La ciberseguridad, el ciberespacio, Internet y las tecnologías de la información y las comunicaciones

Es necesario rechazar la militarización del ciberespacio, la intervención ilegal y encubierta de los sistemas informáticos de unos países para utilizarlos en actos agresivos contra terceros, con el fin de alentar conflictos y el espionaje global a gobiernos y sociedades enteras.

(Rodríguez Parrilla, 2014)

Introducción

Los grandes avances tecnológicos que han venido produciéndose desde la década de 1970 en el campo de la informática y las telecomunicaciones han transformado todas las facetas de la vida. Son innegables los beneficios que se obtienen de tal transformación, pero también son numerosos los riesgos que han surgido de tan vertiginoso desarrollo, que no siempre se utilizan con fines pacíficos.

 En los últimos años, el acceso al ciberespacio se ha convertido en un imperativo de las sociedades modernas por las facilidades y velocidad con la que se pueden efectuar diversas actividades, económicas, financieras, académicas, etc., y aunque para esto se identifique solamente Internet, el ciberespacio es un concepto mucho más amplio, y la Internet es una de sus plataformas.

 La rápida evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha propiciado que la ciberseguridad resulte una condición fundamental para garantizar el desarrollo seguro de actividades básicas en la sociedad moderna.

 El llamado ciberespacio se ha convertido en un ámbito esencial para el funcionamiento económico y social a escala mundial, dados los beneficios asociados a la velocidad, capacidad, agilidad y eficiencia que ofrece. Sin embargo, paralelamente a la ampliación del volumen e importancia de las operaciones que se realizan utilizando este medio, se han incrementado los peligros para la seguridad de los Estados.

Dichos peligros se derivan, fundamentalmente, de que el ciberespacio se ha extendido más allá de los límites jurídicos, políticos y territoriales de los Estados; sin estar sujeto a regulaciones a nivel mundial. Las propias características de este entorno han posibilitado la existencia de un escenario favorable a la utilización del medio virtual con fines agresivos o contrarios al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Cuba, con su estrategia dirigida al aumento de la conectividad y la informatización de la sociedad, desarrolla capacidades de ciberseguridad que le permiten proteger su soberanía en el ciberespacio, a la vez que promover la cooperación internacional y la creación de mecanismos para adoptar estándares mundiales de enfrentamiento a las ciberamenazas. Los ciberataques que son perpetrados permanentemente contra nuestro país tienen cada vez mayor alcance y diversidad; lo cual se evidencia en la presencia de programas malignos extranjeros en las redes cubanas y el uso de Internet como plataforma de campañas subversivas.

Las autoridades cubanas han llevado a cabo acciones dirigidas a enfrentar las amenazas existentes en el ciberespacio y aunque se han desarrollado capacidades técnicas, educativas y se han promulgado disposiciones legales en el país, hasta el momento habían sido insuficientes (Diaz Canel Bermudez, 2015).

Algunos antecedentes de la subversión político-ideológica de Estados Unidos hacia Cuba.

Cuando en la década de 1970 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos inició el proyecto ARPA (Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados), con la pretensión de obtener una red de comunicaciones segura, abrió la era de Internet, la tecnología que ha revolucionado la vida en el mundo moderno.

 El uso del ciberespacio y, como parte del mismo de la Internet, se ha extendido de manera exponencial del ámbito militar al civil abarcando las esferas sociales, económicas, políticas, jurídicas, los sistemas telefónicos, la distribución de las energías y sus infraestructuras, el control del tráfico aéreo, los sistemas de posicionamiento global, los sistemas educativos, la sanidad pública, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las actividades multimedia y de ocio.

Las propias características de este entorno han posibilitado la existencia de un escenario favorable a la utilización del medio virtual con fines agresivos o contrarios al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Internet se ha convertido en uno de los instrumentos que utiliza el gobierno de los Estados Unidos para proyectar su política exterior e influir en los procesos internos del resto del mundo. Los atentados terroristas a las torres gemelas en el 2001 constituyeron la justificación para imprimirle un gran impulso a esta plataforma cuando, el entonces Secretario de Defensa Donald Rumsfeld declaró a Internet como “nuevo escenario de la guerra contra el terror”.

