I- Presidencia Imperial-Presidente Emperador

El término de presidencia imperial con el que calificamos la presidencia de Donald Trump, no es nuevo. En su libro La Presidencia Imperial, editado en 1973, su autor, Arthur Schlesinger Jr., al explicarla, nos dice que, a lo largo de la historia de Estados Unidos, la presidencia se apropió gradualmente de una autoridad que excedía la que le otorgaba la Constitución, lo que resultó en una erosión simultánea de la autoridad del Congreso.

Michael Sozan y Ben Olinsky en su trabajo sobre los primeros 100 días de Trump, “Creating an Imperial Presidency that Harms Americans” plantean que Trump está implementando agresivamente un plan multifacético de extrema derecha para crear una presidencia imperial, ignorando la Constitución de Estados Unidos y las leyes federales, rompiendo las barreras establecidas para proteger el sistema de pesos y contrapesos, y utilizando el poder del gobierno para reprimir la disidencia. Los autores consideran que este intento inconstitucional de convertir la presidencia en una autocracia irresponsable ha llevado a Estados Unidos al borde del autoritarismo.

En octubre de 2024, Sozan y Olinsky publicaron otro trabajo titulado “El Proyecto 2025 destruiría el sistema de controles y contrapesos de EE. UU. y crearía una Presidencia Imperial”. Los autores afirman que este manual de estrategias de extrema derecha que es el Proyecto 2025 presentó una hoja de ruta detallada para que un presidente sin restricciones consolidara su supremacía política e impusiera una agenda radical. Para los autores, muchas de las propuestas del informe ya se han cumplido, y estiman que la administración Trump ha desplegado un esfuerzo contundente y bien engrasado, con una velocidad vertiginosa, para lograr —e incluso superar— la “Segunda Revolución Estadounidense” imaginada por los autores del Proyecto 2025.

Por su parte, Elizabeth N. Saunders, en su trabajo Imperial President at Home, Emperor Abroad, publicado en junio de este año en la revista Foreign Affairs, dice que el Congreso y la Corte Suprema permitieron que el Ejecutivo se acrecentara enormemente en administraciones anteriores, pero ciertas barreras aún se mantenían. La incapacidad del Congreso para exigir responsabilidades a Trump por la insurrección del 6 de enero y la decisión de la Corte Suprema en 2024 de otorgar a los presidentes una inmunidad generalizada, destruyeron las restricciones restantes. La presidencia estadounidense ha sido imperial durante mucho tiempo. Pero no fue hasta el segundo mandato de Trump que un presidente intentó realmente actuar como un emperador.

Mientras que Pedro Rodríguez, en “La Presidencia Imperial de Donald Trump”, publicado el 6 de junio de este año, plantea entre otras cosas, que con la maximización del poder ejecutivo a costa del judicial y del legislativo, el presidente Donald Trump ha generado una crisis sin precedentes en la historia constitucional de Estados Unidos.

Como refieren en sus respectivos trabajos los citados autores, durante casi un siglo, tanto presidentes demócratas como republicanos, han procurado acumular más poder, y con pocas excepciones lograron socavar la influencia del Congreso. Lo diferente ahora es el grado de desdén que Trump ha mostrado por el Congreso, su premura y agresividad en doblegar y someter a su antojo legislaciones y prácticas vigentes, y la elevada disposición de los republicanos a ceder ante él, atentando contra los poderes que la Constitución les otorga.

Para lograr sus objetivos Trump ha adoptado una filosofía de gobierno muy conveniente: “Estados Unidos es una nación en crisis”. Ello le está permitiendo, declarar estados de emergencias para enfrentar “las crisis”, y lo hace constantemente cada vez que necesita violentar las leyes para solucionar el asunto que sea y aprovechando que existen leyes que otorgan a los presidentes amplios poderes para enfrentar situaciones de emergencia. Por ese camino ya ha declarado estados de emergencias en cerca de una docena de ocasiones. De esta forma ha impuesto tarifas, ha deportado emigrantes, ha enviado a la Guardia Nacional a varios estados, ha reasignado fondos previamente asignados por el Congreso, y ha cerrado agencias federales, entre otras decisiones que no corresponden al Ejecutivo.

La emisión de órdenes ejecutivas es un recurso utilizado de manera creciente por los presidentes para evitar recurrir a la aprobación del Congreso, mecanismo este que, debido a la extrema polarización política, se hace cada vez más dilatado y difícil. En su empeño por apurar su agenda conservadora, Trump ha estado recurriendo a ella constantemente; 140 en los primeros 100 días en el cargo.

