Fuente: Prensa Latina

La utilización como pretexto de un supuesto vínculo con el comercio ilegal de estupefacientes para tomar acciones de fuerza contra los gobiernos de México y Venezuela por parte de Estados Unidos concita no sólo el rechazo político, sino la aclaración de ciertos antecedentes que la parte estadounidense esconde, o pretende ignorar selectivamente.

En momentos en que se declara una supuesta lucha contra los cárteles, se les cataloga como organizaciones terroristas y se responsabiliza directamente a los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente Nicolás Maduro con acciones de algunos de esos grupos para justificar el desplazamiento de fuerzas militares en el Caribe, es importante también contra-atacar la “narrativa” que pretende sustentar tal discurso.

En el caso específico de México puede citarse entre muchas otras fuentes la investigación realizada por Sean Campbell y Topher L. McDougal y publicada de forma parcial en el sitio theconversation.com el 28 de mayo de este año, que concluye que la mayoría del armamento ligero y pesado que utilizan los traficantes mexicanos para enfrentar a las autoridades de su propio país provienen de Estados Unidos.

Utilizando los datos publicados por el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, ambos autores establecieron una conexión con la información brindada por las agencias mexicanas sobre las armas incautadas en las operaciones antidrogas. Uno de los resultados de la pesquisa indica que entre el 2015 y el 2023 los datos de unas 185 000 armas incautadas durante operaciones policiales en territorio mexicano fueron enviados a la ATF para realizar su trazabilidad con fabricantes estadounidenses. Se logró precisar que alrededor de 125 000 de ellas fueron producidas en el vecino del norte. Además, se estableció que sólo en el 2022 unas 135 000 armas (de diversos orígenes) fueron traficadas a México en la frontera común.

Estos autores y muchos otros especialistas estadounidenses concluyen que las condiciones para tal tráfico están creadas por la cantidad de normas legislativas que se han aprobado en Estados Unidos para facilitar el comercio de armas, bajo el activismo político y financiero de la llamada Asociación Nacional del Rifle. Paradójicamente, este grupo de presión ha financiado de forma generosa las campañas de reelección del único miembro del gabinete de Trump que tiene experiencia legislativa anterior como senador, el mismo que ahora encabeza los ataques contra México y Venezuela.

Según los autores antes citados, este flujo ilegal de armamento se utiliza también por los traficantes de personas que llegan a la frontera sur de Estados Unidos de forma irregular, comercio que el actual gobierno estadounidense se propone detener y revertir.

Ante quienes utilizan la existencia de tales cárteles como justificación para amenazar la soberanía mexicana, debería resultar significativo que en lo que va de año las autoridades de ese país han entregado a sus pares estadounidenses a un total de 55 directivos de dichas organizaciones criminales. En febrero fueron 29 personas acusadas de diversos crímenes (asesinato, extorsión, lavado de dinero) relacionadas con el narcotráfico y en agosto otras 26, de aquellas mismas organizaciones que Estados Unidos clasifica ahora como grupo terroristas internacionales.

Cabría preguntar por adelantando si el sistema judicial estadounidense compartirá con sus pares mexicanos la información que extraiga de dichas investigaciones, o la utilizará para favorecer el negocio de aquellos grupos que tienen alguna vinculación con la actual cúpula de poder. Vale recordar que cuando las autoridades estadounidenses procedieron a investigar (2016) a la compañía brasileña Constructora Odebrecht por fuertes sobornos a autoridades de diversos países a cambio de valiosos contratos, encontraron o fabricaron “evidencias” solo en aquellos casos que resultaban útiles para proceder contra autoridades “no amigas”, mientras que no localizaron ni una sola huella de actuación irregular en el estado de la Florida, donde radicaba el principal emporio del Odebrecht estadounidense. Por cierto, la investigación se realizó cuando ya el único miembro del equipo de Trump con antecedentes en el legislativo representaba a aquel estado como senador.

Por su parte, las autoridades venezolanas se dirigieron a inicios del 2025 a las agencias federales estadounidenses que manejan el caso del desfalco multimillonario que propiciaron los miembros del “gobierno en la sombra” (Guaido boys) fabricado en Washington en el 2019, para atentar contra la soberanía venezolana y que terminaron utilizando para su lucro personal tanto los fondos de la empresa petrolera venezolana CITGO (5 000 millones), como el presupuesto de la estadounidense USAID (700 millones) aprobado para propiciar el “cambio de régimen” en Caracas.

Para ser precisos habría que recordar que este entramado contra Venezuela tenía un sello personal del entonces asesor de Inseguridad Nacional John Bolton, el mismo que ahora está en decadencia ante las fauces trumpistas, que le han retirado la protección de seguridad y hasta han efectuado registros en su residencia. Pero fue el entonces senador por la Florida y actual Secretario de Estado quien buscó espacio al “representante” de Guaidó en Washington en el plenario de la Cámara de Representantes para escuchar el discurso del Estado de la Unión pronunciado por Donald Trump en el 2019 justo frente a sus narices.

