La ira del señor
La administración republicana que asumió el poder en Estados Unidos a fines de enero del presente año, se ha planteado objetivos estratégicos esenciales, tanto en el plano interno como en el ámbito de las relaciones internacionales.
En relación con el primero se propone la transformación radical del gobierno federal, cuya piedra angular es la expansión masiva del poder presidencial a favor de políticas conservadoras. En la aplicación de estas políticas, la administración Trump parece haber asumido el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, una proyección ideológica de corte neofascista que constituye un plan estratégico para controlar el Estado y dominar la sociedad estadounidense. El informe plantea la necesidad de “rescatar el país de manos de la izquierda radical”, para lo cual “se necesita una agenda de gobierno y las personas adecuadas para llevarlas a cabo”.
Expone el documento, que es necesario desmantelar la burocracia gubernamental a la que consideran mayormente liberal, y exige que los empleados federales del servicio civil sean reemplazados por personas afines al presidente. Entre las numerosas políticas que propugna está la deportación masiva de inmigrantes. Algunas de sus otras propuestas también están siendo ya implementadas o en camino de serlo: reducir las regulaciones medioambientales, abolir el Departamento de Educación, recortar la financiación al Medicaid y Medicare, poner fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión, entre otras.
En el ámbito de las relaciones internacionales la nueva administración parece haberse planteado rescatar para Estados Unidos el carácter de potencia unipolar, tarea a todas luces imposible en el mundo de hoy. Sus ambiciones imperiales para conseguirlo no demoraron en aparecer. Lo que más llamó la atención fue el alcance de algunos de sus objetivos y la forma desenfadada de los planteamientos.
Desde los primeros días Trump anunció que se anexaría Canadá, recuperaría el Canal de Panamá y adquiriría Groenlandia por cualquier vía. Incluso insinuó apropiarse de una parte de Gaza para hacer allí un gran balneario donde parece que pretendía ampliar su patrimonio negociando en bienes raíces. Aunque obtuvo algunas ventajas en el Canal de Panamá, estas están muy lejos de su intención de apropiarse del mismo. Tampoco ha tenido éxito en los otros tres casos.
Sin embargo, nada ha sido de tanta trascendencia como las amenazas en algunos casos, y la puesta en práctica en otros, de la imposición de altos aranceles a las importaciones de productos de prácticamente todos los países, para según él, remediar el intercambio comercial desigual de su país con el resto del mundo, condición imprescindible para poder cumplir su promesa de hacer grande a América otra vez.
Sus socios de la Unión Europa con un 20% de recargo, Vietnam con el 46%, 25% a Canadá y México, aunque luego puso una pausa de 90 días, 25% a las importaciones de acero y aluminio provenientes de cualquier país, 24% a Japón, Taiwan 32%, India 27%, y el más significativo, China con un 145%, etc. Prácticamente nadie ha quedado a salvo. Incluso ha amenazado con imponer aranceles como sanción a los que no cumplan sus exigencias, como el caso de los países que compren petróleo a Venezuela, los cuales serían sancionados con un 25% de recargo a los productos que exportan a Estados Unidos.
Varios especialistas estiman que, de mantenerse esta política, terminará siendo como un tiro en el pie del que las implementa. China, por su fortaleza económica se ha plantado firme, no da señales de sometimiento, y ha respondido con la imposición de aranceles de un 125% a los productos norteamericanos. Ello pudiera dañar seriamente la economía de EE.UU., y hace presumir a muchos que muy pronto Trump habrá de ceder y buscar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Además, están apareciendo numerosos avisos de peligro en los índices económicos, y algunos economistas están planteando que la imposición de aranceles tan elevados constituye un grave error que podría producir un aumento de la inflación, una desaceleración de la economía, e incluso la posibilidad de una recesión económica. El Fondo Monetario Internacional afirmó recientemente que los aranceles frenarán el crecimiento y presionarán en todo el mundo. Según S&P Global, la actividad empresarial estadounidense se desaceleró en abril, mientras que los precios cobrados por bienes y servicios se dispararon.
Todos estos son aspectos objetivos de las políticas implementadas por la administración Trump en los 100 días que lleva a cargo del Ejecutivo. Pero todo ello está marcado, matizado, impregnado, del aspecto subjetivo de la compleja personalidad del presidente. Su arrogancia, su prepotencia, su desprecio por los demás a los que suele mirar desde arriba, introducen un elemento perturbador que hace más difícil cualquier intento por buscar alivio o soluciones. Frases como “muchos líderes de otros países han venido de forma sumisa a besarme el trasero para que les rebaje las tarifas”, o “no los necesitamos, ellos son los que nos necesitan”, para referirse a los países de América Latina, son solo dos ejemplos. El cambio de nombre del Golfo de México por Golfo de América y la retirada de la página web en español de la Casa Blanca, pueden verse dentro de este contexto.