Pero ha emitido órdenes ejecutivas de dudosa legalidad, y muchas de ellas han sido cuestionadas en tribunales por organizaciones civiles, sindicatos, e incluso ciudades. Órdenes ejecutivas cuestionadas y momentáneamente revertidas por las cortes hasta que instancias superiores tomasen la decisión final, son entre otras:

• Fin de la ciudadanía por nacimiento
• Suspender el programa de refugiados
• Bloquear la financiación federal para las ciudades santuario
• Facilitar el despido de empleados federales
• Crear el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)
• Desmantelar el Departamento de Educación
• Cerrar la Voz de América y otras emisoras radiales
• Poner fin a la negociación colectiva para muchos trabajadores federales

De hecho, han sido sólo los jueces, sobre todo los de cortes distritales, los únicos funcionarios que se han enfrentado consistentemente a las ambiciones imperiales de Trump.

Dos de los principales objetivos políticos de la agenda conservadora de la administración Trump, la imposición de aranceles y la expulsión de emigrantes, constituyen ejemplos de cómo funciona una presidencia imperial.

Los aranceles

La Constitución otorga al Congreso la facultad de regular el comercio exterior, imponer aranceles y recaudar ingresos. El Congreso ha promulgado desde hace tiempo leyes que autorizan al Presidente a ajustar los aranceles en determinadas circunstancias, y los tribunales, en general, han confirmado estas leyes frente a recursos de inconstitucionalidad. Pero la Administración Trump ha utilizado algunas de estas facultades para imponer o aumentar aranceles a las importaciones de la mayoría de los países.

En abril de 2025 el presidente Trump impuso lo que él caracterizó como aranceles “recíprocos” de al menos el 10% a las importaciones de casi todos los socios comerciales de EE. UU., y aranceles más altos a las importaciones de más de 50 países. Como base para estos aranceles, Trump proclamó una emergencia nacional relacionada con una “falta de reciprocidad en nuestras relaciones comerciales bilaterales”.

Un tribunal de distrito determinó que Trump se extralimitó en su autoridad al imponer la mayoría de sus aranceles en virtud de una ley federal diseñada para emergencias. Los jueces de la Corte Suprema decidieron dar rápida atención a la apelación del Departamento de Justicia, y el 9 de septiembre, acordó decidir a favor de la legalidad de los amplios aranceles globales de Trump, en lo que constituye una de las más audaces reivindicaciones de poder ejecutivo.

La expulsión de emigrantes

En otro caso en que Trump proclamó una emergencia lo hizo para lograr sus objetivos de detener y deportar emigrantes. Para ello Trump invocó la Ley de enemigos extranjeros (Alien Enemies Act)que otorga al presidente de Estados Unidos amplios poderes para ordenar la detención y deportación de enemigos extranjeros. Esta es una ley que fue aprobada en 1798 cuando Estados Unidos creía que entraría en guerra con Francia, y ha sido invocada con anterioridad solo en tres ocasiones: cuando la guerra de 1812 contra Gran Bretaña y durante la Primera y la Segunda guerras mundiales.

La ley establece que “siempre que haya una guerra declarada […] o se perpetre, intente o amenace con cualquier invasión o incursión depredadora” contra los EE. UU., todos los “súbditos de la nación o gobierno hostil” podrán ser “aprehendidos, restringidos, asegurados y eliminados como enemigos extranjeros”.

Aunque un juez determinó que no podía utilizarse esta ley con los fines que lo estaba haciendo la Administración, luego de examinado el caso a diferentes niveles del poder judicial, la Corte Suprema determinó que la Administración no podía deportarlos sin darle la oportunidad de exponer y defender sus casos. Trump dijo que no era posible llevar todos los casos a las cortes, pues serían necesarios al menos 200 años para ello. Posteriormente la Corte Suprema ha cedido a los reclamos de Trump permitiéndole la deportación de emigrantes, incluso a terceros países.

El 20 de febrero de este año Trump dio la orden al Departamento de Estado de designar a 8 organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales, y ordenó al Pentágono utilizar a las fuerzas armadas contra dichas organizaciones. La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles. Trump ha declarado a Estados Unidos como “país ocupado” y “sometido a una invasión”.

Otra medida que prueba el desdén de Trump por todo lo que no se avenga con sus objetivos políticos, fue su decisión de desconocer el programa de parol del ex presidente Biden, que otorgó entrada legal al país y residencia a miles de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, declararlos ilegales y comenzar a expulsarlos del país. Recientemente una corte de apelaciones revertió la decisión de una corte de distrito y determinó que Trump podía legalmente poner fin a la protección de estos. Otra importante victoria para el presidente.

Calificar a Trump como presidente emperador, no es resultado sólo de que probablemente haya logrado apropiarse de más poder que sus antecesores, o por la agresividad mostrada en someter legislaciones y prácticas vigentes. Trump se comporta como un verdadero emperador.

En ello influye su personalidad arrogante, prepotente y autoritaria, su intolerancia hacia todo aquello que se interponga en su camino, su espíritu vengativo y su agresividad al atacar a todo el que no se pliegue ante sus demandas o se oponga a sus designios, tanto en el plano de las relaciones internacionales como en el ámbito doméstico.

