DEMOCRACIA A LO U.S.A.

Crédito: Thomas Hawk en Flickr

Estados Unidos es paradigma de democracia y faro del mundo. Dios los escogió y les dio la misión de exportar los valores de su democracia al resto del mundo. Al menos, así lo cree la mayoría de los estadounidenses. Bajo estas premisas, todos sus gobernantes, unos tras otros, se han dedicado, en cruentas y “justas” contiendas, que en tiempos más recientes se expresa en la lucha contra el comunismo y el totalitarismo, a inmiscuirse en otras tierras y reprimir a sus pueblos, a sangre y fuego cada vez que fue necesario, procurando recomponerlos a su imagen y semejanza, aunque sólo una minoría comprenda que detrás de esa “sacrosanta y noble misión” se oculta la verdad preñada de egoístas intereses que sólo procuran la grandeza de sus bienes materiales.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene un Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL por sus siglas en inglés) cuya misión oficial es “promover la democracia y proteger los derechos humanos en todo el mundo”. Su función es “apoyar programas que defiendan los principios democráticos, y ayudar y fortalecer instituciones democráticas, así como promover los derechos humanos”.

El DRL tiene un programa titulado Promoting Democracy and Human Rights in Cuba (Promoviendo la Democracia y los Derechos Humanos en Cuba), que tiene entre sus objetivos “promover la libertad de asociación y la libertad de expresión”. Bajo esta altruista frase se lleva a cabo un programa subversivo que sólo pretende rendir al pueblo cubano por hambre para que se subleve y derroque la revolución y el socialismo en la Isla. El 22 de marzo del presente año, el Congreso norteamericano aprobó un presupuesto de 25 millones de dólares para “promover la democracia en Cuba” (léase la subversión en Cuba), cifra que representa un 25% de aumento en relación con el pasado año, y otros 25 millones para Radio y TV Martí.

Los acontecimientos del 11 de julio de 2021 en Cuba dieron pie para que el gobierno de los Estados Unidos se proyectara con toda la fuerza de sus maquinarias política y de propaganda, atacando a la Revolución por sus supuestas acciones antidemocráticas que coartaban las libertades y los derechos humanos de sus ciudadanos. El presidente Biden condenó las “detenciones masivas y las injustas condenas contra los que se atrevieron a reclamar sus derechos” y anunció que impondrían nuevas sanciones. El Departamento del Tesoro anunció que tomaría medidas represivas contra los funcionarios responsables de “violencia, opresión y violación de los derechos humanos contra los pacíficos manifestantes”.

El Congreso por su parte aprobaba sendas resoluciones en el Senado y la Cámara de Representantes, la S.Res 303 y la H.Res 534, solidarizándose con los “pacíficos manifestantes que reclamaban libertades fundamentales”, y condenando al “régimen represor”. Incontables declaraciones de este corte por parte de funcionarios de la Administración Biden y de congresistas, especialmente los de origen cubano, vieron la luz durante las semanas y meses posteriores al 11 de julio.

En anterior trabajo de este autor titulado “¿Existe Democracia en Estados Unidos?”, de febrero 2022, se demostraba porqué en la actualidad no pueda hablarse de un sistema democrático en Estados Unidos, ya que no son los intereses del pueblo los que el sistema toma en cuenta, sino el de los ricos y millonarios, por lo que el sistema en realidad es una plutocracia; y que cuando hoy en día se dice que la democracia en los EE.UU. está en peligro, en realidad lo que está en peligro es el sistema de reglas y prácticas que garantizan, mediante el bipartidismo y las elecciones, la legalidad e igualdad de oportunidades a los diferentes grupos de la élite económica del país.

En días recientes se tuvo conocimiento de un hecho que ratifica una vez más la falacia de la democracia norteamericana. Esta vez la evidencia llegó nada menos que de la Corte Suprema de Justicia, el órgano supremo del Poder Judicial, uno de los tres pilares en los que conjuntamente con los poderes Ejecutivo y Legislativo, descansa el sistema político estadounidense. Corte Suprema compuesta por nueve jueces nombrados de por vida por los presidentes de la nación, y que precisamente en la actualidad tiene la composición más conservadora desde los años 30 del pasado siglo, con seis jueces conservadores; uno nombrado por George H. Bush, dos nombrados por George W. Bush y tres nombrados por Donald Trump, por sólo tres jueces liberales.

Es la misma Corte Suprema que restituyó el derecho de las personas a portar armas de fuego fuera de sus casas, echando por tierra una ley del estado de New York que establecía requerimientos para ello, y que más tarde, en una decisión mucho más grave aún, revertió el derecho constitucional al aborto garantizado desde 1973 por la ley conocida como Roe v Wade, propinando un golpe mortal a ese derecho alcanzado por la mujer en los EE.UU. 50 años atrás.

Hace muy pocos días, el 14 de abril, la Corte Suprema tomó un acuerdo que de hecho abole el derecho de las masas a protestar en tres estados de la Unión, Louisiana, Mississippi y Texas. La decisión del Órgano Supremo deja vigente una decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que plantea que quien organiza protestas encara potenciales consecuencias de ruina financiera si uno solo de los manifestantes comete un acto ilegal.

Esta decisión está basada en el hecho de que durante una manifestación en Baton Rouge en 2016, organizada por DeRay McKesson, un prominente líder del movimiento Black Lives Matter, para protestar por la muerte a tiros de Alton Sterling a manos de un policía, alguien lanzó una piedra que golpeó en la cara a un policía ocasionándole serias lesiones.

La decisión de la Corte de Apelaciones y la ratificación de esta por la Corte Suprema, en la práctica elimina el derecho de organizar protestas, ya que nadie estaría dispuesto a hacerlo si con ello corre el potencial peligro de enfrentar su ruina financiera, pues es imposible controlar con absoluta seguridad que ningún miembro de la manifestación pueda cometer un acto ilegal, por mínimo que sea. Además, tratándose de una decisión de la Corte Suprema de Justicia del país, de hecho da luz verde para que otros estados puedan decidir acogerse a esta decisión.

La Corte Suprema ha echado por tierra la muy cacareada Primera Enmienda que garantiza, entre otras cosas, el derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente. Una vez más la verdadera esencia de la “democracia” estadounidense ha quedado al desnudo.

Referencias Bibliográficas

Treasury Sanctions Cuban Police Force and its Leaders in Response to Violence Against Peaceful Demonstrators, U.S. Department of Treasury, 30/7/21.

Statement by President Joseph R. Biden Jr. on Continuing Crackdown in Cuba, Washington Post, 22/7/21.

U.S. Congress Chairman Díaz-Balart Statement on Passage of the Fiscal Year 2024 Appropiation Legislation for the Six Remaining Funding Bills, Press Release, 22/3/24.

Nuevas Operaciones de EE.UU. contra Cuba Revelan su Injerencismo, Granma, 13/4/24.

Menéndez aplaude anuncio de la Administración Biden de aumentar sanciones selectivas contra funcionarios del régimen cubano. Comité de Relaciones Exteriores del Senado, 22/7/21.

¿Existe Democracia en los Estados Unidos?, Carlos Ciaño Zanetti, Cuadernos de Nuestra América, febrero 2022.

The Supreme Court effectively abolishes the right to mass protest in three states, Ian Millhiser, VOX, 15/4/24.

DRL Promoting Democracy and Human Rights in Cuba/UD Department of State.

US Raises Millions-Worth Funds for Plans Against Cuba, Cuba/Minrex, 25/3/24.

El Partido Republicano y su Dossier Antidemocrático, Carlos Ciaño Zanetti, Julio 2022.