importante con 20 años de políticas nacionalistas aplicadas por el MAS. [5]

En lo referente al tercer eje de gobierno, el nuevo presidente apostaría por una redistribución del presupuesto nacional, que implique un manejo a partes iguales entre las autoridades centrales del Estado y las entidades subnacionales. Esta posible fórmula ha sido justificada bajo el argumento de dotar de mayores prerrogativas a los departamentos y provincias, que deberían “generar más economía” y encargarse de asuntos como la salud, la educación y la seguridad. [6] La medida, que responde a los deseos de autonomía de regiones como Santa Cruz, pudiera contribuir a una mayor eficiencia en la gestión de los recursos, pero requiere de lograr previamente la estabilización macroeconómica para su implementación y seguramente generará mayores diferencias entre los niveles de desarrollo de los departamentos del país.

Paz, en un esfuerzo por mostrarse cercano a los sectores populares, habló de mantener aspectos positivos de la gestión del MAS y se desligó de algunas propuestas de los otros candidatos de derecha en cuanto a la ejecución del ajuste. Un punto importante es que sostuvo que no pedirá empréstitos internacionales “en tanto no se ordene primero la economía”, una diferencia notable con respecto a Tuto Quiroga, quien proponía acceder a un empréstito de 12 000 millones de dólares del FMI. [7] También Paz resaltó por hablar de mejoras en el servicio de hospitales públicos, incluir la protección de los derechos de los pueblos indígenas en su visión de desarrollo de la minería y prometer que la eliminación del subsidio a los combustibles —que genera un gasto de 2 400 millones de dólares anuales para la economía boliviana— se hará de forma paulatina y segmentada. [8]

Se trata de una dimensión de reforma moderada y con determinadas continuidades con el masismo que habría sido clave para que sectores otrora favorables a la izquierda decidieran apoyar su candidatura. Resta por ver, no obstante, si el nuevo presidente honrará estos compromisos o solo se trató de una estrategia de campaña.

Junto a este programa, Paz tendrá ante sí el reto de encontrar una fuente de ingresos rápida, especialmente si desea cumplir su promesa de no recurrir a empréstitos internacionales de forma inmediata. Ante la realidad de que la industria gasífera boliviana no se encuentra en condiciones para generar los mismos flujos de divisas de hace diez años, el gobierno deberá buscar nuevas alternativas para sacar a Bolivia de la crisis una vez superado el impacto inicial del ajuste. Las soluciones a corto y mediano plazo pudieran encontrarse en la producción agropecuaria y la minería (zinc, plata y plomo), sectores en los cuales Paz ha llamado a fortalecer el marco legal para las inversiones y formalizar las actividades ilegales. [9]

El litio, con una reserva probada de 23 millones de toneladas en el salar de Uyuni, se encuentra todavía lejos de convertirse en el prometido motor económico del país altiplánico. Más de 15 años después de concebirse un proyecto de industrialización para extraer este mineral, Bolivia apenas produjo unas 2 000 toneladas en 2024 —que, debido a la bajada en los precios del producto, generaron ganancias por solamente 15 millones de dólares para el país en todo el año—, muy distante de los volúmenes de sus competidores en Australia (88 000 T), Chile (49 000 T) y Argentina (18 000 T). [10] En estos momentos, el país tiene contratos con dos empresas de China y Rusia para la explotación del litio boliviano, que no han sido aprobados por el Congreso para su activación debido a la parálisis legislativa durante la gestión de Arce. Si bien es posible que la adopción de una legislación más favorable para las transnacionales, como promete Paz, permita captar mayores inversiones en este sector, se estima que se necesitan al menos tres años para que la producción de este recurso logre el salto esperado. [11]

Desafíos a la gobernabilidad

Resulta evidente que el ajuste impactará con fuerza en los bolsillos de grandes sectores de la sociedad boliviana, por lo que el principal reto que se impone para el gobierno de Rodrigo Paz será mantener una gobernabilidad estable ante las presiones sociales y evitar un descenso significativo en sus niveles de aprobación. De acuerdo con sus promesas electorales, el nuevo mandatario debería aplicar determinadas políticas para compensar el impacto que tendrán los recortes y la privatización para los sectores más afectados.

