Migración y cárcel es: ¿modernidad o neofascismo?

Crédito: Houston Chronicle/Hearst Newspap

La vida humana ha sido sometida históricamente a períodos de internamiento en cárceles con características diversas. Punir la comisión de un delito cualificado como penal, económico o político provocó métodos aplicados contra los prisioneros, sin que siempre mediara un juicio justo y equilibrado para adoptar la extensión de la sanción, ni las condiciones determinadas impuestas contra el prisionero.

Espectadores en todas las latitudes se percatan de que no siempre los reos han sido acusados bajo la imputación de cargos reales, como también presencian que, con bastante frecuencia, son exoneradas en las cortes, aquellas personas protegidas debido a su desbordado peculio y riqueza, al nivel de sus relaciones públicas o quienes ejercen elevadas funciones políticas en su país.

Un apresurado recuento sobre el trayecto de las cárceles y la actuación de los carceleros retrotrae a aquellos siglos cuando, en fastuosos palacios y castillos medievales internaban y torturaban a los acusados por la Inquisición, o constreñían a los reclusos en islotes, cayos o posesiones de ultramar. Al pasar los años, la francesa Isla del Diablo, la estadounidense Alcatraz, los campos de exterminio nazis en Buchenwald, Auschwitz o Mathausen; la Mecánica en Argentina y el estadio de Santiago de Chile devinieron en “modelos modernos” de cárceles sui generis, adaptadas según la predilección gubernamental.

Insatisfechos los captores y carceleros (porque escasearon los juicios requeridos para dictar las sanciones), las “novedosas” cárceles, readaptadas, ampliadas o modificadas se diversificaron y ampliaron desde el primer decenio del siglo XXI. Por ejemplo: se instalaron los eufemísticos centros de detención, desde que se desató la cruzada contra el terrorismo, ubicados en Bagram, Abu Ghraib y Diego García, hasta que Washington decidió el “traslado” de los prisioneros ilegales para el ilegal centro de detención en la ilegal base estadounidense en Guantánamo.

El uso del vocablo ilegal no es redundante. Su excesivo empleo responde a las contradicciones entre lo regulado jurídicamente y la “moderna” transformación de las cárceles. Tampoco resulta lógica la deshumanización de la palabra traslado, que oculta la acción de un secuestro, prohibido por convenciones y documentos refrendados por la comunidad internacional.

Puede colegirse que en contraste con la acelerada judicialización en varios países (primordialmente latinoamericanos, como Paraguay, Argentina, Brasil y Ecuador), se repite la anomalía de que un mandatario aspirante a la reelección es acusado, pero se le exonera de cargos por la comisión de delitos penales o económicos cuando se trata de un multimillonario. Entonces todo se resuelve con multas pagadas por su abultado bolsillo. En el primer caso se hallan Fernando Lugo, los presidentes Luz Inacio Lula da Silva, Cristina Fernández, Jorge Glas, y Luisa González, entre otros.

Y a la manera del viejo oeste o de las frecuentes dictaduras latinoamericanas del pasado siglo, cuando todas las evidencias en la Corte Penal Internacional condenan a un presidente (incluso por contribuir o acometer genocidio), el culpable acude a la fórmula de contratacar a los jueces.[1]

[1] Al estilo de “Yo el supremo”, obra emblemática del paraguayo Augusto Roa Bastos.