Pero quiero referirme a un aspecto de su personalidad que está incidiendo de manera determinante en los asuntos internos del país. Trump es dueño de una personalidad narcisista, con un ego exacerbado que no tolera disentimientos. Sus arranques de ira y sus exabruptos, generalmente asistidos de los términos más vulgares, suelen aparecer muchas veces acompañados de acusaciones sin pruebas que resultan en mentiras, que incluso aún después de expuestas no le provocan el menor sonrojo. Cualquiera que lo contradiga o no se pliega ante alguna demanda suya, se convierte en su enemigo y habrá de recibir el “merecido” castigo.
Se temía que, durante su segundo mandato, Trump acometería con saña contra sus enemigos utilizando el Departamento de Justicia y el FBI, pero desde los primeros momentos su campaña de represalias ha sido más amplia y creativa, con menos dependencia del sistema judicial. Sus acciones, y a veces solamente sus amenazas, han llevado a algunos de aquellos a los que ha perseguido a cambiar su comportamiento y aceptar sus exigencias. Ha empleado tácticas que incluyen demandas, órdenes ejecutivas, reglamentos, despidos de puestos gubernamentales, retirada del security clearence e intimidación pública, entre otras tácticas.
En este proceso no siempre es posible distinguir cuales de sus ataques obedecen a venganzas personales y cuales a la estrategia de hacer cumplir sus objetivos políticos. Algunas de sus víctimas son aquellos que le persiguieron o desafiaron políticamente. Otras de sus acciones van encaminadas contra instituciones y grupos a los que considera impedimentos ideológicos, como las universidades de elite y las instituciones culturales o públicas.
EX FUNCIONARIOS
Prácticamente nadie que haya caído en el campo de sus enemigos ha salido incólume. Varios miembros de su primera administración que no le fueron fieles hasta el final, han recibido algún castigo. A Mike Pompeo, John Bolton, el General Mike Milley, entre otros, incluyendo también al Dr. Anthony Fauci, a cargo en el gobierno de los asuntos relacionados con la pandemia de la Covid, les retiró la protección de seguridad personal, y a Milley además lo despojó de su security clearence. Revocó los security clearence a una docena de funcionarios y ex funcionarios que de alguna forma estuvieron involucrados en el impeachment que se estableció en su contra o en alguno de los procesos legales a los que se le sometió, y también a 51 oficiales de inteligencia que firmaron una carta donde se sugería que el contenido de la laptop de Hunter Biden podía ser desinformación de Rusia. Más de una docena de fiscales que trabajaron para el consejero especial Jack Smith en dos investigaciones criminales sobre él, fueron despedidos de sus cargos. Situaciones como estas se han repetido en numerosas ocasiones con funcionarios cuyas actuaciones le han resultado antagónicas o molestas.
También despojó de su security clearence a varios funcionarios demócratas prominentes: el ex presidente Biden, Kamala Harris, Antony Blinken, Jake Sullivan e Hillary Clinton, entre otros.
POLÍTICOS
Sin embargo, pocos funcionarios han resultado víctimas de las presiones del presidente y sus seguidores Maga, en tal magnitud y de forma tan directa, como los políticos, sobre todo congresistas de su propio partido.
Cuando después de los sucesos del 6 de enero de 2021 Trump fue sometido a un impeachment, diez representantes republicanos votaron a favor del mismo. Para el siguiente período electoral, ocho de los diez ya no estaban en sus asientos; cuatro porque perdieron en primarias frente a candidatos endosados por Trump y otros cuatro porque decidieron no presentarse ante el cúmulo de amenazas recibidas.
Recientemente Trump amenazó con “liderar la carga” contra la reelección del congresista republicano Thomas Massie porque este se oponía a una medida provisional para mantener abierto el gobierno federal. Eric Swalwell, un representante demócrata de California, dijo que sus colegas republicanos estaban “aterrorizados” de cruzarse con Trump no solo por el impacto negativo en sus carreras políticas, sino también por la ansiedad ante posibles amenazas físicas que pudieran causarles trastornos personales y obligarlos a contratar seguridad las 24 horas como protección. Swalwell, miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que había gastado más de un millón de dólares en seguridad en los últimos dos años y medio, después de despertar la enemistad de Trump. Otro miembro demócrata del Congreso dijo que los republicanos en el Capitolio evitan criticar las políticas de Donald Trump por temor a su seguridad física y la de sus familias.