Para asegurar la estabilidad en las calles, el gobierno de Paz deberá sostener una relación fluida con los movimientos y organizaciones sociales del país, conocidos por su capacidad de movilización y protagonismo acumulados durante el masismo. Los recortes del presupuesto público y la posible profundización del extractivismo pueden convertirse en puntos críticos en la vinculación con estos grupos.

En estas primeras semanas de gestión, sin embargo, se aprecia un relegamiento de los sectores populares. El nuevo gabinete no está integrado por ningún líder de organizaciones sindicales, campesinas o indígenas, rompiendo con una práctica de los gobiernos de Evo y Arce para manejar los conflictos sociales. Paz justificó esta decisión con la necesidad de nombrar ministros con un perfil más tecnocrático para encaminar la recuperación económica. “Algunos dirán, ¿dónde están los sectores? Durante 20 años se los representó. Yo quiero preguntar dónde están el gas y el litio”, declaró días antes de asumir el puesto. [12]

Por su parte, Rodrigo Paz también deberá hacer un despliegue de buenas habilidades para consensuar y encaminar sus propuestas, no solo con los movimientos sociales, sino con adversarios políticos. Al haber obtenido solamente el 39% de la Asamblea Legislativa, el líder del PDC tendrá que gestionarse el apoyo de las alianzas conservadores Libre (30%; Tuto Quiroga) y Unidad (20%; Samuel Doria Medina) para la aprobación de sus reformas. Aunque en teoría la derecha boliviana coincide en el grueso de las medidas a aplicar, este reparto de poder en el Congreso pudiera complejizar la gobernabilidad en caso de darse resultados negativos en el ajuste.

Se ha advertido incluso que uno de los principales desafíos para el mandatario proviene del propio Ejecutivo. Su vicepresidente Edman Lara es un expolicía que alcanzó reconocimiento en los últimos dos años tras ser despedido por sus denuncias a casos de corrupción dentro de dicha institución. La selección de esta figura, populista de derecha con un discurso combativo en favor de la justicia, como binomio electoral por parte de Paz, fue clave para el despegue de la candidatura centroderechista en las intenciones de voto. Sin embargo, los roces mostrados en campaña —Lara declaró que “si Rodrigo Paz no cumple, yo lo encaro”— [13] las diferencias programáticas y la sed de protagonismo de un vicepresidente que se ve a sí mismo con el respaldo popular suficiente para ser presidenciable permitían predecir que en esta frágil alianza podía producirse una de las primeras crisis políticas del nuevo gobierno.

En efecto. Apenas un mes después de la investidura, la relación entre ambos se encuentra rota. Lara ha acusado en redes sociales a Paz de plegarse a los intereses del “hombre más rico del país” —refiriéndose a Doria Medina— y asegura que ya no forma parte del gobierno. [14] Sin embargo, asegura que no renunciará a su puesto, que lo coloca como primera opción en caso de vacancia presidencial. En un contexto de crisis económica y con un ajuste que puede convertirse en un detonante social, será importante mantener la lupa sobre esta figura.

Reforma vs sectores sociales

La compleja situación económica de Bolivia indudablemente implicará que el nuevo gobierno deba tomar medidas de austeridad que, amén de los supuestos intentos de proteger a la población, tendrán un coste social determinado. Sin embargo, la crisis puede convertirse también en el pretexto ideal para plasmar retrocesos en materia de derechos sociales y laborales para el pueblo boliviano.

