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América Latina

Análisis de coyuntura: Río revuelto: la estrategia de Estados Unidos en Perú durante 2023

febrero 13, 2024   0

Crédito: RT

Publicado en la sección Punto de Vista del Observatorio Político sobre América Latina y el Caribe del Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García".

La política de Estados Unidos hacia América Latina continúa anclada a los postulados de la Doctrina Monroe. Mediante prácticas de diversa índole, los gobiernos estadounidenses mantienen y renuevan los mecanismos de poder hegemónico en la región y el propósito de contrarrestar la influencia de los actores extrarregionales. El relacionamiento entre Washington y la República de Perú durante el año 2023 estuvo especialmente signado, práctica y doctrinalmente, por esta estrategia.

Para entender dicho relacionamiento durante el lapso señalado debe tomarse como punto de partida la destitución del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. En un contexto sumamente complejo, marcado por la feroz oposición del Congreso y de los sectores oligárquicos, Castillo decidió disolver el Congreso. Como respuesta, se puso en práctica una intensa ofensiva en su contra, liderada por el legislativo y la derecha política. Ello condujo al apresamiento de Castillo y al inicio de un proceso de judicialización aún en curso.

Dina Boluarte, vicepresidenta del gobierno, se convirtió en presidenta interina y en la piedra angular de una transición política marcada por el ascenso del fujimorismo y la derecha en general. Dándole la espalda a las demandas de importantes sectores populares, que fueron reprimidos en medio de agudas protestas por la destitución del Presidente, la nueva mandataria echó a andar, en alianza con el legislativo, un proceso de derechización política que contó con el inmediato respaldo de Estados Unidos.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, comunicó con toda prontitud la posición de su país, afirmando que el gobierno de Biden apoyaba al pueblo peruano y rechazaba las acciones llevadas a cabo por el hasta entonces presidente de Perú. En esta misma comparecencia elogió al órgano legislativo del país andino, expresando que con la destitución de Castillo había realzado las virtudes de los sistemas democráticos (El Espectador, 2022).

Más allá de lo que implican estas declaraciones como expresión de intereses explícitos y subyacentes, no son pocos los que señalan al gobierno estadounidense como cómplice de lo ocurrido en Perú. Algunos investigadores como Vijay Prashad y José Carlos Llerena (2022) le atribuyen responsabilidad en la destitución del presidente. También se han señalado estrechos vínculos del fujimorismo con la embajada estadounidense en Lima, relacionando esta práctica con las arremetidas de la oposición contra Castillo dentro del Congreso. Lo cierto es que la destitución del mandatario dio lugar a un notable estrechamiento de los vínculos entre Estados Unidos y Perú, en nombre del subrayado ‘’compromiso’’ con la seguridad, la prosperidad y la democracia peruanas.

Durante el año 2023, bajo el gobierno de Dina Boluarte y con la aprobación del legislativo peruano, las relaciones entre ambos países estuvieron caracterizadas por el trabajo coordinado en la esfera de seguridad. El acercamiento entre ambos Estados en materia militar avanzó en términos de asistencia, entrenamiento, programas y acceso a instalaciones. En esta dirección, el gobierno estadounidense puso en práctica programas de cooperación para la seguridad (security cooperation) y asistencia para la seguridad (security assistance).

En el primer caso se desarrollaron programas y actividades del Departamento de Defensa con las fuerzas de seguridad de Perú. Esto requirió acceso al territorio, la infraestructura, la información y los recursos para posibilitar la construcción de capacidades afines con los objetivos de defensa propuestos por Estados Unidos, todo ello con la anuencia de los poderes ejecutivo y legislativo peruanos. En lo que a la asistencia para la seguridad se refiere, se incluyeron programas o actividades como la provisión de artículos de defensa, entrenamiento militar, ejercicios tácticos, tareas de inteligencia y otros servicios relacionados con la defensa.

De igual modo, el gobierno peruano tuvo contactos e incluso recibió a altos funcionarios militares estadounidenses. Destaca, en esta dirección, la visita realizada a Perú en septiembre de 2023 por la jefa militar del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, con el anunciado objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales en materia de defensa. Entre los temas acordados resalta la colaboración para enfrentar organizaciones criminales y el despliegue de efectivos militares estadounidenses en algunas zonas del país andino.