La senadora republicana Joni Ernst, que en un principio no se mostraba convencida de aprobar a Pete Hegseth para Secretario de Defensa, fue víctima de estas presiones hasta que dio señales de que no se opondría. Thom Tillis, senador republicano por Carolina del Norte, declaró haber recibido advertencias del FBI sobre “amenazas de muerte creíbles” cuando inicialmente consideraba públicamente votar en contra de Hegseth. Tillis terminó votando a favor. El congresista Mike Gallagher que fue uno de los tres republicanos que votó a favor del proyecto de ley sobre frontera, de ayuda a Ucrania y en contra del impeachment a Mayorkas, recibió amenazas y decidió no reelegirse.
La senadora republicana Lisa Murkowski dijo recientemente que las amenazas de represalias políticas provenientes del presidente Trump son tan reales que le producen dificultad para expresarse abiertamente sobre aranceles, órdenes ejecutivas y recortes a agencias federales.
También lo han sufrido demócratas, y no sólo congresistas. Recientemente, en una reunión que tuvo lugar en la Casa Blanca con gobernadores, Trump interrumpió abruptamente a la gobernadora demócrata de Maine, quien se mostraba reacia ante una orden ejecutiva del magnate que prohibía a atletas transexuales participar en eventos deportivos para mujeres, diciéndole, “mejor lo aceptas porque de lo contrario no vas a recibir fondos federales”.
El peligro que enfrentan los que se oponen a Trump y sus políticas es real. Las amenazas a los miembros del Congreso es algo generalizado, y sólo en 2023 se registraron ocho mil incidentes de este tipo. Después de los acontecimientos del 6 de enero de 2021, el representante Jason Crow, de Colorado, le dijo a NBC que la noche anterior conversando con algunos colegas republicanos suyos, un par de ellos se habían echado a llorar diciendo que temían por sus vidas si votaban a favor del impeachment. Un senador de alto rango tenía la intención de votar a favor de la condena de Trump en su juicio, pero cambió de opinión cuando un colega le dijo “piensa en tu seguridad personal. Piensa en tus hijos”. Los republicanos en el Capitolio evitan oponerse o criticar las políticas de Donald Trump por temor a su seguridad física y las de sus familias.
Ejemplos de casos como los señalados aquí, abundan. Para comprender por qué tan pocas personas se enfrentan a Trump y su banda de Maga´s, hay que conocer cuan alto es el precio que deben pagar los que lo hacen.
JUECES
El poder judicial es un sector de donde recientemente el presidente Trump ha estado recibiendo oposición, y por tanto se ha constituido en objetivo principal de sus ataques, y especialmente el de sus fanáticos Maga. Varios jueces se han pronunciado en contra de algunas decisiones del todo poderoso. Tales son los casos de las deportaciones de venezolanos a El Salvador, la presencia de personas trans en las fuerzas armadas, los intentos de deportar a personas beneficiadas con el parol, la condición de ciudadano por nacimiento, los intentos de cerrar la Secretaría de Educación, la necesidad de facilitar el regreso de un salvadoreño enviado por error a El Salvador, entre otros.
Hasta ahora siete jueces federales han impedido a la administración deportar a El Salvador inmigrantes venezolanos acusados de ser miembros de pandillas invocando estatutos de tiempos de guerra.
Recientemente el juez jefe de la corte de distrito en Washington DC, James E. Boasberg ordenó que un avión cargado de inmigrantes deportados a El Salvador regresase a EE.UU. Ello despertó la ira de Trump, quien pidió que el juez fuese sometido a impeachment. Trump acusó a Boasberg de ser un “lunático radical de izquierda”, y la fiscal general Pam Bondi dijo que Boasberg intentaba “proteger a los terroristas que invadieron nuestro país”. También Elon Musk se pronunció a favor del juicio político y ha estado enviando dinero al Congreso con estos fines (cheques por seis mil dólares a varios congresistas). La Corte Suprema hubo de pronunciarse al respecto para aclarar que el impeachment no es válido en el caso de los jueces.
Otros jueces, como Paula Xinis, también se han pronunciado en contra de medidas tomadas por la administración, motivo por el cual el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, la calificó de “marxista” que “ahora se cree presidenta de El Salvador”.
Mientras la Casa Blanca pone a prueba al poder judicial, intentando doblegarlo, el Congreso controlado por el Partido Republicano parece dispuesto a respaldar a su presidente. Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron una resolución para enjuiciar al juez Boasberg. El presidente de la Cámara, Mike Johnson declaró: “Tenemos autoridad sobre los tribunales federales. Podemos eliminar un tribunal de distrito completo, tenemos la facultad de financiar los tribunales y otras cosas. Pero tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, y el Congreso va a actuar”. En la Cámara de Representantes los republicanos no cuentan con los votos para destituir a ningún juez federal, pero están considerando otras opciones.
Recientemente la Cámara de Representantes aprobó por 219 votos contra 213 un proyecto de ley que prohíbe a los jueces de cortes de nivel de distrito decidir sobre asuntos de alcance nacional, limitando sus acciones a asuntos correspondientes al ámbito estrecho de sus jurisdicciones. Los demócratas han alertado contra estas acciones que limitan la potestad de los jueces. Se estima que la medida no será aprobada en el Senado.
