Honduras celebrará elecciones generales el próximo 30 de noviembre, las cuales se realizan cada 4 años. El sistema electoral del país no permite la reelección —está prohibida por la Constitución— ni existe una segunda vuelta. En los comicios que se avecinan, el pueblo hondureño escogerá al presidente de la República, tres designados presidenciales —vicepresidentes— 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso, autoridades de 298 municipios y 20 representantes en el PARLACEN. Hay 6, 5 millones de hondureños habilitados para el sufragio, 399 000 que votarán en los Estados Unidos y 800 000 jóvenes que votarán por primera vez, por lo que el sector juvenil es relevante.[1]

Honduras es un país que, en las últimas décadas, padeció de problemas que se volvieron estructurales y han sido señalados por las fuerzas políticas —tanto de izquierda, como de derecha— los medios de comunicación, diversos analistas nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales. Entre los mismos, se encuentran: Crisis económicas; pobreza; desigualdad; desempleo; inseguridad ciudadana producto del crimen organizado; altos niveles de corrupción; narcotráfico; brecha en la igualdad de género; contaminación ambiental; deforestación; dificultades energéticas y un crecimiento económico que no se refleja —concentración de la riqueza— en la magnitud requerida, en la mejoría del nivel de vida de la población.

La red institucional hondureña no es ajena a dichos males, los cuales la debilitan y dificultan la puesta en práctica, desde el Gobierno, de transformaciones concebidas con visión de mediano y largo plazo, que partan de un análisis general e integrador de la sociedad. Hablamos de una concepción que incluya la totalidad de los problemas y cómo los mismos se retroalimentan entre sí, pues es difícil eliminar el crimen organizado, el desempleo y la pobreza, si la corrupción sigue arraigada en las esferas política y económica.

Asimismo, tampoco es tarea fácil elevar el nivel de vida de la mayor parte de la población si se tiene que lidiar con una alta concentración de la riqueza, o dotar de la relevancia requerida a la protección ambiental, cuando la propia inseguridad afecta a los activistas que luchan por el medio ambiente, y los ciudadanos enfrentan problemas para acceder a una educación y salud de calidad.

Con respecto a la historia electoral del país, hay que tener en cuenta que Honduras ha atravesado por varios procesos electorales inestables. Recordemos que, en el 2009, el expresidente Manuel Zelaya fue víctima de un golpe de Estado por tratar de instalar una Asamblea Nacional Constituyente y acercarse a gobiernos de izquierda como Cuba y Venezuela.

Unido a ello, en 2017, Juan Orlando Hernández, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico, presidente del país y candidato presidencial del Partido Nacional (PN), impuso su reelección en unos comicios empañados por irregularidades vinculadas al comportamiento de los votos. En aquel momento, incluso Salvador Nasralla, candidato presidencial por el partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre), como parte de una coalición —el mismo Libre en el que milita la presidenta Xiomara Castro— y actualmente candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), afirmó que el PN orquestó un fraude.

Los escenarios posteriores al golpe de Estado de 2009, y a la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández en el 2017, fueron convulsos, caracterizados por manifestaciones de las fuerzas políticas opositoras y la población para denunciar estos hechos. En ambos casos, hubo represión contra los manifestantes, varios muertos y heridos. Por tanto, para analizar los procesos electorales en Honduras, se debe tener en cuenta que la población ha desarrollado desconfianza hacia las instituciones electorales, un fenómeno que, hasta el momento, no ha podido ser revertido del todo.

En esta desconfianza influyen las empresas encuestadoras, cuyos datos contradictorios y poco objetivos, sugieren análisis parcializados con los partidos políticos, contribuyendo a sembrar confusión. Por ejemplo, según Dato World, en mayo, Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, lideraba la intención de voto con 31, 1%, seguido por Rixi Moncada, candidata oficialista del Gobierno de Libre, con 29% y el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 29, 8%, pero la diferencia entre los tres contendientes era muy estrecha y apuntaba a un empate técnico.