Estos adelantos tecnológicos vinculados a la  creciente revolución en la información han incrementado la agresividad de Estados Unidos en el ciberespacio hacia países y movimientos progresistas, mediante la implementación modelos de agresión: como las llamadas: «ciberguerra» y  la «guerra-en-red» (netwar)^[1], tomando como base el concepto de que desvirtuar a su libre albedrío el contenido de la información permite un efecto positivo en sus pretensiones hegemónicas, mediante la creación de falsas percepciones sobre un país, generar confusión generalizada, la satanización de figuras políticas y de naciones, así como la creación de condiciones para desestabilizar y fomentar la desobediencia social.

Nuestro país constituye el ejemplo más evidente del uso de internet con fines desestabilizadores y subversivos en la región de América Latina y el Caribe (aunque no el único) , si tenemos en cuenta que desde el triunfo revolucionario, la agresión político-ideológica de Estados Unidos ha tenido como uno de sus instrumentos principales el uso de los medios de información y de comunicación, con el  objetivo primordial de denigrar la imagen internacional del sistema económico, político y social existente en nuestro país, desestabilizar la seguridad interna y sembrar dudas e inquietudes en la población cubana, entre otras cosas.

Los intentos de someter a Cuba en la llamada “era del Internet” se inician con la negación de acceso a las tecnologías, equipamiento y servicios como al uso del correo electrónico y a los sitios web norteamericanos que fueron bloqueados hasta mediados de los años 90 bajo una política de “filtración de ruta” de la Fundación Nacional para la Ciencia (Nacional Science Fundación, NCF, por sus siglas en inglés). Más adelante se autorizó la conexión a la red por vía satelital, con el condicionamiento de que cada megabyte debía ser contratado a empresas norteamericanas o subsidiarias, previa aprobación por el Departamento del Tesoro, lo que ocasionaba cuantiosos gastos al país al tener que pagar una conexión extremadamente lenta. Este acceso condicionado fue aprovechado por las sucesivas administraciones  para incrementar las acciones subversivas y desestabilizadoras.

Vinculado al proceso de informatización de la sociedad cubana y a partir de la genial estrategia concebida por el Comandante en Jefe Fidel Castro se funda en septiembre del 2002 la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), un gigantesco centro de ciencias con énfasis en la producción de software que con el paso de los años ha demostrado su valía para el desarrollo del país.

Precisamente un año antes, incluso días antes del ataque terrorista a las torres gemelas en New York, durante la audiencia del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, que trató el tema de “la amenaza mundial”, el entonces director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, Almirante Thomas R. Wilson, identificó a la Mayor de las Antillas como un posible país “ciberatacante”. (Castro Espín, 2005).

Es un hecho probado que las acciones subversivas desarrolladas por Estados Unidos a través de Internet contra nuestro país, constituyen una ciberamenaza muy peligrosa. Con tal propósito, el Departamento de Estado ha destinado anualmente millones de dólares a agencias gubernamentales como la USAID^[2], la NED^[3] y el IRI^[4], entre otras. Igualmente, se ha apoyado en los principales monopolios internacionales de la información y, particularmente, en una blogósfera que ya en 2013 rebasaba los 700 blogs encargados de fomentar contenidos subversivos contra Cuba (Alvarado, 2013).

En tal sentido, debe destacarse el ya conocido proyecto ZunZuneo, creado por la USAID en 2014, con el fin de promover la subversión y la desestabilización interna. Esta acción provocó inestabilidad en las telecomunicaciones cubanas mediante el envío de noticias falsas e intentó crear una base de suscriptores de Twitter en Cuba para, en una segunda fase, enviarles mensajes de contenido político y provocar protestas contra el gobierno cubano. ZunZuneo captó a más de cuarenta mil suscriptores cubanos, pero se estima que su alcance superó los 400 mil (Pérez, 2014).

La propia USAID reconoció su objetivo: crear una “primavera cubana”^[5]. Oficialmente jamás quedó claro cómo los organizadores de este proyecto lograron obtener los números telefónicos de los ciudadanos cubanos; todo apunta que solo pudo ser posible a través de una operación de inteligencia o mediante “hackeo” de la información.

Matt Herrick, quien fuera portavoz de la USAID en ese entonces, declaró que «la agencia estaba orgullosa de sus programas en Cuba y que investigadores del Congreso, que revisaron el programa, determinaron que se apegaba a las leyes de Estados Unidos”.