Para ello no escatima en el uso de amenazas y sanciones. La separación de puestos de trabajo, las demandas ante tribunales, las persecuciones y las declaraciones calificando como terroristas a organizaciones con ideologías liberales o de izquierda, en el ámbito interno, y la aplicación de altas tarifas y las negaciones de visa o retirada de estas, en el caso de sus enemigos o adversarios externos, son el tipo de sanciones que con mayor frecuencia utiliza.

La imposición a la India de un 25% extra en tarifas, elevando dicha suma al 50%, por comprar petróleo ruso, con la justificación de que con ello ayudaba a Rusia en su guerra contra Ucrania, pero con el propósito real de obligar a la India a comprar petróleo a Estados Unidos, no sería jamás una práctica propia de un presidente en tiempos modernos, sino más bien la de un emperador en la antigüedad.

En otra acción de corte más imperial aún Trump impuso a Brasil un 40% extra de tarifas, elevando estas al 50%, por llevar a juicio al ex presidente Jair Bolsonaro por su intento de golpe de estado y complot para asesinar al presidente electo Lula. Ante las pruebas irrefutables, Bolsonaro fue declarado culpable y condenado, pero Trump lo considera su amigo, y sencillamente, sin prueba alguna de ello, ha dicho que se trata de una cacería de brujas, así que decidió además sancionar a los que lo llevaron a juicio y a los que le condenaron, negándole visas de entrada a Estados Unidos. Al respecto, el presidente Lula declaró que Trump actúa como si fuera emperador del planeta, y que él es presidente de Estados Unidos, no emperador del mundo. También acusó a Washington de haber impuesto aranceles a los productos de Brasil de forma unilateral sobre la base de mentiras.

Y aunque mentir no es potestad exclusiva de los emperadores, en el caso de Trump no debe olvidarse que la mentira es un recurso de primer orden para justificar algunas de sus acciones o imponer sus designios. Basta con recordar que, según el Washington Post, durante su primer mandato se le contaron 30 573 afirmaciones falsas o engañosas, para un promedio record de 21 mentiras por día.

Entre los sancionados con negación de visas está Cuba por su programa de colaboración médica con otros países, e incluso también funcionarios de países receptores de esta colaboración, con el propósito continuado de afectar económicamente a los cubanos y tratar de rendirlos por hambre.

En el ámbito doméstico ha dejado sin sus empleos a numerosos funcionarios que en algún momento participaron en investigaciones en alguna de las varias causas penales a las que fue sometido, acusado por diversos delitos. También a fiscales y abogados. Varios periodistas que le han criticado también fueron perseguidos y dejados cesantes, y algunos órganos de prensa, tanto escrita como de televisión han sido demandados, y en algunos casos han debido llegar a arreglos con él pagándole sumas millonarias.

Trump ha llegado al extremo de pedir al Departamento de Justicia tomar medidas contra sus adversarios, hecho que hizo exclamar al líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, que medidas como esa conducen al país a una dictadura.

En días recientes Trump despidió a un fiscal de Virginia que determinó que no había suficiente evidencia para procesar al ex director del FBI James Comey. El fiscal fue reemplazado por un fiscal trumpista quien rápidamente convenció a un gran jurado de procesarlo. Al respecto, en un editorial de septiembre 27, The NewYork Times decía sobre Trump: “Su postura fundamental es que la ley en sí misma carece de sentido, que debería poder quebrantarla cuando le plazca y usarla como arma partidista. Sin embargo, casi ningún republicano electo se ha pronunciado en contra de la manipulación del poder judicial por parte de Trump. Trump está amenazando el tejido social de nuestra sociedad. El abuso del poder para encarcelar a personas es singularmente escalofriante en una sociedad libre. Nuestro país ha entrado en un nuevo y grave período de injusticia.”

Esta acción ha desatado el pánico entre muchos que consideran que Trump va a actuar de la misma forma contra cualquiera. El representante por Ohio, Greg Landsman dijo, que el procesamiento a Comey demuestra que nadie está a salvo. Según Axios, algunos congresistas demócratas, atemorizados, están revisando sus finanzas personales.

Pero quizás lo que más peligrosas consecuencias tiene es la persecución desatada durante este segundo mandato contra las instituciones, organizaciones y personas con ideas progresistas. Cualquiera que promueva actitudes o ideas de izquierda o simplemente progresistas, o incluso que de alguna manera manifieste su desacuerdo con alguna medida de su administración, puede ser acusado de izquierdista radical, socialista o comunista, y recibir él o sus familiares, amenazas de muerte, o ser sancionado con despido o procesado en algún tribunal. Recientemente el expresidente Obama expresó al respecto que el país estaba viviendo una crisis política.