Métricas Encuestas, en agosto, daba como ganador a Nasry Asfura, del Partido Nacional, con un 36, 33% en la intención de voto, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 31, 95%, mientras que un 30, 83% era para Rixi Moncada, candidata oficialista de Libre —aquí, la diferencia de votos entre los aspirantes tampoco es grande—. Pero Opinómetro, en julio, otorgada un 32, 9% a Moncada, frente a un 21, 94% para Nasralla y 16, 75% para Asfura.

La firma internacional Tracking, en agosto, daba a Asfura, del PN, un 34%; le seguía Nasralla, del PL, con 31% y Rixi Moncada de Libre, con 18%. Por otro lado, Paradigma ponía en primer lugar a Nasralla, con 28%, luego Asfura, con 25% y Moncada en tercer lugar, con 14%.

Según una encuesta de Demoscopia efectuada en octubre, Nasralla, del Partido Liberal, tendría más opciones de triunfo, con 31, 6%, seguido por Asfura, del Partido Nacional, con 28, 6%, lo que dejaría a Moncada, de Libre, en un distante tercer lugar, con 18, 9 %. Además, habría un 11% de indecisos.

A finales de septiembre, Gallup, como DatoWorld, presentaba cifras que apuntaban a que los tres candidatos estaban en un empate técnico, pues Nasralla alcanzaba un 27%, Moncada un 26% y Asfura un 24%.

TResearch, por su parte, que ha actualizado la perspectiva de intención de voto periódicamente, daba como ganadora a Moncada con 44%, luego Nasralla, con 30% y Asfura, con 18% —cabe mencionar que, en las presidenciales del 2021, las predicciones de TResearch se acercaron bastante a los resultados finales—. Los datos presentados anteriormente, lejos de generar certeza en la población, fomentan la duda acerca de la validez de los resultados de la contienda electoral. Este elemento, junto a las múltiples denuncias de fraude que tienen lugar, podrían favorecer un escenario poselectoral inestable, similar a aquellos que ya vivió el país tras elecciones pasadas.

Desde el punto de vista político, la sociedad hondureña está polarizada y el liderazgo de los partidos que contienden por alcanzar el poder se ha fragmentado. La propia llegada de Libre al Gobierno, con su candidata Xiomara Castro, representó, además de un triunfo importante de las fuerzas de izquierda en la región, una ruptura con más de un siglo de bipartidismo político. Antes de Libre, los partidos Nacional y Liberal se alternaban en el poder, acompañados de otras fuerzas políticas tradicionales de menor peso.

Pero el escenario actual podría dar lugar, como ya sucedió tras los comicios del 2021, a un Congreso Nacional dividido entre las principales fuerzas políticas, donde ninguna posea la mayoría y se dificulte la gestión del partido gobernante. Nótese que, actualmente, en el Congreso Nacional, Libertad y Refundación tiene 47 diputados —de ellos, 43 son de Libre, uno del Partido Anticorrupción, dos del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata y uno del Partido Demócrata Cristiano— el Partido Nacional cuenta con 43 y el Partido Liberal tiene 35 —como independientes, hay tres diputados del Partido Salvador—.

La presidenta Xiomara Castro y la candidata oficialista Rixi Moncada han denunciado que la oposición se prepara para cometer fraude e impedir que Libre siga profundizando, desde el Gobierno, en las transformaciones que requiere la sociedad hondureña. En el marco de la campaña electoral, Johel Zelaya, fiscal general del Estado, difundió audios según los cuales, Cossette López, consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE) y miembro del Partido Nacional, un diputado del mismo partido y un militar activo —con el apoyo de una Embajada que, supuestamente, es la de EE. UU.—, fraguaban un plan para alterar los resultados de los comicios. Las grabaciones fueron entregadas por Marlon Ochoa, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral por el partido Libre. La oposición niega la autenticidad de los audios.[2]

Es importante tener en cuenta que, en el Consejo Nacional Electoral (CNE), están representadas las tres fuerzas políticas principales del país (Libre, Partido Nacional y Partido Liberal), lo cual dificulta su funcionamiento debido a las pugnas internas. En las primarias de marzo, hubo problemas logísticos, como la tardanza para entregar el material electoral, la demora en el proceso para emitir el voto y la repetición de la votación en dos centros días después. Ello generó un enfrentamiento público entre los tres consejeros del CNE, debilitando la credibilidad de dicha institución. Además, la abstención fue de casi un 57%, por lo que también existe apatía ciudadana.

