La coartada de la lucha antinarcóticos y el monroísmo renovado: qué revela el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

Imagen tomada de Prensa Latina

La reciente exhibición de buques y efectivos militares estadounidenses en el Mar Caribe ha captado buena parte de la atención pública en estos últimos dos meses. Bajo el supuesto de una amplificación de los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos ha desplegado un arsenal militar frente a las costas venezolanas que no se ajusta con la realización de operaciones de este tipo. Tales acciones han estado acompañadas de un aumento de la retórica belicista hacia Venezuela y sus líderes, lo que ha generado un incremento inusitado de las tensiones entre ambos países con la posibilidad de producirse un conflicto armado.

La situación actual es fruto de una escalada de decisiones tomadas por el gobierno de Donald Trump que han aumentado la presión sobre el gobierno bolivariano. El pasado 8 de agosto se conoció que el presidente estadounidense había firmado en secreto una orden ejecutiva al Pentágono en la que se autorizaba el uso de fuerza militar para “combatir” a cárteles de droga latinoamericanos. Esta medida es especialmente relevante por dos motivos: con ella se produce un aumento extraordinario de las prerrogativas que se ha adjudicado el propio Ejecutivo norteamericano para hacer uso de sus capacidades militares en América Latina y el Caribe; y constituye una amenaza aún mayor hacia el gobierno venezolano, debido a las acusaciones que pesan sobre él por supuestos vínculos con el narcotráfico.

A pesar de que Washington intenta revestir su despliegue como un esfuerzo ampliado dentro de su cruzada contra el tráfico de drogas, las características de los equipos militares y el número de efectivos indican objetivos más amplios. Desde la segunda quincena de agosto, Estados Unidos ha estacionado unos 4 500 infantes de marina en ocho buques de guerra de la Armada —destructores, portahelicópteros y cruceros con misiles guiados—, un submarino de ataque nuclear y aviones de reconocimiento y vigilancia P8 Poseidon. Además, ha posicionado una cantidad similar de efectivos en una base recientemente reactivada en Puerto Rico, con aviones de combate F-35 y buques de reabastecimiento. Expertos señalan que esta concentración de fuerzas militares no solo resulta excesiva, sino también ineficaz para cumplir con operaciones que tradicionalmente realiza la Guardia Costera estadounidense. Con ello se revela, más bien, un trasfondo meramente político en estas acciones.

Tras este posicionamiento militar, la escalada se ha desarrollado de la siguiente manera:

• Desde el 2 de septiembre hasta el 3 de noviembre, se conoce que los misiles estadounidenses han eliminado al menos a nueve pequeñas embarcaciones en el Mar Caribe, supuestamente de transporte de cocaína o fentanilo, con unas 41 personas de nacionalidad venezolana, colombiana, trinitaria o ecuatoriana. A ello se suma la liquidación de otros seis botes en el Océano Pacífico bajo el mismo argumento, que elevarían a 62 el número total de muertos en estas operaciones. [1]
• Según expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, estos ataques contravienen las legislaciones del Derecho Internacional del Mar y violan la soberanía de Venezuela, ya que parten de una aplicación desmedida, arbitraria y unilateral de la fuerza en una zona contigua a la jurisdicción de otra nación. Incluso si se apoyaran en pruebas fehacientes que demuestren la implicación de esos botes con el narcotráfico —lo cual en algunos casos no ha quedado claro—, estas acciones no se corresponden con el principio de “legítima defensa”, al no representar un peligro real para la seguridad nacional de Estados Unidos. [2]
• Los ataques contra las embarcaciones produjeron tensiones entre Washington y el presidente Gustavo Petro, quien denunció que uno de los ejecutados se trataba de un pescador colombiano sin ningún tipo de relación con el crimen organizado. Las disputas verbales entre ambos mandatarios derivaron en que la Casa Blanca “descertificara” a Colombia en la lucha contra las drogas, le retirara su ayuda económica y estableciera sanciones personales contra Petro. [3]
• El 6 de octubre se conoció que Estados Unidos había suprimido cualquier tipo de comunicación bilateral con Venezuela, como la sostenida por intermedio del enviado especial Richard Grenell. [4] En días posteriores, el propio Donald Trump declaró haber autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas contra Nicolás Maduro en territorio venezolano. [5]
• A mediados de octubre, se detectó un sobrevuelo de dos bombarderos B-52 justo en los límites del espacio aéreo venezolano. [6] Posteriormente, el día 25, el secretario de defensa, Pete Hegseth, ordenó el desplazamiento del portaviones USS Gerald R. Ford y unos nuevos tres destructores a la zona del Caribe donde se está desarrollando el despliegue. [7]