En este contexto antiliberal numerosas instituciones, incluyendo algunas de las más prestigiosas universidades del país, han sido atacadas y demandadas por Trump, y unas cuantas han debido pagar sumas millonarias para poder continuar desarrollando sus programas, por tener profesores y programas de estudio de tendencia liberal o progresista, o de haber permitido en sus campus manifestaciones en contra del genocidio en Gaza, a las que la administración califica de expresiones inadmisibles de antisemitismo preparadas por organizaciones de la izquierda radical.

En su campaña enfocó también sus cañones contra instituciones como el Fondo Nacional para las Humanidades y el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, cancelando la mayoría de sus subvenciones y despidiendo a una gran parte de su personal. Tomó el control del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, dejando sin empleos a una gran parte de sus trabajadores y autonombrándose presidente del Centro. La emprendió contra el prestigioso Instituto Smithsonian acusando a la institución de estar bajo la influencia de una “ideología divisiva y centrada en la raza” que retrata los valores estadounidenses como dañinos y opresivos, y estar fuera de control y demasiado enfocado en lo malo que fue la esclavitud y muy poco en la positivo de Estados Unidos.

En días recientes un suceso lamentable, el asesinato de Charlie Kirk, un joven líder conservador, amigo íntimo de Trump y sus hijos y del vicepresidente Vance, resultó muerto de un disparo mientras hablaba en un campus universitario en el estado de Utah. Kirk fundó la organización conservadora Turning Point USA, se oponía al aborto, minimizaba la crisis climática, rechazaba los derechos de las personas transgénero, fue un abierto defensor de los derechos a portar armas de fuego y apoyó los esfuerzos de deportación masiva impulsados por Trump. Muchos dan crédito a Kirk por el incremento de personas jóvenes en las huestes trumpistas. Trump, el vicepresidente Vance, y los secretarios de Estado y Guerra, asistieron a las honras fúnebres de Kirk.

Ahora, utilizando como pretexto el asesinato de Kirk, el presidente Trump y sus aliados han elaborado un amplio plan para atacar a grupos liberales, y designar a ciertos grupos como terroristas nacionales. Para Trump, solamente la izquierda es culpable de la violencia que vive EE.UU. “La izquierda radical ha causado un daño tremendo al país”, declaró a la prensa, mientras continuaba con su tradicional idea de desconocer o minimizar la violencia de la derecha. Paralelamente ha iniciado una importante escalada en sus esfuerzos por sofocar la oposición política en su país, reiterando el argumento infundado de que las organizaciones y los manifestantes demócratas son parte de una conspiración violenta contra los valores conservadores y el estilo de vida estadounidense

Otros funcionarios de la Administración también están sentando las bases para perseguir lo que el vicepresidente Vance describió como una red de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que “fomenta, facilita y participa en la violencia”. Como parte de esta ofensiva, Vance animó a los estadounidenses a denunciar a sus empleadores a cualquier persona que vieran celebrando el asesinato de Kirk. Se ha reportado que numerosos trabajadores han sido despedidos de sus empleos por alguna expresión o conducta que se ha interpretado como de júbilo por el asesinato de Kirk.

Como resultado de esta alarmante situación que se ha creado en el país, hace pocos días ABC anunció que suspendería indefinidamente el programa televisivo del comediante Jimmy Kimmel por sus comentarios al aire relacionados con Tyler Robinson, el sospechoso acusado del asesinato de Kirk. En un monólogo Kimmel dijo que “la banda MAGA intentaba desesperadamente caracterizar al asesino de Kirk como algo más que uno de ellos”. Varios días después ABC decidió el reintegro de Kimmel al programa. Numerosas personas se habían estado manifestando en contra de esta medida, pero la razón principal parece estar en que Disney perdió en pocos días más de dos billones de dólares por cancelación de suscripciones.

La Casa Blanca ha tomado medidas para controlar grupos liberales, vigilar la libertad de expresión, denegar visas y amenazar con designar a ciertos grupos como terroristas nacionales. Trump ha dicho incluso que debería considerarse revocar las licencias de las emisoras que transmitan cobertura o comentarios negativos sobre él. En este contexto, declaró a la organización antifascista ANTIFA como “organización terrorista doméstica”, designación que no existe bajo las leyes del país.

Pero desde los primeros instantes de su segundo mandato Trump dio muestras de sus objetivos imperiales cuando habló de sus intenciones de hacerse de Groenlandia y de sus aspiraciones en relación con el Canal de Panamá, no descartando el uso de la fuerza en su afán de conseguirlo. O cuando sin necesidad de emplear la fuerza, le cambió el nombre al Golfo de México por Golfo de América (Golfo de Estados Unidos).

Otra señal inequívoca llegó pronto con la liberación de todos los presos por el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 en un intento por quebrar la democracia impidiendo la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, y al tiempo que liberaba a estos, iniciaba un proceso mediante el cual se despidió de sus cargos a más de dos docenas de los fiscales que los procesaron.