El día 9 del presente mes de noviembre, Honduras realizó el simulacro del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el mismo terminó con resultados fallidos. El Gobierno afirmó que el hecho constituye una prueba más de la conspiración contra los comicios que se fragua desde las instituciones electorales. El complot para cometer fraude incluiría la manipulación de material electoral, como el transporte de votos, el saboteo de la conectividad satelital y del TREP. Para alcanzar su objetivo, la oposición estaría impulsando la contratación de empresas fachada para alterar los resultados a través del TREP.

En el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) también hay contradicciones, pues los tres magistrados representan a Libre, al Partido Nacional y al Partido Liberal y el Congreso Nacional no está sesionando.[3] Tras la clausura de sesiones ordinarias de la VI Legislatura del Congreso, quedó pendiente de aprobación el presupuesto del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), que son importantes para garantizar la fiscalización y legalidad de los comicios.

La junta directiva del Congreso está controlada por Libre, pero no posee mayoría en la propia asamblea. Está establecido que, si no existe un ganador indiscutible en las elecciones, el Congreso Nacional tiene la potestad de nombrar uno. Sin embargo, como ya se dijo, dicha institución no está sesionando y el Gobierno creó una Comisión Permanente que funciona como un órgano legislativo. A pesar de que el Gobierno ha asegurado que la Comisión Permanente no está facultada para aprobar leyes, presupuestos, ni decidir elecciones, la oposición insiste en que la creación de dicha comisión responde a un intento de Libre por anular los comicios generales.

A fines de noviembre y faltando pocos días para las elecciones, Cossette López, consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE) y miembro del Partido Nacional y Mario Flores Urrutia, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) e integrante del mismo partido, denunciaron ante la OEA un patrón de asedio institucional por parte del Gobierno de Libre. Según los representantes de la oposición, dichas arbitrariedades comprometen la independencia de los órganos responsables del proceso electoral, poniendo en riesgo la estabilidad democrática.[4]

Por otra parte, Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, afirmó que garantizarán el desarrollo de elecciones limpias y transparentes y solicitó al CNE que, el día de los comicios, entregue a la institución castrense una copia de las actas de las juntas receptoras de votos. Esta petición ha sido rechazada por diversos sectores, como los consejeros del CNE de los partidos Nacional y Liberal y organizaciones no gubernamentales. Ana Paola Hall, miembro del Partido Liberal y consejera presidenta del CNE, calificó la solicitud de las fuerzas armadas como injerencista.

Tras las denuncias de los planes de golpe electoral de la oposición por parte del Gobierno de Xiomara Castro y las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Honduras, llamó a celebrar elecciones en paz y tranquilidad. Unido a ello, a principios de noviembre, Transparencia Internacional llamó a la transparencia y estabilidad en los comicios hondureños, expresando su preocupación por la inestabilidad política en el país. En su declaración, rechazó cualquier intento de socavar las instituciones democráticas, y llamó a los organismos electorales, y a las fuerzas políticas, a trabajar para garantizar la democracia.

La Iglesia Católica, por su parte, señaló que la polarización podría llevar al país a la ingobernabilidad.

¿Quiénes son los tres candidatos más fuertes que contienden por la presidencia de la República?

En primer lugar, tenemos a Rixi Moncada, candidata del partido de Gobierno Libertad y Refundación (Libre), quien posee una larga y meritoria trayectoria hacia lo interno de la organización política y las instituciones públicas. Es abogada y fue cofundadora de Libre, secretaria en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en el Gobierno de Manuel Zelaya, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ministra de Finanzas, consejera y presidenta del CNE, secretaria de Finanzas y secretaria de Defensa Nacional. Ha expresado su admiración por Fidel Castro y la Revolución Cubana.