Ambos tuvieron una actuación relevante tanto en la construcción y funcionamiento del llamado Grupo de Lima para atentar contra Venezuela desde la OEA, como para lograr la participación personal de presidentes de varios países miembros en la provocación organizada entonces en la frontera común con Colombia. Sólo uno conserva todavía el respaldo del Trump supremo. Paradójicamente al ex senador lo nombraron bajo el actual gobierno también al frente de la USAID, para tratar de eliminar sus “prácticas inconsistentes” identificadas por Elon Musk y su DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental). Sin embargo, no se ha vuelto a hablar del tema.

En el caso de Venezuela, las acusaciones sobre la supuesta actividad de grupos ilegales vinculados al narcotráfico forman una criatura que ha nacido sin embarazo previo, pues las agencias estadounidenses especializadas en el tema no han incluido en sus informes anuales ninguna referencia al tema.

El tema del narcotráfico ha sido un asunto muy recurrente en el entorno del exsenador, que en algún momento también será exsecretario.

Nació en 1971 en una ciudad (Miami) que ya se beneficiaba del comercio del Sur de Estados Unidos con el Caribe, del turismo hacia y desde la región y que poco a poco se transformaría en gran urbe, a partir de convertirse en la gran puerta de entrada de la cocaína y otros estupefacientes.

En esa década ya tenía lugar lo que se denominaba como “Miami drug war”, a partir de acciones protagonizadas por agencia federales para intentar controlar el tráfico, pero también por la violencia ejercida por grupos que pretendían dominar la empresa. Es alrededor de 1975, cuando la importación de estupefacientes dejó de estar controlada por la llamada “Cuban mafia”, para pasar a manos del cartel de Pablo Escobar con la entrada en pantalla del Cartel de Medellín.

Este tránsito se reflejó en muchos textos de la llamada gran prensa estadounidense, entre otros en el reportaje especial para el New York Times de George Volsky, titulado Killings in Florida over drugs on rise, del 22 de julio de 1979. Para la fecha ya el 30% de los homicidios violentos en Miami (349) estaba relacionado con el comercio de drogas. Al año siguiente las cifras se duplicaron. Por aquel entonces se acuñó la frase, que después ha sido muy utilizada contra terceros, de que la ciudad constituía un “estado fallido”, pues llegó a contar con la tasa de criminalidad per cápita más alta en todos los Estados Unidos.

Antes y no después de la ocurrencia del flujo migratorio que se originara en el puerto del Mariel, Cuba (1980) ya estaba establecido el término Cocaine Cowboys en la ciudad y su alcalde, Maurice Ferré daba la bienvenida al influjo de capital que se depositaba súbitamente en los bancos existentes y en los de nueva creación, que poco a poco fue “lavándose” en la gran burbuja inmobiliaria de la ciudad.

Parte de la bibliografía que refleja aquellos hechos identifica como los principales protagonistas del término Cocaine Cowboys a Salvador Magluta, quien abandonó Cuba a la edad de siete años como parte de la operación Peter Pan en 1961 y a Guillermo Falcón, quien también emigró desde la Isla a temprana edad. Ambos fueron procesados entre mediados de los años 90 y el 2000, encontrados culpables y condenados a una larga estancia en prisión.

Y qué tienen que ver estos datos con el tema que aborda el presente texto? Pues en un extenso artículo de la periodista Ann Louise Bardach, publicado en la revista Político a finales del 2015 (titulado Prodigal Son, Marco Rubio complicated Cuban Legacy) se explican muchas interesantes escenas de aquella época, a la vez que se corrigen falsedades descritas en la historia oficial del senador. Pero uno de los datos más interesantes que aporta el texto es que se afirma que hubo un importante tercer miembro de los Cocaine Cowboys que no era nombrado frecuentemente, el Sr Mario Tabraue.

Este individuo y su padre Guillermo (mercenario de Playa Girón) fueron detenidos en la llamada Operación Cobra (1987) acusados de haber vendido un aproximado de 75 millones de USD en marihuana y cocaína. Entre los detenidos se encontraba otro ciudadano de origen cubano nombrado Orlando Cicilia, quien era entonces cuñado del adolescente Marco Rubio (esposo de la hermana Bárbara).