Pero si bien no ha utilizado la fuerza militar para apropiarse del Canal o Groenlandia, sí la utilizó en contubernio con Israel atacando con bombas de enorme poder destructivo las instalaciones nucleares con fines pacíficos de Irán. Ordenó al Pentágono utilizar a las fuerzas armadas contra determinados cárteles latinoamericanos a los que ha calificado como organizaciones terroristas, y ha desplegado una poderosa flota naval en el Caribe que incluye tres destructores, dos buques de desembarco, un buque de asalto anfibio, un crucero, un submarino de propulsión nuclear, helicópteros, misiles cruceros y 8 000 efectivos. Difícil resulta comprender la necesidad de una fuerza de tal magnitud para luchar contra el narcotráfico.

En un lapsus de pocos días la administración Trump ha anunciado haber atacado y destruido varias lanchas y matado a todos los hombres que en las mismas supuestamente trasladaban drogas hacia Estados Unidos. Con ello Trump rompe con la tradición de luchar contra el narcotráfico deteniendo y procesando a los narcos, y se ha arrogado el derecho a matar a quien estime conveniente sin necesidad de justificarlo, considerándose inmune a cualquier rendición de cuentas. Trump aseguró a la opinión pública, sin aportar prueba alguna, que los hombres que ordenó asesinar no solo eran narcotraficantes sino también narcoterroristas y miembros de la banda criminal conocida como el Tren de Aragua, que, según él, está bajo control del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Con sobrada razón Venezuela ha señalado su preocupación ante una fuerza naval de esa magnitud cerca de sus costas. Además, todas las informaciones procedentes de las Naciones Unidas y de las propias agencias de inteligencia de su país, reconocen que Venezuela no está involucrada en el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, pero Trump se empeña en asegurarlo, e incluso ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro.

Por otra parte, se ha reportado que los marines de Estados Unidos están practicando maniobras anfibias en Puerto Rico, y unidades de operaciones especiales de la Fuerza Aérea están haciendo ejercicios de toma de control de aeropuertos en la isla de St. Croix, para lo que se ha enviado 10 aviones de combate F-35.

En el plano doméstico Trump también ha dado muestras de la creciente importancia que otorga a las operaciones de carácter militar. No resulta una simple e intrascendente variación de nombre su decisión de cambiar el del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra. Tampoco su decisión de celebrar un desfile militar en el National Mall de Washington. Hace poco, el Departamento de Seguridad Nacional, que ha estado publicando carteles de reclutamiento al estilo de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, publicó en redes sociales una imagen de Trump en un vehículo blindado de transporte de personal, en postura de macho, manejando una ametralladora ligera y con su distintiva corbata roja ondeando al viento.

Para el 30 de septiembre se ha convocado a centenares de generales y almirantes, actualmente disociados por todo el mundo, a una reunión en una base militar en Virginia, a donde asistirán el Secretario de Guerra Pete Hegseth y el presidente Trump. Se desconocen los motivos de esta inusual y sorpresiva convocación, pero la misma ha levantado las alarmas entre miembros de las fuerzas armadas y funcionarios civiles por igual.

Trump ha desplegado a la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera suroeste para evitar el flujo de drogas y de migrantes. También, en acciones sin precedentes, ha estado enviando a la Guardia Nacional a algunas ciudades, todas “casualmente” gobernadas por alcaldes demócratas, con el propósito manifiesto de luchar contra el crimen, a pesar de que en todos los casos ha habido en los últimos años una disminución significativa de los índices de criminalidad, y que se trata de una misión que no se corresponde con los asignados a ese cuerpo armado.

Primero Los Ángeles, a pesar de la fuerte oposición del gobernador demócrata del estado, y a donde además de 4 000 miembros de la Guardia Nacional, envió 700 marines. Posteriormente fue a la capital del país, y más recientemente anunció que enviaría la Guardia Nacional a la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee. Aunque Tennessee es un estado republicano, el alcalde de Memphis es demócrata, de la raza negra, y se opone decididamente al envío de la GN a su ciudad.

El 27 de septiembre Trump ordenó enviar tropas a la ciudad de Portland en el estado de Oregón para reprimir protestas frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, argumentando que las instalaciones están bajo asedio por el ataque de Antifa y otros terroristas nacionales, y los autorizó a usar “plena fuerza”.

Baltimore, San Francisco, Nueva Orleans, St. Louis, y especialmente Chicago, también han estado en la mira del presidente. En el caso de Chicago, Trump se ha frenado en hacerlo porque el gobernador de Illinois lo amenazó con demandarlo ante los tribunales.