Su propuesta consiste en seguir impulsando la refundación del país, profundizando en las transformaciones llevadas a cabo por la presidenta Xiomara Castro. Los ejes principales de su plan de gobierno son: Reformar el sistema judicial; rescatar a las empresas estatales; aprobar la Ley de Justicia Tributaria —para que los grandes empresarios sean quienes más contribuyan con los impuestos—; construcción de infraestructura hospitalaria y educativa; democratizar la economía —hoy, la riqueza está concentrada en 25 grupos económicos y 10 familias—; luchar contra la corrupción; contra el narcotráfico; combatir el desempleo; fortalecer la seguridad social, entre otras propuestas. [5]

Como se dijo, dicho plan de gobierno daría continuidad al programa concebido por Libre, con Xiomara Castro al frente, quien ha debido enfrentar los obstáculos y el saboteo implementados por el poder económico, así como por las cúpulas de los partidos Nacional y Liberal. Libre heredó los problemas creados o acrecentados por los gobiernos del bipartidismo tradicional, los cuales han echado raíces en Honduras y fueron mencionados anteriormente.

La presidenta Xiomara Castro ha logrado progresos en los sectores de la salud y la educación —construcción de hospitales y reconstrucción de escuelas, campaña de alimentación en el 97% de los centros educativos—, así como en la construcción y renovación de centros deportivos; alcanzó avances en las políticas de paridad de género —aunque analistas y defensores de los derechos de la mujer y la niñez afirman que queda mucho por hacer—; en el combate contra la corrupción, la disminución de la emigración, la protección del medio ambiente y la optimización de la infraestructura (como el asfaltado de calles); implementó un subsidio eléctrico para familias pobres, rebajas al precio del galón de combustible y bonos ganaderos para impulsar la producción agrícola; además, estableció relaciones con China, entre otros logros.

Por otro lado, las críticas hacia su gestión sostienen que no se han aplicado las medidas económicas requeridas en el momento adecuado, y que, al igual que ha sucedido con otros gobiernos, las secretarías —ministerios— dirigidas por Libre se han enfocado en la agenda partidista, en vez de trabajar con una visión de país. Plantean que Libre realizó promesas populistas que derivaron en una agenda de Gobierno ambiciosa, pero poco susceptible de ser llevada a la práctica en cuatro años. Añaden que Libre ha tenido dificultades para reducir la violencia, la criminalidad y el narcotráfico, a pesar de que se declaró un estado de excepción y que no logró instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

El candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, es empresario de la construcción, fue diputado y luego alcalde del Distrito Central, donde se encuentra la capital del país. Fue candidato presidencial en los comicios anteriores. Propone mejorar la economía, fortalecer la salud comunitaria, invertir en educación, generar nuevos empleos, fortalecer la seguridad ciudadana y la justicia, haciendo hincapié en la lucha contra la corrupción. Además, alega que Honduras puede reducir su dependencia de las importaciones agroalimentarias, implementado medidas para estimular la producción agrícola y ganadera. Hay que señalar que el candidato del PN carga con los antecedentes de corrupción y vínculos con el narcotráfico de los gobiernos del expresidente Juan Orlando Hernández, quien se encuentra preso en los Estados Unidos.

En una entrevista que ofreció a Infobae en julio, afirmó estar preocupado por la posible influencia de Cuba, Venezuela, Rusia y China en la campaña electoral y las elecciones generales, asegurando que el Gobierno Libre está alineado con la agenda geopolítica de Xi Jinping y Vladimir Putin. Con respecto a su postura hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua, aseguró que “respeta a la democracia, la inversión privada, la propiedad y los derechos humanos. No comparto nada con los tres regímenes (…)”.[6]

Declaró que su agenda internacional está relacionada con la política exterior de Estados Unidos, Israel y Taiwán, por lo que teniendo en cuenta este elemento y los anteriores, es previsible que se replantee los vínculos con China.