El uso  de esta plataforma de mensajería, destinada a impactar en segmentos juveniles de la sociedad cubana es una muestra fehaciente de la guerra no convencional contra nuestro país, que emplea, además, el uso del poder militar junto con la diplomacia, la cultura, la comunicación, el poder económico y la política. Esta guerra totalmente  asimétrica tiene como objetivo el control sobre la población civil y la neutralización del Estado, y su táctica principal es la ciberdisidencia, mediante el uso de técnicas indirectas, como la subversión, la infiltración, las operaciones psicológicas, la penetración cultural y la decepción militar (el intento de engañar a las fuerzas armadas del adversario para que reaccionen a amenazas que no existen en la realidad, así distrayendo y desgastando sus capacidades y recursos).

El financiamiento informado públicamente para la subversión político-ideológica de Estados Unidos hacia Cuba, ha aumentado de manera drástica. Curiosamente a partir del inicio y desarrollo del proceso de restablecimiento de las relaciones bilaterales, en el ya lejano 2014, se ha ido incrementando con el paso de los años y las administraciones de turno.

La historia de las relaciones entre ambos países ha demostrado que el uso de tecnologías de la comunicación e información como Internet, además de servir como polea transmisora de contenidos contrarios a los intereses del Estado cubano y del pueblo que este representa, también está dirigido a que, de manera no consciente, la juventud asuma patrones culturales que terminen distanciándola del ejercicio participativo en la construcción de la nueva sociedad. El despliegue subversivo de los disímiles proyectos orientados contra la isla, continúa promoviendo una imagen de Cuba en la que “los derechos humanos son negados” y se privilegia ese tema para mellar el apoyo popular a la Revolución Cubana. Existen ejemplos suficientes que fundamentan esta afirmación:

1. La creación en 2003, de la llamada comisión para la asistencia a una Cuba «democrática», que proponía “identificar medios adecuados para poner fin rápidamente al régimen cubano y organizar la transición”. Entre ellos identificó el empleo de internet.

2. En 2006 el Departamento de Estado, dirigido por Condoleezza Rice, crea un grupo de tarea para la Libertad Global en la Red, con la misión de concentrarse en el monitoreo del uso del ciberespacio en el mundo, pero especialmente en China, Irán, y Cuba, así como para estudiar las vías para el empleo de sus tecnologías contra estos países.

3. A partir del 2007 se desata una campaña mediática que dura hasta nuestros días, que acusa a Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Cuba por ataques o penetración de redes en Estados Unidos.

4. En el año 2011 la prensa plana, la televisión y la radio cubanas, pusieron al descubierto los planes del IRI dirigidos a entregar equipos de comunicación a personas en la isla y crear plataformas digitales “independientes” con el objetivo de romper el supuesto bloqueo informativo; incrementar el acceso y el flujo de información sobre “democracia, derechos humanos y la libre empresa hacia, desde y dentro de Cuba, a través de acceso sin censura a Internet”, particularmente a partir de proveer tecnología de punta capaz de evitar las “restricciones del gobierno cubano”^[6].

El ejemplo más conocido fue el del subcontratista de la USAID, Alan Gross, que fue apresado en nuestro país en diciembre del 2009^[7] cuando trataba de implementar el acceso a Internet “supuestamente” a la comunidad judía en Cuba y “romper el bloqueo informativo impuesto por el gobierno cubano” mediante innovaciones tecnológicas como conexiones telefónicas, Internet por satélite y telefonía celular, que darían servicio a las organizaciones contrarrevolucionarias en Cuba. El objetivo probado era que la comunicación se transmitiera directamente al satélite, sin pasar por los servidores controlados por el operador cubano.

En los últimos años el IRI ha financiado contratos para el mantenimiento y apoyo de proyectos tecnológicos en Cuba de carácter injerencista. Estos cubren el viaje, costos de consultoría, hardware y hospedaje de administradores de redes, servicio de telefonía móvil y el apoyo a la conformación de páginas web por blogueros al servicio de Washington. Durante todos estos años, se incrementaron los proyectos de subversión de la NED y la USAID, los cuales centran su atención en los sectores llamados “vulnerables” de la sociedad cubana. Esta labor la han realizado aprovechando la ampliación de los accesos a Internet que ha implementado el gobierno cubano en el marco de la estrategia de informatización de la sociedad.

Recientemente, las redes sociales han sido empleadas, de manera abrumadora, en un intento por movilizar a la ciudadanía contra el gobierno y sus instituciones. Al unísono, se recrudece el criminal bloqueo económico y comercial, en tiempos de carencias de medicamentos esenciales y alimentos motivados por la terrible pandemia de COVID 19 que azota a todo el planeta y también  a Cuba.