Son más los líderes políticos y personalidades que cada día advierten del peligro que representa para el país las tendencias autoritarias del presidente; incluso algunos se refieren a Trump como un presidente autoritario y aseguran que ya el país se encuentra bajo un régimen de este tipo.

Argumentar por qué darle a Donald Trump el calificativo de emperador no es tarea fácil. No porque falten ejemplos de acciones suyas que se corresponden mucho mejor con las de un emperador que con las de un presidente de un país moderno en democracia. Lo que lo hace difícil es poder argumentar por qué darle el calificativo a Trump y no a otros presidentes estadounidenses que le precedieron y que se han comportado como los policías o los jueces o los dueños del mundo, con actuaciones no muy diferentes a las de Trump. Pero en realidad lo de Trump se va por encima de todo y de todos. Si hay que distinguir a un presidente estadounidense con una conducta claramente orientada a ampliar su poder a toda costa, pasando por encima de preceptos constitucionales, manipulando y violando leyes a su antojo, y doblegando con amenazas a los congresistas de su partido que no conciliaban con él hasta dominar completamente la bancada republicana en la Cámara de Representantes, llegando a donde ninguno de sus antecesores se atrevieron, y actuando además con ínfulas de emperador, ese es Donald Trump.

II- El Congreso y la Corte Suprema

Para que un presidente logre apropiarse de poderes más allá de los que la Constitución le otorga y poder decir que estamos ante la presencia de una presidencia imperial, es necesario contar con un presidente con fuertes tendencias autoritarias, que el Congreso se pliegue ante el Ejecutivo y le facilite al presidente la usurpación del poder que este reclama, y además contar con los favores de una Corte Suprema que se muestre dispuesta a interpretar las leyes con la requerida flexibilidad, y dispuesta a ceder a favor del traspaso de la autoridad demandada.

En relación con el Congreso resulta muy conveniente que el partido del presidente cuente con mayoría en ambas cámaras, y, además, que la bancada partidista del presidente en pleno, se comporte comprometida con este y ceda ante sus demandas.

En los últimos 10 años se ha venido desarrollando un proceso que ha culminado en el completo control del Partido Republicano por Trump. Mediante fuertes amenazas personales de las huestes trumpistas MAGA por una parte, y enfrentando en primarias a los congresistas que no se le han sometido con candidatos fieles a él, por otra, el presidente ha logrado una subordinación total de los representantes de su partido en la Cámara Baja y un dominio casi absoluto de la bancada republicana en el Senado

Desde que Trump asumió la presidencia en este segundo mandato, el Congreso ha estado haciéndole concesiones y cediendo poderes que históricamente ha tenido, otorgados por la Constitución del país. Trump está disfrutando de los beneficios del control del Partido Republicano, y sin resistencia significativa asume potestades legislativas mediante acciones ejecutivas, ignorando además, estatutos que requieren que la Casa Blanca informe al Senado sobre ciertas acciones antes de tomarlas.

En la Cámara de Representantes, donde incluso el control republicano suele ser total, el Speaker Mike Johnson ha llegado al extremo de utilizar las reglas parlamentarias para bloquear la capacidad de la Cámara de votar para derogar los aranceles de Trump, y sobre una resolución que pide una investigación sobre el uso de la aplicación de mensajería Signal por parte del Secretario de Defensa Pete Hegseth, para discutir operaciones militares sensibles.

En otro caso de concesión de poderes, el Congreso aprobó una solicitud de la Casa Blanca para recuperar y utilizar a su conveniencia 9 000 millones de dólares destinados a ayuda exterior y radiodifusión pública. La mayor parte de los fondos asignados, unos 8 000 millones de dólares, se destinaban a programas de asistencia exterior; los 1 100 millones restantes a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CBP).

Según un documento enviado por el Ejecutivo al Congreso, “los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos requieren que se utilicen estos fondos de asistencia exterior para enfrentar nuevos desafíos, de manera que el país sea más seguro, más fuerte o más próspero”. Para ello, los programas de asistencia exterior deben alinearse con las políticas de la administración, aunque signifique alejarse de una estrategia de larga data de asistencia alimentaria, médica y económica, importante componente del “poder blando”.

Recientemente al líder de la minoría en el Senado Chuck Schumer expresó su disgusto ante ciertas decisiones del Senado: “Están pisoteando las reglas que han regido el Senado durante décadas para otorgar recortes impositivos masivos a sus amigos multimillonarios”, dijo.

Por su parte, la senadora republicana Lisa Murkowski le dijo a sus electores refiriéndose a las enormes presiones que reciben del Presidente y el círculo de fanáticos MAGA: “Todos tenemos miedo. Nos encontramos en un momento y una situación en los que yo ciertamente no he estado antes, y les aseguro que a menudo me preocupa mucho usar mi voz, porque las represalias son reales”.