En las acciones promovidas por el gobierno estadounidense se aprecian dos dimensiones fundamentales: suponen una agudización de la estrategia de “cambio de régimen” contra Venezuela y, a su vez, se corresponden con los esfuerzos de Washington por afianzar su poderío geopolítico en América Latina y el Caribe y reconfigurar su relacionamiento con la región.

Venezuela y el narcotráfico: cuando la politización no entiende de límites

El gobierno de Donald Trump ha encontrado, en el enfrentamiento al tráfico de drogas, el argumento necesario para intentar encubrir su intentona militarista en el Caribe con un manto mínimo de autenticidad. La instrumentalización de la lucha contra este flagelo no es un fenómeno nuevo: desde Richard Nixon, la estrategia panamericanista de Estados Unidos ha colocado al narcotráfico como un asunto de seguridad nacional y hemisférica, del cual se ha valido para fortalecer su presencia militar en América Latina y presionar para que gobiernos de la región alineen sus políticas a intereses de la Casa Blanca.

La nueva administración republicana ha elaborado una narrativa para presentar a Venezuela como un “narco-estado”, alegando una supuesta articulación de su gobierno y sus instituciones con estructuras criminales para la producción y envío de drogas a territorio estadounidense. Para ello, Trump y el secretario de Estado Marco Rubio apuntan al Tren de Aragua y el Cártel de los Soles como las bases de una de las “redes de tráfico de cocaína más grande del mundo”, cuyo liderazgo le es atribuido a Nicolás Maduro y otros altos cargos del gobierno bolivariano.

Sin embargo, estas acusaciones contrastan con las informaciones ofrecidas por las principales autoridades en la lucha antinarcóticos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD o UNODC, por sus siglas en inglés), en su Informe Mundial sobre las Drogas 2025, notificó que en los últimos 15 años Venezuela se habría consolidado como un país libre de cultivo ilícito de estupefacientes, y que solamente un 5% de la cocaína producida en Colombia en 2024 había intentado transitar por territorio venezolano. [8] Ante dicha afirmación, Rubio respondió que “la ONU no sabe lo que está hablando”. [9]

Además de la ONUDD, la Agencia de Drogas de la Unión Europea (EUDA, por sus siglas en inglés), en su reporte de 2025, tampoco ubica a Venezuela como un país relevante en la elaboración y transportación de cocaína. Ambas entidades coinciden en señalar a Colombia, Perú y Bolivia como responsables del 90% de la producción global de esta droga, y ubican a Ecuador como su mayor centro de distribución vía marítima a escala mundial. [10]

La DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tampoco ofrece datos que respalden las declaraciones de su gobierno en contra de Caracas. En sus últimos dos informes anuales, Venezuela no aparece como un punto relevante en las tres principales rutas de ingreso de cocaína a territorio estadounidense, que serían la vía terrestre por Centroamérica y las vías marítimas del Caribe (pasando por República Dominicana y Puerto Rico) y el Pacífico (desde Colombia y Ecuador hasta California). Igualmente, la DEA no vincula a Venezuela con el tráfico de fentanilo, cuya producción se realiza casi en su totalidad en México, con productos químicos importados de China. [11]

Esta contrariedad entre las declaraciones del gobierno estadounidense y las evaluaciones de estas agencias especializadas revelan que solo puede haber una intencionalidad política muy mezquina en los intentos por presentar a Venezuela como un promotor del narcotráfico en la región.