Algunos jueces se están cuestionando si algunas acciones de la administración como el despido masivo de trabajadores federales, la congelación de fondos federales y el cierre de oficinas federales, son acciones ilegales, y cada día son más los jueces que se están pronunciando en contra de algunas políticas de la administración.
Pero la administración y en especial sus partidarios MAGA, han iniciado un movimiento intimidatorio contra los jueces amenazando con destituirlos. Los jueces están preocupados con razón por su seguridad, y las medidas en vigor para protegerlos pueden resultar insuficientes si continúa la peligrosa e irresponsable retórica por parte de Trump y sus seguidores.
El pasado 24 de abril se dio el caso de que el FBI arrestó a la jueza Hannah Dugan de Milwaukee. La jueza fue acusada de obstruir procedimientos de una agencia federal y escoltar a un individuo para impedir su arresto. El hecho constituye una escalada por parte de la administración en su batalla contra autoridades locales en el tema de las deportaciones.
Davis Crowley, ejecutivo del condado de Milwaukee dijo que “está claro que el FBI está politizando esta situación para atemorizar a otros que en el país se oponen a los ataques al poder judicial y a las leyes de inmigración.”
Por su parte, la Fiscal General Pam Bondi, defendió el arresto y dijo que acciones como la de esta jueza no serían toleradas. “No importa quien tú seas, serás enjuiciado”, e hizo referencia a un ex juez de New México que había sido arrestado y procesado.
La jueza Dugan, elegida por amplio margen en 2016, es ampliamente conocida en los círculos políticos progresistas de Milwaukee y ha pasado la mayor parte de su carrera trabajando a favor de las personas de bajos ingresos y de grupos marginales.
Cuando aún no se han cumplido 100 días de la nueva administración el inusual ataque al poder judicial federal es el comienzo de lo que se espera que sea una prolongada batalla entre los tres poderes de gobierno, algo sin parangón en estos tiempos.
Pero no sólo los que se le han enfrentado sufren la ira del señor. También los que constituyen obstáculos en la consecución de los objetivos estratégicos que en el plano interno Trump y su gobierno se han trazado, y aquellos que no han cumplido estrictamente con sus disposiciones, han sufrido similares consecuencias. Universidades, firmas de abogados, órganos de prensa e instituciones culturales y públicas han padecido o se encuentra padeciéndolo.
UNIVERSIDADES
Unas cuantas universidades están envueltas en este tipo de situación, entre estas, las de Pennsylvania, Brown y Northwestern. Incluso las más prestigiosas del país como Columbia, Princeton, Cornell y Harvard no han escapado y han sido amenazadas con ser despojadas de fondos federales, acusadas, entre otras cosas, de admitir la participación de mujeres trans en competencias deportivas o de tolerar actividades antisemitas, simplemente porque sus alumnos se han manifestado en contra de los crímenes de Israel contra civiles palestinos en la Franja de Gaza. Las universidades han expresado preocupación en que la pérdida de los fondos federales pondría en peligro numerosos estudios médicos y científicos, incluyendo los relacionados con el cáncer y la diabetes.
A Northwestern le ha congelado fondos por 790 millones de dólares. A Cornell por un billón. A la Universidad de Pennsylvania por 175 millones, y así a otras. Como resultado, varias universidades, temerosas de perder la ayuda financiera del gobierno, han cedido a las demandas del presidente.
En el caso de la Universidad de Columbia, al cancelarle fondos por 400 millones de dólares, la administración Trump impuso una serie de requisitos para devolverle los fondos. Estos incluían: impedir a los manifestantes usar máscaras, otorgarle al presidente de la universidad total control sobre la disciplina, y colocar a todo un departamento académico en “suspensión de pagos académicos”. La universidad acató todas las demandas.
La administración Trump ha amenazado a la Universidad de Harvard con revocarle una subvención federal de nueve billones de dólares si no acepta una larga lista de demandas que incluyen, entre otras, examinar detenidamente los casos de solicitudes de estudiantes extranjeros “hostiles a los valores e instituciones estadounidenses”, y permitir que un organismo externo audite los departamentos universitarios para “comprobar la diversidad de puntos de vista”.
Harvard se ha convertido en la primera universidad que se ha negado a aceptar las demandas de Trump, citando algunas restricciones, incluyendo la libertad de expresión. La respuesta fue congelarle más de dos billones en subvenciones. La universidad respondió estableciendo una demanda legal en contra de la administración, alegando ilegalidad en la congelación de ese dinero. Algunos estiman que Harvard podría marcar el punto de inflexión de los ataques de Trump a la academia. Ted Mitchell, presidente del Consejo de Educación del país le dijo al New York Times que si Harvard no se hubiera plantado, sería prácticamente imposible que otros lo hicieran.