En fecha tan reciente como el 26 de septiembre, la Corte Suprema permitió a la administración Trump retener 4 000 millones de dólares que habían sido asignados por el Congreso para la ayuda exterior. Los tres jueces liberales discreparon.

La premura y fuerza con que Trump y su bancada republicana del Congreso están actuando, parecen indicar que la Administración y los republicanos del Congreso están trabajando con el objetivo de tratar de obtener la mayor cantidad de victorias posibles porque temen no salir airosos en las elecciones intermedias del próximo año.

El otro factor que favorece las pretensiones imperiales de Trump le llega de la Corte Suprema, máxima instancia del Poder Judicial, rama del gobierno que conjuntamente con los Poderes Ejecutivo y Legislativo conforman el gobierno de los Estados Unidos.

Desde la primera administración de Trump el balance de jueces liberales y conservadores en la Corte Suprema se inclinó en proporción de 6 a 3 a favor de los conservadores. Incluso 3 de los 6 jueces designados por presidentes republicanos fueron nombrados por Trump.

Según NBC, en artículo de los periodistas Lawrence Hurley y Katherine Doyle publicado el 22 de septiembre de este año, desde que asumió el cargo, Trump ha ganado 19 casos en la Corte Suprema, 16 de ellos de forma consecutiva. En los casos llevados a la Corte Suprema, el resultado ha sido: 19 victorias para Trump, dos derrotas, cuatro casos pendientes, dos retirados y un rechazado. Tras la decisión del 26 de septiembre sobre la utilización de fondos por Trump, las victorias de este por decisiones de la Corte ascendieron a 20.

Los siguientes son sólo algunos de los casos en que la Corte falló a favor de Trump según reporte de Reuters de septiembre 23: la legalidad de los amplios aranceles globales; permitir a los agentes federales proceder con redadas en el sur de California para deportaciones; revocar el estatus legal de decenas de miles de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos residentes en el país; reanudar las deportaciones de inmigrantes a países diferentes al suyo; reducir el poder de los jueces federales para imponer fallos a nivel nacional; bloquear la orden de un juez que impedía retirar forzosamente a trabajadores federales que habían sido despedidos; permitirle desmantelar el Departamento de Educación; permitirle realizar recortes radicales a las subvenciones en Institutos Nacionales de Salud para investigaciones relacionadas con minorías raciales y personas LGBT; permitirle al Departamento de Eficiencia Gubernamental amplio acceso a la información personal de millones de estadounidenses en los sistemas de datos de la Administración del Seguro Social.

Resulta evidente el inapreciable servicio que la Corte Suprema ha hecho al presidente Trump, cuya contribución ha sido decisiva para que este haya podido apropiarse del enorme poder del que hoy disfruta.

III- Las elecciones congresionales de 2026

Mantener las mayorías que el Partido Republicano tiene actualmente en ambas cámaras del Congreso, es asunto de máxima importancia para que el presidente pueda seguir contando con el apoyo del órgano legislativo y continuar arrogándose funciones que corresponden al Congreso, sin la oposición de este.

La mayoría de 53 escaños republicanos por 47 demócratas en el Senado, no es grande, pero es relativamente cómoda, habiendo permitido incluso en más de una ocasión la disensión de dos senadores sin que ello les afectase. En la Cámara de Representante, su mayoría es tan precaria que con solo cuatro asientos que pasen a manos demócratas, perderían la mayoría. En esta el control absoluto de Trump sobre la bancada republicana ha sido determinante, pues no han tenido legisladores votando con los demócratas.

Por todo ello, los dos partidos, se están moviendo desde ahora para tratar de garantizar el triunfo en las próximas elecciones de medio término. En el caso del Partido Republicano, el propio presidente Trump es quien encabeza y dirige las acciones.

Aunque en Estados Unidos casi nada sorprende porque las sorpresas ya han sido muchas; desde lo que parecía tan inconcebible como el acceso de un negro a la presidencia, hasta la derrota de Clinton en las elecciones de 2016 y la llegada a la Casa Blanca de un hombre con las características y antecedentes de Trump, en principio parece bastante difícil que los demócratas puedan alzarse con la victoria en el Senado.

La extrema polarización política que se vive en el país ha traído como consecuencia que hoy no hay senadores republicanos en estados demócratas ni senadores demócratas en estados republicanos. Los estados pendulares son los únicos que en la actualidad tienen senadores de ambos partidos.

En las elecciones del año próximo sólo habrá dos escaños en estados pendulares enfrentando el proceso electoral, y ambos en poder de los demócratas. Jon Ossoff en Georgia ganó anteriormente con menos del 51% de los votos y se considera vulnerable. En Michigan, el titular Gary Peters se retira, y por lo tanto será un escaño abierto con posibilidades parejas. En Carolina del Norte, para nosotros estado republicano débil pero para algunos pendular, el titular republicano Tohm Tillis se retira y queda como escaño abierto. Por los demócratas anunció su interés en aspirar el ex gobernador Roy Cooper, por lo que en principio parece un escaño con ligeras posibilidades a favor de los demócratas.