En este primer mes de gobierno, organizaciones obreras han alertado sobre el peligro de que se promuevan leyes de flexibilización laboral que vulneren algunos de los principales amparos de los trabajadores. En jornadas recientes ha circulado la noticia sobre una intención gubernamental de que los obreros de las corporaciones estatales YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) y ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), cuyo régimen laboral está contenido en la Ley General del Trabajo, sean traspasados a la Ley 2027 del Estatuto de Funcionario Público. [15] Esto implicaría restricciones sobre el derecho a la sindicalización, pérdida de beneficios sociales, debilitamiento de las estructuras gremiales en estos sectores y una mayor fragilidad de los obreros ante la posible privatización —parcial o total— de estas empresas. Todo ello estaría justificándose en criterios de transparencia, eficiencia y meritocracia.

Por su parte, en el Senado boliviano fue presentado un proyecto de ley que busca endurecer las penas de cárcel por participación en bloqueos de carreteras. [16] Este tipo de movilizaciones ha sido una práctica de resistencia utilizada para torpedear flujos de comercio y generar presión política. En los últimos años cobró una mayor relevancia al ser promovida por el evismo como una forma de oposición al gobierno de Arce en medio del conflicto a lo interno del MAS, y trajo consigo importantes pérdidas económicas. A pesar de ello, dicha legislación encierra una intención de contribuir a criminalizar la protesta social en un país tradicionalmente caracterizado por la capacidad de movilización de su clase obrera.

Es de notar también que algunas de las acciones del presidente dejan ver un desplazamiento de los componentes indígena y popular de la sociedad boliviana. En una investidura presidencial cargada de simbolismo, el nuevo gobierno retiró la whipala —el estandarte multicolor que representa a los pueblos originarios— de Palacio Quemado y de los emblemas institucionales, a la vez que reincorporó elementos católicos identificados con el período previo al ascenso del MAS. [17] A esto se suma la ya mencionada formación de un gabinete sin representación de los movimientos sociales por primera vez desde 2006, en un país donde el 38% de las personas se reconoce como quechua o aimara. [18] Todo ello, apoyado en un discurso de defenestración hacia dos décadas de “populismo” masista, marca una tendencia de desconocimiento oficial hacia las autonomías indígenas conquistadas por el Estado plurinacional, que puede profundizarse con el transcurso del actual gobierno.

De certificarse estas y otras medidas en tales áreas, estaríamos siendo testigos de que, junto al repliegue de lo público y el predominio de la lógica desreguladora, se estaría promoviendo un debilitamiento de los derechos alcanzados por aquellos sectores que pueden erigirse como una defensa activa contra el avance de la agenda neoliberal promovida por las élites económicas de Bolivia.

Timonazo en la arena internacional

Las primeras decisiones y declaraciones de Rodrigo Paz, algunas manifestadas incluso antes de su investidura, revelan con claridad que Bolivia estará dando un giro radical a su proyección internacional e inserción política en los diferentes esquemas de integración. En esencia, el país altiplánico modificará su posición antihegemónica, soberanista e identificada con los movimientos de izquierda en América Latina, para asumir una mayor convergencia con las posturas e intereses del bloque occidental y estrechar lazos con gobiernos derechistas en el área. Los imperativos económicos de su programa y el desconocimiento que el nuevo gobierno hace del legado progresista del masismo generarán cambios significativos en las relaciones con actores clave del escenario político regional e internacional.

Uno de los reajustes más radicales de la política exterior boliviana se estará realizando hacia Estados Unidos. La relación bilateral fue degradada en 2008, cuando Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg por acusaciones de injerencia en asuntos internos, y tales vínculos se mantuvieron congelados hasta finalizar el gobierno de Arce. Rodrigo Paz, en una de sus primeras acciones, restableció el máximo nivel de los vínculos bilaterales, en un acto que contó con la presencia del Subsecretario de Estado norteamericano Christopher Landau. [19]