La administración ha afirmado con frecuencia que las escuelas en cuestión albergan antisemitismo. Pero la hostilidad de la administración hacia los principales colegios y universidades tiene raíces más profundas que la agitación vinculada únicamente a esa guerra. Durante décadas, los conservadores han mirado con recelo a las elites de la educación superior, molestos por los programas de admisión de acción afirmativa, las opiniones de los profesores liberales y la proliferación de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en los campus.
En el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage se plantean los objetivos que ahora la administración Trump está llevando a cabo. En el mismo se propone el cierre del Departamento de Educación, y se dice que “la política federal de educación superior debería ir más allá de los subsidios ineficientes e indefinidos para universidades”.
En este contexto la deportación de estudiantes expone el carácter racista y profundamente conservador del presidente. Para Trump las manifestaciones que han tenido lugar en diversos campus universitarios para protestar por los crímenes de los miles de personas, especialmente niños en la Franja de Gaza, son actividades antisemitas. No quiere que se toque a su mejor aliado, a quien no sólo aplaude, sino que facilita los medios para que pueda acometer su criminal política de arrasar con el pueblo palestino.
Cientos de estudiantes se encuentran involucrados en campañas de deportación. Algunos de estos han tenido repercusión nacional, como son los casos de Rumevsa Ozturk, turca graduada en la universidad Tufts, detenida en plena vía pública por agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Mahmoud Khalil, palestino que reside de manera permanente en Estados Unidos y estudia en la universidad de Columbia, y Momodou Taal, británico-gambiano, quien estudia doctorado en la universidad Cornell. Sus casos han provocado reacciones de grupos legales que estiman que los mismos constituyen amenazas a la libertad de expresión de los campus universitarios.
Rumevsa fue detenida por ser uno de los autores de un artículo publicado en el The Tufts Daily criticando la respuesta de su universidad a las resoluciones que el senado de estudiantes de Tufts aprobó en relación con Israel y Gaza. Su detención viola el derecho a las libertades de prensa y de expresión amparados en la Constitución.
Una demanda presentada recientemente en New Hampshire pretende presentar un amplio desafío legal a la campaña de la administración Trump dirigida a estudiantes y académicos internacionales. Los abogados pidieron a un juez federal que certifique como demanda colectiva, una demanda presentada por estudiantes extranjeros cuyos visados fueron cancelados. Independientemente, la mayor parte de los casos que han sufrido tales acciones, han presentado demandas legales individuales.
La petición que tuvo lugar en New Hampshire enumera una serie de perjuicios a los que se enfrentan los estudiantes con visado, como la detención y deportación inminente, y la interrupción del camino hacia la obtención de un título o la investigación de posgrado. Señalaba esta que, hasta hace una semana, los cuatro estados implicados y Puerto Rico, habían atendido colectivamente al menos a 112 personas a las que se había cancelado su estatus de estudiante.
FIRMAS DE ABOGADOS
Las firmas de abogados tampoco escapan. Trump se ha dirigido a una serie de bufetes de abogados con órdenes ejecutivas que despojarían a sus abogados de sus security clearence, una medida que paralizaría el negocio de las firmas. El motivo parece ser que algunas de estas emplean a abogados que han trabajado en investigaciones sobre Trump o en causas a las que se oponen sus partidarios. También el magnate presidente emitió una orden al Departamento de Justicia y Seguridad Nacional solicitando se sancione a abogados y firmas de abogados que “participen en litigios frívolos, irrazonables y vejatorios contra los Estados Unidos.”
La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC por sus siglas en inglés) es una agencia que pertenece al gobierno de los EE.UU. Esta ha enviado cartas a 20 firmas de abogados solicitando información en relación con prácticas de sus empleados en asuntos como la diversidad, equidad e inclusión. Las cartas sugieren que las firmas pueden haber empleado prácticas discriminatorias contra candidatos de la raza blanca y haber violado leyes sobre los derechos civiles.
El presidente ha emitido órdenes ejecutivas contra varias firmas de abogados que han representado o representan a adversarios políticos suyos. Ha actuado contra Jenner & Block porque en una ocasión dio empleo a un abogado que fue miembro de un equipo que lo investigó en su primera administración. Más recientemente fue contra la firma WilmerHale, donde Robert S. Mueller III, ex director del FBI había trabajado y actuado como consejero especial en una investigación sobre las relaciones de Trump con Rusia.
Las órdenes ejecutivas del presidente generalmente amenazan a los abogados con impedirles el acceso a edificios federales, a interactuar con el gobierno federal, así como a tener contratos con el gobierno. Entre las explicaciones que ha dado, una plantea que algunos trabajos de las firmas interfieren en algunas de sus políticas, incluyendo las referentes a la inmigración.