El Tren de Aragua, sin desconocer su carácter criminal y transnacional ni su origen venezolano, no posee una envergadura que se corresponda con el nivel de atención que ha recibido por parte de medios de comunicación y del gobierno de Donald Trump. El republicano, en su primer día de regreso a la Oficina Oval, declaró a dicho grupo como “organización terrorista global” y la catalogó como un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. [12] Sin embargo, expertos coinciden en que el Tren de Aragua, si bien se ha extendido a otros países del continente y a algunos estados de EE.UU. —aunque ha sido parcialmente desmantelada dentro de Venezuela—, no posee una estructura consolidada que se compare con alguna de las principales organizaciones criminales de México o Colombia, ni representa tal amenaza para Washington o algún gobierno de la región. [13]

Su designación como organización terrorista no ha servido sino para estigmatizar y criminalizar a la migración venezolana y al propio gobierno bolivariano. Trump ha declarado que el Tren de Aragua es una herramienta de Maduro para enviar criminales a Estados Unidos. Bajo este argumento activó la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, utilizada para encarcelar y deportar venezolanos sin los procedimientos judiciales correspondientes y potenciar su agenda antiinmigración. [14]

Por su parte, el Cártel de los Soles se corresponde más con un constructo de la narrativa contra Venezuela que con la existencia real de una organización con ese nombre. Su origen viene de 1993, cuando dos generales de la Guardia Nacional fueron acusados de participar en el tráfico de drogas a Estados Unidos. Luego de ese caso, se convirtió en una etiqueta periodística para hacer referencia a casos de corrupción dentro del estamento militar venezolano.

En 2020, el Departamento de Justicia utilizó la idea del Cártel de los Soles para lanzar condenas judiciales contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el ministro de defensa, Vladimir Padrino, con el objetivo de demostrar que se mantenían las presiones contra Venezuela a pesar del fracaso de las políticas de “cambio de régimen”. En 2025, Estados Unidos ha retomado las menciones a esta supuesta organización, con su inclusión en la “Lista de Terroristas Globales Especialmente Designados” por parte del Departamento del Tesoro y el establecimiento de una recompensa de 50 millones de dólares por la “captura” del presidente venezolano. [15]

No existen evidencias de la existencia del Cártel de los Soles como estructura criminal, ni se ha demostrado que haya alguna conexión entre altos mandos del gobierno y el ejército de Venezuela con el tráfico de drogas. Algunos medios relatan que dicha organización se trata de un mito para referirse a prácticas de corrupción y clientelismo entre sectores de la burocracia y las fuerzas armadas que facilitarían la transportación de drogas y otros delitos. Más allá de cuan verificable sea esto, resulta evidente que se trata de una trama mediática para justificar las presiones hacia Venezuela y el militarismo estadounidense en el Caribe.

Cuáles serían los objetivos reales de la escalada militar en el Caribe y sus posibles desenlaces

Tal y como se ha repetido desde que comenzó el despliegue a finales de agosto, la envergadura de la operación no se corresponde con una maniobra contra el narcotráfico. Inicialmente, funcionarios del Departamento de Defensa declararon que se trataba de una “demostración de fuerza para enviar un mensaje a los carteles”. [16] Sin embargo, la presencia de buques destructores con misiles guiados, grupos anfibios y aviones caza revela una concentración de medios con alcance estratégico, que se correspondería con intereses de trasfondo geopolítico por parte de Washington.

Ante esta situación, no pocos analistas han valorado las probabilidades reales de una ofensiva armada contra Venezuela para poner fin a la Revolución Bolivariana, especialmente tras las amenazas de Marco Rubio y otras altas figuras del gobierno estadounidense. Por el momento, la cantidad de efectivos acumulados está lejos de ser suficiente para realizar una incursión en territorio venezolano. No obstante, es más lógico que una agresión militar estadounidense comience por una oleada de ataques con misiles de largo alcance a las principales defensas y zonas de logística y almacenamiento de las fuerzas armadas venezolanas.