Las relaciones con Washington estarán determinadas por la búsqueda de apoyos para las políticas económicas del nuevo gobierno boliviano y por intereses estadounidenses en materia de lucha contra el narcotráfico y seguridad regional. Paz realizó un tempranero viaje al país norteamericano unos días antes de asumir la presidencia, donde se habría reunido con funcionarios gubernamentales, empresarios y representantes de organismos internacionales para asegurar el aprovisionamiento energético de Bolivia y acceder a financiamientos. [20] Posteriormente anunció la eliminación del requisito de visado para la entrada de ciudadanos estadounidenses al país andino, en un esfuerzo por impulsar el turismo y los intercambios comerciales. [21]

También se hizo público el regreso de la DEA (Drug Enforcement Administration) a Bolivia próximamente, [22] decisión que ha sido fuertemente criticada por ser una puerta de entrada al militarismo estadounidense. El retorno de la agencia antinarcóticos, expulsada también en 2008, genera tensiones con sectores cocaleros, que evocan un pasado de violencia, represión y resultados negativos en el accionar de efectivos norteamericanos en la lucha contra el tráfico de drogas en el país entre los años 90 y 2000. [23]

Por su parte, otra acción que evidencia claramente el alineamiento ideológico de la nueva política exterior boliviana con Estados Unidos es el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, realizado en un momento marcado por la condena internacional a Tel Aviv por sus prácticas deshumanizadoras en Gaza. [24] Los vínculos oficiales con el país hebreo habían sido rotos por Evo en 2009, restablecidos por Jeanine Añez en 2020 y vueltos a interrumpir por Arce tras el comienzo de la actual ofensiva militar contra Palestina en octubre de 2023. Este acercamiento pudiera estar seguido de la firma de acuerdos en seguridad y entrenamiento militar entre ambas naciones, como ha venido ocurriendo en los últimos años con Ecuador tras el fin de su ciclo progresista.

En las relaciones con América Latina, Rodrigo Paz ha sido explícito en el cambio de perfil de la política exterior boliviana. En una de sus primeras alocuciones tras su victoria en la segunda vuelta electoral, el líder del PDC aseguró que “Bolivia tendrá relación con los países que tengan la democracia como principio” [25], sumándose al coro de voces que apuntan contra Cuba, Venezuela y Nicaragua: aliados político-ideológicos del masismo, a quienes excluyó de su investidura. Sus contactos con María Corina Machado y Rosa María Payá [26], figuras de las oposiciones a los procesos venezolano y cubano, pudieran marcar la tónica de sus relaciones con los miembros del ALBA, foro del cual el actual gobierno boliviano ha sido suspendido [27].

Por su parte, la retórica reaccionaria de Paz hace prever que su ruptura con la proyección exterior del MAS no se limita al término de su integración política con las izquierdas latinoamericanas, sino que confluirá con las posiciones y el discurso liberal hegemónico de los gobiernos conservadores, actualmente en auge en la región.

En las relaciones con Rusia y China, actores extrarregionales iliberales más identificados con las políticas contrahegemónicas del masismo, el nuevo presidente boliviano antepone de forma conveniente los intereses económicos de su proyecto. “La ideología no da de comer”, señaló en referencia a Pekín, abogando por mantener la cooperación con cualquier actor que genere beneficios para la economía del país altiplánico. [28] No obstante, anunció una revisión de los contratos y concesiones en los sectores minero y energético, que pudiera significar que el gobierno otorgará prioridad a los capitales occidentales sobre las empresas chinas y rusas en la explotación de recursos como el litio.

Por último, quizás uno de los aspectos más novedosos de sus primeras movidas diplomáticas es la posibilidad de reconstruir las relaciones con Chile, rotas oficialmente desde 1978 por la demanda histórica de Bolivia de recuperar su salida al mar. La presencia de Gabriel Boric en la toma presidencial de Rodrigo Paz y el saludo entre ambos indican una voluntad de continuar con la agenda concebida en 2022 para normalizar los vínculos bilaterales. [29]

Citas bibliográficas