Muchas de las firmas han llegado a acuerdos con la administración para evitar restricciones en el desempeño de sus funciones y han prometido hacer trabajos gratis por valor de hasta 600 millones de dólares en funciones de bien público que el presidente apoya. Los bufetes que han llegado a acuerdos los han considerado una forma barata de lograr la paz con la Administración y evitar complicaciones para sus negocios. Los acuerdos alcanzados contemplan, por ejemplo, ayudar a los veteranos o combatir el antisemitismo, pero Trump sugirió que estudiaría la posibilidad de recurrir a los bufetes para otros trabajos de apoyo a su administración, como la colaboración en acuerdos comerciales.
Los acuerdos han suscitado objeciones de algunos abogados, tanto dentro de los bufetes como en la comunidad jurídica en general, que los consideran una capitulación ante las tácticas de intimidación del presidente.
Las firmas Perkins Coie y la WilmerHale han establecido demandas en las cortes para que estas bloqueen de manera permanente órdenes ejecutivas de Trump, declarándolas un riesgo a la seguridad nacional y argumentando que son flagrantemente anticonstitucionales. Las firmas han obtenido medidas cautelares que impiden que las órdenes entren en vigor mientras prosigue el litigio.
Después de que Perkins Coie introdujera su demanda en marzo, más de 500 bufetes presentaron rápidamente un escrito de apoyo. El grupo también ha recibido escritos de apoyo de un grupo de 363 profesores de Derecho y de una coalición de destacados grupos jurídicos que se describen a sí mismos como “de todo el espectro ideológico”, incluidos el Instituto Cato y la Unión Americana de Libertades Civiles. Un grupo de colegios de abogados de todo el país también lanzó su apoyo al bufete, argumentando en un escrito que la orden dirigida al bufete era una evidente táctica de intimidación por parte de la Casa Blanca, y advirtiendo del daño a la profesión jurídica.
Otros jueces también se han pronunciado a favor de demandas de firmas. De manera creciente más firmas están estableciendo demandas contra el gobierno al ver que van teniendo éxito en los tribunales.
El gobierno por su parte ha pedido que se desestimen las demandas, argumentando que todas las órdenes entraban dentro de la autoridad del presidente.
LA PRENSA
La prensa siempre ha sido objeto de críticas y ataques por parte de Trump, pero en esta segunda administración, con un Trump más decidido a llevar adelante todo su programa de gobierno, y acompañado de un equipo más ideológicamente compacto y leal a su persona, su furia ancestral contra los medios se ha multiplicado.
En sólo tres meses, siete medios de prensa: AP, PBS, NBC News, Meta, KCBS, CBS News y NPR, han sido objetivos atacados por el presidente. A un reportero de AP, por referirse al Golfo de México en lugar de Golfo de América, se le ha impedido la entrada a la Oficina Oval y a Fuerza Aérea 1. Contra PBS, NPR, NBC News y KCBS se han iniciado investigaciones sobre sus patrocinadores. En el caso de KCBS por su cobertura sobre inmigración forzosa de Trump, y en el de NBC por sus programas sobre diversidad, equidad e inclusión. En el caso de CBS News, el presidente de la F.C.C. (Comisión Federal de Comunicaciones) abrió una investigación por en una denuncia sobre “distorsión informativa”. Meta, la empresa matriz de Facebook, acordó pagar 25 millones de dólares para resolver una demanda que Trump interpuso por la suspensión de sus cuentas tras los disturbios del 6 de enero en el Capitolio. Antes de las elecciones, Trump había amenazado con encarcelar al cofundador de la empresa, Mark Zuckerberg.
El senador Bernie Sanders planteaba en un artículo:
“Trump y sus amigos no solo están intentando socavar dos de los tres pilares de nuestro gobierno constitucional: el Congreso y los tribunales. También están atacando a los medios de comunicación de una manera que nunca hemos visto en la historia moderna de este país.”
Según Sanders, el presidente Trump ha demandado a ABC y ha recibido una indemnización de esta. Ha demandado a CBS y su empresa matriz Paramount, y al parecer, está negociando un acuerdo. Ha demandado también al Des Moines Register. Tenemos un presidente de los Estados Unidos que está utilizando su poder para perseguir a los medios de comunicación de este país que dicen y hacen cosas que no le gustan. “¿Cómo vamos a tener unos medios de comunicación independientes si los periodistas miran por encima del hombro, temerosos de que sus reportajes provoquen una demanda del hombre más poderoso del mundo?”