Esta opción, sin embargo, encuentra determinados inconvenientes para Estados Unidos, los que generan todavía mucho escepticismo al momento de estimar las probabilidades reales de que se concrete dicha invasión. A pesar de las campañas contra el chavismo, Washington no posee un casus belli para justificar una acción de este tipo, por lo cual se espera que un proceder tan descarnado reciba un rechazo generalizado por parte de la opinión pública nacional e internacional. Incluso si decidieran utilizar la vía armada, las capacidades militares y demográficas de Venezuela, junto con los apoyos que podría recibir de China, Rusia, Irán o Cuba, obligarían a Estados Unidos a emplearse a fondo, alargando el conflicto y con un alto riesgo de generar una crisis humanitaria en la región.

No obstante, se hace notar que la postura belicista de un grupo de actores de peso en la política exterior estadounidense, donde destacan Marco Rubio y el Asesor de Seguridad Interna, Stephen Miller, determina que no pueda descartarse una agresión militar hacia Venezuela, que estaría precedida por la fabricación de un casus belli. Si bien este análisis parte de suponer que tal escenario no resulta especialmente favorable para Washington, la imprevisibilidad que ha caracterizado a la política exterior de la administración Trump y el continuo deterioro de la situación obligan a considerar dicha opción hasta último momento.

Más allá de la posibilidad de una agresión armada, el despliegue militar en el Caribe se podría corresponder con el objetivo de la Casa Blanca de generar un cambio de régimen en Venezuela por vías no convencionales. Al generar un escenario de presiones y amenazas con la tentativa de un ataque, se buscaría forzar la salida de Nicolás Maduro del poder, ya sea de manera voluntaria o fomentando divisiones a lo interno del chavismo y de las fuerzas armadas para lograr un cambio de liderazgo en Caracas, en posible contubernio con algunos elementos de la Guardia Nacional Bolivariana.

No obstante, como ha sido la norma en el proceso bolivariano, no se aprecian señales de debilidad en la alianza monolítica construida entre la dirección política y el alto estamento militar venezolano, por lo que es presumible que cualquier intento de generar disidencias internas en favor de una insurrección sería frustrado. Tampoco se aprecia que existan condiciones reales para que la oposición radical venezolana logre aupar un escenario de inestabilidad social que desemboque en una caída del gobierno bolivariano.

Por otra parte, la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas también debe ser analizada por su correspondencia con los objetivos geopolíticos de Washington en América Latina. Dicho despliegue se enmarca en una serie de acciones de carácter virulento hacia la región desde que Donald Trump retomó el poder, como las presiones comerciales y arancelarias —especialmente sobre actores como México y Brasil—, las amenazas por el control de Panamá y Groenlandia y las confrontaciones políticas con los gobiernos de Lula da Silva y Gustavo Petro.

Algunos centros de pensamiento refieren que la actual administración republicana está promoviendo con más énfasis una renovación de la Doctrina Monroe. En esencia, se trata de establecer una interacción más agresiva hacia la región con el objetivo de consolidar su poder y limitar la presencia de actores externos. Bajo esta lógica, el posicionamiento de buques y efectivos en el Mar Caribe es visto como una proyección del poderío militar estadounidense sobre la región y un nuevo peldaño en las relaciones de coacción que Washington pretende establecer con los Estados latinoamericanos y caribeños.

El despliegue frente a las costas venezolanas y las amenazas de agresión militar cumplen con el objetivo de Estados Unidos de enviar un mensaje hacia la región y “disciplinar” las posibles disidencias o posiciones contrapuestas a sus intereses. En tales condiciones y en un contexto de transición del orden internacional, Washington encuentra una situación más favorable para hacer avanzar puntos de su agenda geopolítica, como limitar la presencia económica de China, reconfigurar la seguridad hemisférica y asegurar su primacía sobre los espacios de disputa geoeconómica en su tradicional esfera de influencia.

Referencias bibliográficas