Además de los anteriores habrá elecciones en otros 32 estados, 21 de ellos actualmente en poder de los republicanos y 11 en poder de los demócratas. En lo que se puede visualizar a más de un año de distancia de las elecciones, hay al menos, un par de escaños republicanos y uno demócrata que parecen vulnerables, pero además, por retiros anunciados hasta ahora de senadores titulares, hay cuatro escaños demócratas y tres republicanos que no serán defendidos por los titulares y aún se desconoce quiénes se enfrentarán. En el resto, tampoco se conoce aún quienes serán los candidatos por el partido que aspira a destronar a los titulares. En resumen, habrá que esperar para tener una idea un poco más clara de lo que puede suceder, y ello no ocurrirá hasta unos meses antes de las elecciones.

En principio parece que no habría grandes cambios y el resultado podría ser bastante similar al actual. No obstante, aunque no obtengan mayoría, si los demócratas lograsen acortar la diferencia en uno o dos escaños, sería un paso que podría resultar importante en limitar las aspiraciones de Trump con el Congreso.

Las elecciones para la Cámara Baja resultan más difíciles de pronosticar. Las estadísticas prueban que en las elecciones de medio término el partido que controla la Casa Blanca casi siempre pierde asientos en la Cámara Baja; en ocasiones unos pocos y en otras hasta decenas. En este caso perdiendo cuatro asientos, los republicanos dejarán de ser mayoría. Se estima que el voto en este tipo de elecciones refleja la actitud del electorado hacia el presidente. Trump está teniendo índices de aprobación alrededor del 40% y se considera que podría bajar más cuando se comiencen a sentir los efectos de la política de imposición de tarifas, aunque en este tema de la economía los pronósticos resultan por lo general poco confiables. Atendiendo a estos factores los republicanos deberán perder un buen número de asientos en la Cámara Baja.

Conscientes de ello, los republicanos, estimulados y orientados por Trump, han anunciado una serie de reconfiguraciones de distritos en varios estados donde controlan la política estadual. Como norma, estas reconfiguraciones se hacen cada 10 años y no toca hacerlas ahora, pero ello no es óbice para que no se hagan. Comenzaron por Texas, donde ya la realizaron con el objetivo de otorgar cinco asientos más a los republicanos. Indiana, Missouri y Florida también se están moviendo ya en esta dirección y no son los únicos. El gobernador de California ha dicho que harán lo mismo para favorecer en similar medida a los demócratas. New York también podría reconfigurar en favor de los azules.

No obstante, los demócratas tienen la de perder en esta confrontación, y lo saben. La gran mayoría de los estados con un gobernador y una legislatura estadual demócrata se ven incapaces de avanzar, obstaculizados por razones que van desde limitaciones constitucionales, plazos legales y trazados que ya no se pueden manipular. Además, los republicanos llevan una gran ventaja, porque han empleado la reconfiguración de distritos desde hace años, mientras los demócratas se abstenían de hacerlo. Eso les ha dado en el pasado una considerable cantidad de asientos a los rojos y es, en buena medida, la razón por la cual hoy disfrutan de una mayoría.

Reconociendo estos obstáculos, los demócratas han recurrido a los tribunales para intentar frenar los esfuerzos republicanos. Todo parece indicar que sólo una decisión de este tipo podría impedir que los republicanos lleguen a noviembre del próximo año con una ventaja importante en este tema de las reconfiguraciones. Sin embargo, los antecedentes no son promisorios. Probablemente el caso llegue al Tribunal Supremo, y los antecedentes apuntan en dirección contraria a las pretensiones de los demócratas. Tal vez se prohíban sólo en casos en que se produzcan discriminaciones evidentes de tipo racial u otra, porque así lo dispuso la Corte Suprema en el pasado.

Además, también desde hace años los republicanos han intentado controlar y manipular a su favor los procesos electorales en los estados mediante la adopción o cambios en las reglas o procedimientos que rigen el funcionamiento de los procesos electorales, implementando nuevas medidas tales como limitar el número de centros de votación, exigir inéditos requisitos a los documentos oficiales de identificación, reducir horarios de votación o días para votar por correo, restringir el derecho al voto de ex convictos, reducir el número de urnas, entre muchas otras; medidas que afectan esencialmente a los electores demócratas. Ahora Trump está planteando incluso eliminar el voto por correo.

Todas estas medidas más la reconfiguración de distritos seguramente aportarán un no despreciable número de asientos a los republicanos. Todo ello sin perder de vista la posibilidad de acciones fraudulentas en determinados momentos. No será fácil para los demócratas nadar en contra de una corriente tan fuerte y ganar la Cámara de Representantes, pero hay factores políticos que apuntan a que puede