Al igual que ciertas universidades y firmas de abogados, algunos órganos de prensa han preferido pactar acuerdos con Trump en su afán por evitar daños mayores. Una de las cadenas de noticias con más historia del país, ABC News, llegó a un acuerdo con Trump en una demanda por difamación por 15 millones de dólares que se destinarán a su futura biblioteca presidencial, y otra, CBS News, parece dispuesta a llegar a un acuerdo por millones más. El Washington Post y el LA Times, ambos propiedad de multimillonarios afines a Trump, han ajustado el contenido de sus páginas editoriales para complacer a la Casa Blanca.
Los republicanos en el Congreso no han querido quedarse atrás y han procurado respaldarle atacando a algunos órganos de prensa. La ultraconservadora y más trumpista que el propio Trump, representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, que organizó una audiencia que tituló “ondas antiestadounidenses”, abrió sus comentarios burlándose de PBS y NPR como “cámaras de eco de la izquierda radical que publicaron informes de noticias sesgados y adoctrinaron a los niños con programación L.G.B.T.Q.” En la misma, los republicanos acusaron a las dos mayores redes públicas de medios de comunicación del país de parcialidad institucional. Los demócratas tacharon la audiencia de excusa para que los republicanos airearan su conocida lista de quejas contra los medios de comunicación.
Los líderes de PBS y NPR declararon en la audiencia que esas afirmaciones eran falsas, argumentando que sus emisoras servían como fuente crucial de información precisa y programación educativa para millones de estadounidenses.
INSTITUCIONES
Algunas instituciones públicas y culturales también han sido víctimas de los ataques del presidente. En algunos de estos casos se puede observar con más claridad como en ocasiones se entremezclan los objetivos estratégicos de los conservadores con acciones propias de la personalidad rencorosa de Trump. El caso del Kennedy Center ilustra muy bien esta mezcla de intereses a que hacemos referencia.
Trump asombró al mundo cuando tomó la decisión de sacar de su cargo a David M. Rubenstein, presidente del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, de Washington y a los otros 18 miembros de la Junta Directiva del Centro “por no compartir nuestra visión de una era de oro en el arte y la cultura”, y designarse él mismo como presidente del Centro. Posteriormente más de media docena de miembros del staff del Centro y alrededor de 20 empleados han sido privados de sus puestos de trabajo. Una parte de estos pertenecían a un grupo llamado Impacto Social que trabajaban en un programa para ampliar el público de óperas y sinfónicas, y avanzar en lo referente a la justicia y la equidad. En señal de protesta, algunos artistas han cancelado representaciones que tenían programadas.
El prestigioso Smithsonian Institution tampoco escapó de la ofensiva trumpista. El presidente emitió una orden ejecutiva afirmando que el Smithsonian había “caído bajo la influencia de una ideología divisiva y centrada en la raza.” La orden estipulaba, entre otras cosas, que las futuras asignaciones al Smithsonian prohíban el gasto en exposiciones o programas que degradasen los valores estadounidenses compartidos.
OTROS
Además de los casos anteriormente señalados, la ira del señor con frecuencia se expresa contra cualquier persona no estadounidense al que considere enemigo, lo critique o no acate sus decisiones. En tales casos, la negación de visas para entrar a Estados Unidos, a dichas personas y sus familiares cercanos, constituye una de sus formas favoritas de castigo, independientemente de que con frecuencia vaya acompañada de alguna otra sanción.
El caso de los programas de servicios médicos cubanos a otros países, que (con la clara intención de dañar económicamente al país para ver si acaban de lograr sus ancestrales propósitos de doblegar a la Isla mediante el hambre y demás carencias), han calificado de “trata de personas”, incluso a veces con la utilización del término “esclavos”, es un claro ejemplo. Amenazan con sancionar no sólo a los funcionarios cubanos involucrados en estas funciones sino también a los que en otros países contratan brigadas médicas. A veces sus amenazas son ignoradas, como le ocurrió recientemente al Secretario de Estado Marco Rubio en su gira por varios países del Caribe.
En este sentido, los estudiantes extranjeros que se han manifestado en contra de las masacres que Israel comete contra el pueblo palestino, se han convertido en un objetivo priorizado de Trump y a centenares de ellos se les está despojando de sus visas.
Un caso muy ilustrativo es el del ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, a quien Trump le ha negado la entrada a Estados Unidos, después de que Arias lo criticara en redes sociales al decir que se comportaba como un emperador romano.
CONCLUSIONES
Hace poco más de tres meses que Trump llegó a la Casa Blanca, y a pesar del corto tiempo transcurrido, el presidente ha dado ya suficientes pruebas de que sus proyectos por poner en práctica las estrategias políticas conservadoras y sus afanes de venganzas, no parecen tener límites. Su desenfrenada política arancelaria está empezando a provocar más desventajas que ventajas, y ya comienzan a vislumbrarse señales de freno y retroceso. Los desmedidos recortes de personal en los organismos federales están lesionando a demasiadas personas. La llegada de turistas al país ha caído significativamente. El dólar comienza a dar señales inquietantes. Las preocupaciones crecen constantemente ante la inminente pérdida de ayudas federales, incluyendo amenazas de recortes a los programas de Medicaid y Medicare. Las deportaciones masivas de inmigrantes que llevan años en el país y no han cometido delito alguno, son rechazadas por la mayoría de la gente. Cada día más personas se sienten amenazadas por la creciente falta de libertades y expresan su inquietud al ver como se manifiesta el autoritarismo y se van cercenando prácticas democráticas ancestrales.