Las noticias falsas en la red han llegado al extremo de acusar al gobierno cubano de ser enemigo de Internet, al tiempo que Estados Unidos bloquea el acceso de nuestro país a plataformas ampliamente utilizadas en otras partes del mundo (Elizalde, 2021) como por ejemplo Zoom, muy útil para el teletrabajo durante períodos de confinamiento por los efectos de la pandemia.

Como señala la avezada investigadora y periodista Rosa Mirian Elizalde, los medios cubanos y los sitios web institucionales han recibido cientos de ataques de denegación de servicios desde suelo estadounidense, donde además se han registrado nombres de dominio con palabras groseras que redireccionan a páginas de la red nacional. Y, por si fuera poco, vivimos bajo el acoso de cibertropas organizadas desde Miami que usan granjas de troles y bots para generar en Twitter y Facebook la percepción de caos en Cuba e insultar y amenazar hasta de muerte a los principales dirigentes, periodistas, artistas y otras figuras públicas, además de ciudadanos comunes que se atreven a criticar los disturbios

La ciberseguridad y la informatización de la sociedad cubana

El desarrollo de las  TIC es un tema que ha cobrado relevancia en Cuba como elemento determinante para el proceso de desarrollo actual de la sociedad. En este contexto, la ciberseguridad, como contraparte de seguridad del proceso, ha adquirido una importancia superior.

En el año 2015, el entonces primer vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó: “existe la voluntad y disposición del Partido y el gobierno cubanos de desarrollar la informatización de la sociedad y poner la Internet al servicio de todos y a lograr una inserción efectiva y auténtica de los cubanos en ese espacio.”

Esta política del Estado cubano se ha materializado paulatinamente, lo cual se evidencia en varios sectores de la sociedad cubana. Los avances de la conectividad en Cuba pueden apreciarse en las infraestructuras de telecomunicaciones, la gestión automatizada de sectores como el financiero, bancario y el electroenergético, los proyectos estratégicos de desarrollo macroeconómicos, como la Zona Especial de Desarrollo Económico del Mariel y el Polo Petroquímico de Cienfuegos. En la actualidad, se realizan inversiones destinadas a extender y modernizar esa infraestructura, lo cual ya ha permitido implementar y ampliar servicios como la telefonía móvil e Internet.

Dentro del proceso de informatización se identifican algunas prioridades como, los servicios esenciales a los ciudadanos; el comercio electrónico; las organizaciones políticas, sociales y de gobierno; así como la informatización de sectores productivos y sociales de alto interés (Díaz-Canel, 2015). Ello permitirá facilitar y agilizar, a través de aplicaciones propias, diferentes gestiones que en la actualidad se realizan de forma presencial, y otras ventajas, pero significa para el país nuevos desafíos. Al respecto, el presidente cubano ha señalado que la informatización de la sociedad cubana debe realizarse de forma segura y ordenada, y poner su mirada en la ciberseguridad.

En las Bases Estratégicas para la Informatización de la Sociedad cubana, la ciberseguridad se contempla como uno de los ejes estratégicos del proceso de informatización y se señala que, en función de esta, deben potenciarse los mecanismos que permitan adoptar estándares mundiales y potencien la posición cubana en el tema.

Con tal propósito, actualmente, se han establecido mecanismos de cooperación con más de una decena de países y se proyectan encuentros a nivel técnico operacional con igual cantidad de contrapartes. Resultan significativos los resultados obtenidos en la implementación de convenios gubernamentales con Rusia y China en esta área, los que contribuirán significativamente a asegurar un proceso de informatización segura de la sociedad cubana.

Cuba se enfrenta actualmente a ciberataques y ciberamenazas externas provenientes de cualquier punto del orbe y no solo desde Estados Unidos. Asimismo, afronta vulnerabilidades internas que requieren de la intervención adicional de la política exterior. En primer lugar, como instrumento de defensa ante una problemática que se origine en el exterior del país y representa peligros para la seguridad nacional; y en segundo, como mecanismo que permita identificar y aprovechar los recursos internacionales más avanzados en materia de enfrentamiento a las ciberamenazas en función de actualizar y mejorar las medidas nacionales.