En cuanto al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se graduó de ingeniería industrial y es un popular presentador de televisión y comentarista deportivo. Fue candidato presidencial en las elecciones del 2013 por el Partido Anticorrupción (PAC), en los comicios del 2017, por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, integrada por Libre y el Partido Innovación y Unidad (PINU-SD), y en el 2021, cuando fundó el Partido Salvador de Honduras —nótese que lleva su nombre— pero renunció y se postuló como candidato a primer designado presidencial (primer vicepresidente) por Libre, con la candidata presidencial triunfadora, Xiomara Castro.

Se le describe como una figura popular, pero con una personalidad y proyección política contradictorias y erráticas. Simpatiza con las propuestas libertarias de derecha, como la del presidente Javier Milei, en Argentina, y la de Donald Trump, en EE. UU. Los sectores que lo apoyan esperan que se acerque a los EE. UU. y que se replantee la relación con China, retomando los vínculos con Taiwán. Nasralla ha culpado directamente a Libre de que Honduras fuera excluida del proceso de negociación de aranceles con Estados Unidos, debido a las relaciones del Gobierno de Xiomara Castro con China, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Prometió que, desde el primer día de su gobierno, impulsará un proceso de negociación arancelaria con el Gobierno de Trump y que romperá vínculos con Venezuela, pues reconoce el triunfo del candidato de la oposición venezolana en el 2024.

En una entrevista, el 21 de noviembre, refiriéndose a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, declaró que “su sistema de seguridad logró resolver el problema de inseguridad en El Salvador (…) muchas de las cosas que él implemento (…) se pueden implementar en Honduras (…)”. [7]

Se propone, además, luchar contra la corrupción, modernizar el Estado, mejorar la salud y la educación, racionalizar y transparentar el gasto público, fortalecer la inversión en la agricultura para generar empleo en el campo y elevar la producción, entre otras propuestas. Se presenta como un outsider y dice rechazar a la clase política.

¿Qué papel desempeña Estados Unidos en este tablero de ajedrez?

El 10 de noviembre, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, aprobó el proyecto de ley impulsado por María Elvira Salazar, congresista republicana por La Florida, llamado: ‘’Ley para la Protección de la Democracia Hondureña’’. Dicha ley persigue la supervisión de los venideros comicios hondureños, y la propia Salazar declaró que, entre las prioridades legislativas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, la más alta es la relacionada con las elecciones en Honduras. [8]

El candidato designado a presidencial por Libre y excanciller, Enrique Reina, tildó de injerencia de EE. UU. la Ley de Protección de la Democracia Hondureña, que busca garantizar la supervisión estadounidense de las elecciones del 30 de noviembre en Honduras, para prevenir el fraude de los Zelayas. Reina afirmó que el verdadero propósito es intervenir en las decisiones del CNE y favorecer al bipartidismo tradicional.[9]

En septiembre, Salvador Nasralla viajó a EE. UU. y se reunió con María Elvira Salazar y otros congresistas demócratas y republicanos. Según publicó el mismo candidato en X, dialogaron sobre temas como el Estatus de Protección Temporal (TSP) para los hondureños en EE. UU. y el apoyo a la democracia en las elecciones. Aseguró también que sostuvo reuniones de trabajo secretas con congresistas demócratas y republicanos.

Nasralla, además, viajó a España, donde conversó con Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, sobre las relaciones bilaterales y la cooperación democrática. Se reunió, además, con empresarios, inversores e instituciones financieras. Enrique Reina, excanciller de Honduras y candidato a designado presidencial por Libre, afirmó que Nasralla no puede representar al Estado hondureño, ni establecer compromisos en su nombre. Estamos en presencia, entonces, de un candidato presidencial que siente que ya ganó las elecciones y es presidente. Pero, más importante aún, estamos viendo a un candidato presidencial que, en caso de perder en los comicios, no está mostrando disposición alguna para reconocer la derrota.