Aunque Trump aún conserva el apoyo de la mayoría de los republicanos, la opinión sobre su gestión entre la población en su totalidad ha caído a su punto más bajo: 42% según dos encuestas recientes (36% entre el importante grupo de los independientes), o del 39%, según otra más reciente de ABCNews/Washington Post/Ipsos poll, firma que suele ser bastante confiable. Un 64% considera que está excediendo los poderes para los que fue elegido.
Lo que no se le puede negar a Trump y su gobierno es la energía y el dinamismo con que han comenzado a cumplir su cometido. No parece que alguna administración norteamericana anterior haya hecho tanto en tan poco tiempo.
Todo parece indicar que los próximos años serán tormentosos e impredecibles.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
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Harvard Sues Trump Administration Over Threats to Cut Funding, By Stephanie Saul, April 21, 2025
Why Big Law Firms Aren’t Standing Together Against Trump’s Assault, By Noam Scheiber, April 19, 2025, 5:00 a.m. ET
Murkowski: ‘We are all afraid’ of upheaval, retaliation under Trump / The Hill, Alexander Bolton, 04/17/2025
DHS Threatens to Revoke Harvard’s Eligibility To Host International Students Unless It Turns Over Disciplinary Records / The Harvard Crimson, Claire A. Michal, Samuel A. Church and Cam N. Srivastava, 17/04/2025
Trump Threatens to Block International Students Unless Harvard Shares Student Data, By Hamed AleazizLuke Broadwater and Stephanie Saul, April 17, 2025Updated 2:58 p.m. ET
Judge temporarily blocks Trump from retaliating against firm that sued Fox News for election lies / Associated Press, Nicholas Riccardi, 15/04/2025
Trump Has Targeted These Universities. Why? by Alan Blinder, April 15, 2025
In Showdowns with the Courts, Trump Is Increasingly Combative, The New York Times, By Adam Liptak, April 15, 2025
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Trump despide a 6 funcionarios de seguridad tras reunión con Laura Loomer, Maggie HabermanJonathan Swan y Ken Bensinger,
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Law Firm Kirkland & Ellis in Talks With White House to Avoid Executive Order / The Wall Street Journal, Erin Mulvaney, Josh Dawsey and C. Ryan Barber 03/04/2025
More Than 500 Law Firms Back Perkins Coie in Fight With Trump, Ben Protess, April 4, 2025
Trump’s Tariffs Are Latest Sign of His Second-Term Appetite for Risk, By David E. Sanger, April 3, 2025, 5:03 a.m. ET
Un grupo pro-Israel dice que entregó a EE.UU. lista de manifestantes para deportar, lo que generó alarma entre estudiantes / CNN, Por: Gloria Pazmino y Sabrina Souza
Nobel Laureate and Ex-Leader of Costa Rica Says U.S. Revoked His Visa / The New York Times, By Yan Zhuang, 2/04/2025
Fauci, Bolton, Pompeo: Full List of People Who Donald Trump Revoked Security Details For, Published Jan 24, 2025 at 2:49 PM EST Updated Jan 24, 2025 at 7:36 PM EST, by Jesus Mesa
The Great Grovel: How Trump forced elite institutions to bend to his will / POLITICO, John F. Harris and POLITICO Staff 31/03/2025, Alan BlinderKatherine Rosman and Sharon Otterman, March 28, 2025
Trump’s Not-So-Subtle Purpose in Fighting Big Law Firms, by David Enrich, March 29, 2025
Rubio says at least 300 foreign students’ visas have been revoked / The Hill, Lexi Lonas Cochran – 27/03/2025
It’s Trump vs. the Courts, and It Won’t End Well for Trump / The New York Times, J. Michael Luttig 23/03/2025
Trump Revokes Security Clearances for Biden, Harris, Clinton and More, By Shawn McCreesh, March 21
It’s not just impeachments. Republicans are eyeing other ways to rein in federal judges / POLITICO, Meredith Lee Hill, Hailey Fuchs, Jordain Carney 21/03/2025
How Trump Is Trying to Consolidate Power Over Courts, Congress and More, By Erica L. GreenZolan Kanno-Youngs and Maggie Haberman
Judge Blocks Policy That Would Expel Transgender Troops, By Dave Philipps, March 18.
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