La publicación y entrada en vigor del Decreto Ley No. 35/2021, presentado como parte de un paquete de normas jurídicas que apuntan a actualizar el marco jurídico que en materia de telecomunicaciones posee el país, generó -como era de esperar- múltiples reacciones, en su mayoría oxigenadas por intereses extrafronteras. Bajo los términos de “Ley Mordaza” y acusaciones de “censura” y “violación del derecho a la libertad de expresión”, se articuló una operación en redes sociales, fundamentalmente en Twitter, que buscó satanizar la nueva normativa y encontró su mayor volumen de expresión bajo la etiqueta #NoAlDecretoLey35. 

La aparición del discutido Decreto Ley 35 no solo busca llenar un vacío jurídico que en materia de telecomunicaciones arrastraba el país y que se hacía muy necesario ante el avance que, en términos de penetración de internet e informatización de la sociedad, viene experimentando la isla de manera acelerada. Dicha normativa responde además a un reclamo ciudadano sobre esta materia, expresado durante el proceso de discusión popular que derivó en la aprobación de la nueva Constitución de la República. De hecho, el texto constitucional actual lo incorpora como parte de sus fundamentos políticos (artículo 16 inciso M) y lo garantiza como derecho en su artículo 53. 

El Decreto Ley 35 tipifica hechos que hasta el momento no tenían un respaldo legal en el país en el entorno de la red de redes como el ciberacoso, las noticias falsas, la pornografía, el ciberterrorismo, la ciberguerra y subversión social. Además, explicita los deberes y derechos de la protección sin diferencias a los ciudadanos, la sociedad civil y las instituciones estatales y privadas.

Sobre esta base, vale la pena preguntarse acerca del nivel de novedad de una normativa como esta, o si es un producto exclusivo del proceso de actualización y ordenamiento jurídico de Cuba.   

La realidad es que este tipo de disposiciones no resultan nuevas en el ámbito internacional. A nivel multilateral, la resolución 75/240 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, aprobada en diciembre del 2020, reafirma “el derecho y el deber que tienen los Estados de combatir, en el marco de sus prerrogativas constitucionales, la difusión de noticias falsas o distorsionadas que puedan interpretarse como una injerencia en los asuntos internos de otros Estados o como perjudiciales para la promoción de la paz, la cooperación y las relaciones amistosas entre Estados y naciones”.

Con antelación, múltiples países, organizaciones mundiales y regionales ya se habían referido al combate de la desinformación y la ciberguerra como un aspecto fundamental en el trabajo de cualquier Estado. Por ejemplo, el Plan de Acción contra la Desinformación rige en la Unión Europea desde el año 2018; en España también existe un Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, publicado desde octubre de 2019; Francia posee una ley para proteger la vida democrática de las fake news; y Argentina lanzó en octubre de 2020 un Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales.

Si algo se puede señalar como singular en el caso cubano ha sido la tardanza en promover un marco legal que responda a los desafíos de la ciberseguridad y la cibercriminalidad, dos fenómenos que lamentablemente acompañan los procesos de expansión de internet en el mundo. Y es que el Decreto Ley 35 llega años después de que el país implementara el servicio de Internet en los móviles mediante la conexión por datos, momento reconocido como medular dentro del proceso de informatización de la sociedad cubana.

Conclusiones.

La ciberseguridad en la actual coyuntura internacional, ha devenido condición ineludible para la estabilidad y la seguridad internacionales. La mayoría de los Estados han implementado estrategias para la protección del ciberespacio como parte de sus políticas nacionales de seguridad. Sin embargo, el carácter transfronterizo de las ciberamenazas y la creciente vinculación de las TIC a las infraestructuras esenciales de los Estados, ha motivado el establecimiento de medidas multidimensionales para erradicarlas, en especial desde una perspectiva global.

Cuba, como país amenazado y agredido desde el ciberespacio, presta particular atención a la necesidad de enfrentar los nuevos desafíos de la ciberseguridad. Para ello, también considera importante la cooperación internacional en el tema y se apoya en sus relaciones con el mundo exterior. El binomio ciberseguridad – política exterior se basa en la necesidad del apoyo internacional, como complemento de los esfuerzos internos para contrarrestar las ciberamenazas que atentan contra la seguridad nacional y disminuir las vulnerabilidades existentes en este ámbito.

Bibliografía.

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Elizalde, R. M. (5 de agosto de 2021). La buena gente que regalara Internet en Cuba. Recuperado el agosto de 2021, de Cuba debate: http://www.cubadebate.cu/opino/2021

Forestal, Mejías Dianelis (2015)  Los recursos sobre ciberseguridad en el sistema de Naciones Unidas. Su utilidad para la política exterior de Cuba. Trabajo de Diploma, documento inédito

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