Teniendo en cuenta dichos elementos, Salvador Nasralla parece ser la carta a la que le está apostando Estados Unidos, cuyo gobierno ha mostrado una agresividad cada vez más marcada hacia América Latina. La proyección discursiva y política que Nasralla ha mostrado está acorde con el estilo de gobiernos como los de Trump, Milei e incluso Bolsonaro, en Brasil, quienes se presentan como outsiders o políticos antisistema. Sin embargo, ni Trump, ni Milei, han hecho intento alguno por implementar transformaciones profundas en sus países, mostrándose, una vez en el poder, como conservadores que defienden los valores más tradicionales del establishment.

Resulta interesante que los mismos políticos que mientras estaban en campaña electoral, se mostraban como un elemento incómodo y de ruptura para el sistema, una vez en el poder, se comporten como autoritarios y representantes de la extrema derecha. Porque, si de cambiar las cosas en una sociedad se trata, entonces hay que transformar estructuras económicas y políticas que yacen en la propia base de la misma.

El surgimiento de discursos y comportamientos de ruptura responde a un agotamiento de las clases políticas tradicionales de los sistemas. Pero, las palabras y actitudes indisciplinadas que aparentan sacudir esquemas, teniendo poca o ninguna influencia real en los mecanismos esenciales que rigen una sociedad determinada y el orden internacional, se convierten en puro maquillaje. Luego, esta forma de hacer política respondería a la vieja idea de cambiarlo todo, para que todo se mantenga igual.

El 11 de noviembre, los candidatos presidenciales Salvador Nasralla, del Partido Liberal, Nasry Asfura, del Partido Nacional y Mario Rivera, del Partido Democracia Cristiana —una de las propuestas de este último, es que Honduras se anexe a EE. UU. para combatir la corrupción y mejorar la economía— junto a Mario Pacheco, exjefe de las Fuerzas Armadas y coordinador de la ONG Defensores de Honduras, firmaron un acuerdo para defender el voto en los comicios venideros. Alegaron que no aceptamos gobiernos que se vengan a meter en el derecho que la gente tiene de decidir por quién votar, acusando de planes de fraude, una vez más, a la administración de Xiomara Castro.[10]

¿Qué escenarios electoral y poselectoral se pueden prever?

De esta manera, el escenario que se presenta antes de las elecciones muestra varias fuerzas políticas en conflicto y una institucionalidad que no es lo suficientemente sólida para generar confianza entre el electorado. Entre los escenarios que pueden derivarse de uno u otro resultado electoral, ninguno parece ser garantía de plena estabilidad, pues de triunfar el Gobierno, la oposición cuenta con un discurso que ha venido construyendo, según el cual, Libre habría impedido el triunfo de la democracia para aferrarse al poder. Adicionalmente, si llegase a ganar la oposición, pesarían sobre sus hombros las denuncias de planes de fraude realizadas por el Gobierno, quien ha presentado pruebas concretas de un complot para alterar el resultado de los comicios.

Otro elemento que puede añadir complejidad al escenario poselectoral es que el candidato ganador cuente con un margen de votos demasiado estrecho, lo cual contribuiría a reforzar las denuncias de fraude de una y otra parte. Teniendo en cuenta la historia electoral reciente del país, si alguna de las fuerzas políticas denuncia que se cometió un fraude y no existe un triunfador con una ventaja clara, pueden surgir manifestaciones en las que los principales partidos traten de demostrar su victoria sobre la base de su capacidad de movilización en las calles.

Sería lógico esperar, también, que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) –que tiene previsto el despliegue de 120 observadores para los comicios— y países como Estados Unidos, se pronuncien al respecto.