El hecho habría sido intrascendente para su futuro político, si Orlando no  hubiera acompañado a su pariente en las celebraciones públicas por haber resultado electo Speaker de la Cámara de la legislatura de la Florida en el 2006 y después de su victoria como senador federal en el 2010. Incluso, aparecer en ambas series de fotos también pudo ser irrelevante, si la inclusión de aquellas   en un reportaje de la cadena Univisión en el 2011, no se hubiera utilizado como excusa para que tanto Rubio como su amigo entrañable (y el más corrupto miembro de la Cámara de Representantes hasta la fecha) David Rivera protagonizaran acciones partidistas y públicas contra el emporio mediático latino, pidiendo la expulsión del periodista que generó el reporte y de sus principales directivos.

La larga historia de corrupción del dúo Rubio-Rivera en la legislatura estadual puede ser conocida en el artículo Marco Rubio’s Ties to Sketchy Businesses, Drug Dealing and Ponzi Schemes, publicado por The Observer a inicios del 2016.

Los Cocaine Cowboys que sobrevivieron la detención de Cicilia y sus jefes hicieron importantes contribuciones financieras durante los años 90 a los planes de la CIA para atentar contra Cuba y específicamente contra la vida de sus dirigentes. Este tema salió a flote cuando Guillermo Falcón cumplió su condena y se consideró que podría ser deportado a Cuba. La historia fue reflejada entre otros en el artículo Cocaine cowboys ´Willie and Sal´ made fortune, then financed CIA-run exile ops to kill Fidel Castro, publicado el 4 de octubre del 2017 en el Miami Herald.

Estos hechos y muchos otros generaron lo que se ha dado en llamar como la Cultura de las Drogas en el Sur de la Florida, específicamente conectada con la ciudad de Miami, quizás para todo el condado Miami-Dade. La saga de ese fenómeno se vió reflejada en películas como Scarceface (Cara Cortada, 1983), el serial Miami Vice (Vicio de Miami, 1984-1989), las dos partes de los films Cocaine Cowboys (2006) y (2008); más la docuserie Cocaine Cowboys: The kings of Miami (2021). El impacto en la literatura, en el teatro y en otras manifestaciones culturales es igualmente amplio.

Según el Departamento de Niños y Familias de la Florida: “Si bien el tráfico de cocaína definió el pasado de Miami, la cultura de las drogas actual es más diversa y compleja. Drogas sintéticas como el fentanilo y el MDMA han cobrado fuerza, con consecuencias devastadoras”.

Coincidiendo con el ascenso a la política del senador-secretario-acusador tuvo lugar un nuevo giro cualitativo en el consumo de drogas en su estado natal. Según la publicación mensual South Florida Hospital News: “Una epidemia ha azotado Florida. En 2007, el abuso de medicamentos recetados cobró la vida de hasta nueve personas al día. Además, un total de 8 620 floridanos fallecieron a causa de muertes relacionadas con drogas, y la cifra siguió aumentando en 2008, (…) Florida alberga a los veinticinco principales prescriptores de oxicodona del país, según la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos”.

Es decir, surgió y se desarrolló un narcotráfico distinto, podemos llamarle de cuello blanco, frente al cual la legislatura local floridana hizo poco, o absolutamente nada.

Al respecto, el diario Tampa Bay Times publicó en el 2018 los resultados de una amplia investigación realizada por el Palm Beach Post en un artículo titulado “Los legisladores de Florida, incluido Marco Rubio, desencadenaron la crisis de heroína en Estados Unidos”. Como parte del texto se afirmaba que: “Su incapacidad para actuar alimentó el apetito de la nación por las pastillas, lo que empeoró aún más la crisis de heroína cuando Florida finalmente tomó medidas enérgicas en 2011”. Es decir, cuando ya el Speaker de la Cámara local había pasado a ser senador federal.

En el nuevo escenario, Rubio comprendió rápidamente que el poderoso grupo de lobby denominado Big Pharma sería un acompañante fiel en sus caminos de ascenso político.

Su compromiso con el grupo de poderosas empresas farmacéuticas lo llevó en el 2022 a apoyar un proyecto de ley que dejaría sin efecto una decisión anterior que regulaba el precio de los medicamentos para los beneficiarios de programas sociales como el Medicaid y Medicare.

Según el fundador de la asociación del grupo Pacientes por Medicamentos Asequibles Ahora: “El senador Rubio está priorizando a las grandes farmacéuticas por encima de los pacientes, buscando revertir las disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación que reducirán los costos para cientos de miles de floridanos y que cuentan con el apoyo de casi el 80 por ciento de los estadounidenses, incluidos siete de cada 10 republicanos”.

Desde el pedestal que le ofrece la Secretaría de Estado, el ahora funcionario oriundo de Miami pretende utilizar el argumento del narcotráfico para agredir la soberanía de terceros, para crispar multitudes y unir voluntades. Pero una simple rasgadura a la empaquetadura de sus argumentos, también a su biografía y al historial de su entorno puede reducir el volumen de sus alaridos.