La realización de ejercicios militares ocupó un lugar central en los vínculos de Estados Unidos y Perú durante el año 2023. El Ejercicio Militar Internacional ‘’Resolute Sentinel 2023’’, que se desarrolló en distintas regiones peruanas, contó con la coordinación entre la embajada de Estados Unidos en Lima y la cartera de defensa de Perú. Para la Fuerza Aérea estadounidense este ejercicio representó una prueba de campo, con entrenamientos de combate y operaciones civiles y militares que implicaron la participación de centenares de efectivos.

El aumento de la presencia militar estadounidense en Perú ha sido justificado, desde ambos gobiernos, por la ‘’necesidad de salvaguardar la democracia y garantizar la seguridad’’ en el país. En medio de un contexto nacional signado por revueltas, huelgas y manifestaciones populares contra los poderes políticos en Perú, el Congreso aprobó, a propuesta de la presidenta, la entrada al país de efectivos militares estadounidenses. Ello se llevó a cabo anunciando elevar la seguridad nacional y regional, proteger la democracia, brindar entrenamiento a las fuerzas del orden en Perú y elevar la capacidad de respuesta ante desastres naturales. También se esgrimió que forma parte de la lucha contra el denominado narcoterrorismo. Debe tenerse en cuenta que este término es usado en las líneas discursivas de seguridad estadounidense para referirse a la asociación entre grupos narcos o mafias del narcotráfico con grupos insurgentes armados o, simplemente, grupos terroristas.

De particular importancia en el análisis de este proceso es el caso de la región de VRAEM, siglas que se refieren al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, una zona caracterizada por la creciente criminalidad, el narcotráfico, altos índices de pobreza y su focalización como zona asociada al narcoterrorismo. El gobierno estadounidense y sus expertos en seguridad radicados en Perú han impulsado la retórica de redefinición de la frontera interna de la guerra contra las drogas, aludiendo a una reedición de la «amenaza» narcoterrorista. Esta perspectiva del problema favorece la estigmatización y criminalización de la resistencia social, el avance de la militarización de los territorios y el logro de un consenso político en torno a la «necesidad» de asistencia en materia de defensa y seguridad (Laitman, 2020).

Desde las instituciones estatales peruanas, sobre todo desde el Ministerio de Defensa e Interior, y desde los grandes medios de comunicación y ONGs financiadas por EEUU, como CEDRO e InfoRegión (Cabieses, 2008), se utiliza el concepto de «guerra interna», que va replicándose en otros países de la región, como argumento para justificar la permanencia de una estructura militarizada en el VRAEM. (Laitman, 2020). Durante el año 2023, bajo la presidencia de Dina Boluarte, esta situación ha tendido a profundizarse.

El fortalecimiento de los vínculos militares entre los gobiernos estadounidense y peruano en el año 2023 resulta, en última instancia, en un orden de cosas que favorece la dependencia del país andino con respecto a Estados Unidos. La asistencia militar hacia Perú, así como los programas de cooperación, permean la debida independencia de los órganos militares peruanos, constituyen una vía para el adoctrinamiento del Ejército y profundizan la creación de dependencias técnico-militares.

En un contexto regional marcado por la inestabilidad política, la creciente presencia de actores extrarregionales (especialmente China) y la relativa pérdida de hegemonía de Estados Unidos a nivel global y local, el fin del gobierno progresista de Pedro Castillo, el ascenso de la derecha en Perú y el establecimiento de un gobierno pro estadounidense como el de Dina Boluarte, han permitido un incremento notable y sostenido de la presencia militar estadounidense en la nación suramericana y, extensivamente, en esta estratégica región.

Referencias bibliográficas

Cabieses, H. (2008). En defensa del VRAE y sus gentes. Revista Quehacer, DESCO, (172).

Delgado, G. C. & Romano, S. M. (2010). Economía política de la seguridad interna en América Latina: transferencia de excedentes, «narco-insurgencia» y control social. Revista Espacio Crítico, (13), 28-45. Recuperado de  http://www.espaciocritico.com/sites/all/files/revista/recrt13/n13_a02.pdf

El Espectador, (2022). Las reacciones de Colombia, EE. UU y la región tras la destitución de Castillo.

Laitman, B. T. (2020). La militarización low profile de Estados Unidos en el Perú: «narcoterrorismo» y desastres naturales.

Paucar,  L.  (2023).  El  operativo  militar  de  Estados  Unidos  en  Perú  busca contrarrestar presencia de China y Rusia en la región.

Vijay, P. & Llerena, J.C. (2022). Estados Unidos y su rol en el golpe de estado a Pedro Castillo. Revista Peoples Dispatch.

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