Por otra parte, el Congreso Nacional no está sesionando y la oposición Nacional y Liberal no reconoce a la Comisión Permanente creada por el Gobierno, por lo que es poco probable que el Congreso, o alguna estructura derivada del mismo, puedan actuar como árbitros en los comicios. También existe la posibilidad de que se pretenda situar la decisión de quién ha sido el ganador en organismos internacionales como la OEA, lo cual no estaría exento de polémica —la historia ha demostrado que la OEA solo defiende la democracia cuando beneficia a EE. UU.— y aceptar dicha mediación sería una decisión difícil para el Gobierno de Libre. En una situación como la que se describe, también es de esperar que los países de la región adopten posiciones en dependencia de su carácter político-ideológico e intereses económicos, en lo cual tendría influencia la postura de EE. UU.

Sin embargo, no puede descartarse un escenario en el que uno de los tres partidos políticos principales aventaje claramente a los demás, lo que, sin dudas, favorecería la estabilidad poselectoral que tanto necesita el país.

Aun cuando no ha podido cumplir con todas las promesas de la campaña electoral, el Gobierno de Libertad y Refundación (Libre), con Xiomara Castro al frente, ha implementado transformaciones importantes para el país. Solo ha estado en el Gobierno 4 años, mientras que el bipartidismo tradicional, representado por el Partido Nacional y el Partido Liberal, gobernó Honduras durante décadas. Por ello, Libre necesita más tiempo para poner en práctica su agenda de gobierno, que incluye, como se dijo, propuestas ambiciosas para ordenar la institucionalidad del país, combatir la corrupción, el crimen organizado, elevar el nivel de vida de los ciudadanos hondureños, entre otras.   

Honduras irá a elecciones generales el próximo 30 de noviembre. El pueblo hondureño está llamado a decidir si retorna al sendero del bipartidismo tradicional, o sigue apostando por Libre, una fuerza política progresista cuyo potencial transformador todavía no ha sido desplegado en toda su extensión.

Bibliografía

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@larazon_es (2025). La exitosa visita a Madrid de Salvador Nasralla, candidato presidencial hondureño, gracias a la Coalición Patriótica de Honduras liderada por Sasán Funes. Disponible en: https://www.larazon.es/internacional/america/exitosa-visita-madrid-salvador-nasralla-candidato-presidencial-hondureno-gracias-coalicion-patriotica-honduras-liderada-sasan-funes_2025102268f8cf165ddd5447a1bf0887.html

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[1] La Tribuna (2025). 800 000 jóvenes votarán por primera vez en las elecciones generales de noviembre; y Canal 8 (2025). CNE oficializa padrón electoral con 6, 5 millones de votantes y confirma voto para 399 000 hondureños en EE. UU.

[2] teleSUR: idg-JB (2025). Honduras: consejero del CNE denuncia que conspiración electoral sigue en curso; y teleSUR: JB (2025). Gobierno de Honduras denuncia conspiración para ejecutar un golpe electoral.  

[3] Chambasis Lesly (2025). Cossette López y Mario Flores denuncian ante la OEA un patrón de asedio institucional.

[4] Ibid.

[5] Donaire, Clarissa (2025). Diálogos Políticos: candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, presentó su plan de gobierno en la UNAH.

[6] Lejtman, Román (2025). Nasry Asfura, candidato presidencial de Honduras: “Nosotros estamos listos para defender la democracia”.

[7] Pérez, Angélica (2025). Nasralla: “Si Estados Unidos decide quitarnos la comida o las remesas, Honduras desaparece del mapa”. Radio Francia Internacional.  

[8] Press Release (2025). La representante María Salazar presenta proyecto de ley para proteger la democracia hondureña; Ardon Sharon (2025). Congresistas de Estados Unidos presionan por elecciones transparentes en Honduras; Proceso Digital (2025). Comité de Asuntos Exteriores de EE.UU. busca supervisar elecciones para prevenir el fraude de los Zelaya: Congresista Salazar.

[9] Proceso Digital (2025). Excanciller califica de injerencia en proceso eleccionario la ley propuesta por congresista María Elvira Salazar.

[10] américaeconómica.com (2025). La oposición hondureña busca un frente común ante las elecciones generales; nl/hmacandida, (2025). Los candidatos opositores acuerdan “defender el voto” ante la incertidumbre de las elecciones en Honduras.