La génesis de la utilización del tema de los Derechos Humanos contra Cuba

Estados Unidos sufrió conmociones sociales sucesivas hacia finales de los años 60 del siglo XX, como parte de las luchas para garantizar los derechos civiles (no derechos humanos) de las minorías. Varios líderes de relevancia nacional como Malcom X (1965) y Martin Luther King (1968) fueron asesinados, mientras muchos otros tuvieron igual suerte sin atención de la prensa, o pasaron a cumplir largas condenas de cárcel.

El impacto interno de largos años de la guerra en Viet Nam, las mentiras recurrentes de varias administraciones sobre la posibilidad de éxito allí y la derrota humillante finalmente sufrida por las fuerzas estadounidenses, se unieron al escándalo Watergate[1], para precipitar la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974.

Las razones que provocaron la salida de Nixon del poder llevaron a que el Congreso estadounidense decidiera  la formación de un Comité Selecto del Senado para el Estudio de las Operaciones Gubernamentales Respecto a las Actividades de Inteligencia. El órgano sesionó durante dos años (1975 – 1976) y, aunque comenzó su trabajo con el  análisis de irregularidades ocurridas al interior de Estados Unidos, de inmediato extendió su revisión a aspectos “inmorales de la política exterior”[2] del país.

Uno  de los resultados directos de las indagaciones del Comité fue la aprobación (1976) de la Ley de Control de Exportación de Armamentos y Seguridad Internacional, que en su sección 301 creaba la Oficina del Coordinador de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios, adscrita al Departamento de Estado. El objetivo de la misma sería ante todo alertar e impedir que el ejecutivo estadounidense ofreciera ayuda bélica a regímenes despóticos y tiranías, como era práctica hasta entonces.

El gobierno del Presidente James Carter tomó el poder (1977) utilizando un discurso en el que se le dio por tanto alta relevancia al tema de los derechos humanos en política exterior. En el acto de toma de posesión el nuevo mandatario dijo: “espero que las naciones del mundo puedan decir que hemos construido una paz duradera, basada no en armas para la guerra, sino en políticas internacionales que reflejen nuestros valores más preciados”.

Sin embargo, en la ejecución de la política exterior del período 77-81 se apreciaron las contradicciones de dos figuras claves de dicho gobierno, por un lado Cyrus Vance, el Secretario de Estado que apoyaba una filosofía que mezclaba la distensión y la contención frente a la URSS y el campo socialista europeo. Por el otro, Zbigniew Brzezinski, Consejero de Seguridad Nacional, que favorecía un mayor involucramiento en los asuntos internos de los “enemigos” de Estados Unidos.

Pero las contradicciones de un Estados Unidos procurando adecentar la imagen de su política exterior, frente a los intereses de Estados Unidos como primera potencia económica y militar mundial, se percibieron claramente en casos específicos.

A pesar de las continuas y atroces violaciones de los derechos humanos en Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet, la Casa Blanca no tuvo reparos para mantener un flujo normal en los intercambios bilaterales. El golpe de estado de 1973 contra el presidente Salvador Allende, elegido democráticamente, había tenido lugar con apoyo de los servicios especiales estadounidenses. Su ocurrencia generó una ola de emigración chilena al exterior. Uno de dichos migrantes fue el ex canciller chileno Orlando Letelier, quien fuera asesinado en el corazón de Washington DC días antes de la elección de Carter. No obstante, las nuevas autoridades evadieron profundizar en las causas, para no develar el vínculo directo entre la CIA y la DINA, agencia de inteligencia chilena.

Por solo citar otro ejemplo de inconsistencia, la diplomacia estadounidense de la época se negó a apoyar sanciones contra el régimen racista de Sudáfrica. Preguntado al respecto el presidente Carter dijo a un periodista: “nuestro objetivo ha sido trabajar armoniosamente con Sudáfrica  para lidiar con las amenazas a la paz en Zimbabwe y Namibia en particular y para avanzar en la eliminación de algunos de esos problemas raciales que han tenido históricamente”[3].

Las “amenazas” que tenían que ver con Zimbabwe se referían al proceso de descolonización e independencia por el que transitaba la antigua Rhodesia, mientras que en el caso de Namibia se trataba de la lucha de la South West African People´s Organization (SWAPO) para lograr el fin de la presencia de las fuerzas de ocupación sudafricanas. Visto en el contexto de la Guerra Fría, el gobierno estadounidense de la época percibió la presencia militar de Cuba en Angola como un servicio geopolítico prestado a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más que el apoyo solidario a un país recientemente liberado del colonialismo portugués.

A pesar de las inconsistencias de James Carter y su equipo en la “defensa” de los derechos humanos a escala global, el movimiento de la Nueva Derecha que se articuló para llevar al poder a Ronald Reagan en 1980, consideró que la actitud del gobierno demócrata había “alienado a los amigos tradicionales de los Estados Unidos”[4], mientras que la Heritage Foundation[5] concluyó que la política exterior de Carter en este sentido había sido “suave” y “confusa”.

A nivel personal Reagan tuvo sus dudas en cuanto a la utilización del tema de los Derechos Humanos en su arsenal exterior e incluso nominó como Coordinador de Derechos Humanos a un allegado suyo que se oponía a la existencia de tal oficina. Sin embargo descubrió en la aproximación que hacía a tal concepto la académica Jeane Kirkpatrick un valor político utilitario.

La ex militante de izquierdas, que fuera ascendida a la condición primera mujer estadounidense en el cargo de Embajadora ante Naciones Unidas, explicó profusamente su visión respecto a  los derechos humanos en trabajos tales como, ´La Seguridad de Estados Unidos en América Latina´, ´Dictadores y Dobles Estándares´, hasta una presentación más programática titulada ´Estableciendo una política viable sobre los Derechos Humanos´. En esta última se refería a los prerrequisitos de una teoría de los derechos humanos más “adecuada” y a las características de una política de los derechos humanos “más exitosa”; el sentido de justicia o inclusividad no era el tema principal.

De conjunto, estas y otras elaboraciones de la académica convertida en funcionaria, se conocieron como la Doctrina Kirkpatrick, que en esencia establecía distinciones entre “gobiernos autoritarios” de derecha y “gobiernos totalitarios” de izquierda. Con los primeros, normalmente asociados a Estados Unidos en distintas esferas, la aproximación debía ser más cuidadosa para sugerirles cambios cosméticos en temas que debían modificar la percepción que el mundo tenía de ellos. Con los segundos habría que utilizar el arsenal de los Derechos Humanos para desacreditarlos en el ámbito multilateral y tratar de influir a lo interno de sus sociedades.

Kirkpatrick como teórica y la Nueva Derecha como movimiento político establecieron un parteaguas histórico respecto a los Derechos Humanos. Estados Unidos y sus aliados no tendrían ya que disculparse por las “pequeñas fallas” internas de su democracia y se daban toda la autoridad atacar a otros por todo aquellos que consideraran distinto de los “valores americanos”.

Además de la definición en sí misma, el Departamento de Estado de la época trabajó intensamente en la instrumentación de estas definiciones a través del sistema de Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, en las reuniones con todas y cada una de sus contrapartes extranjeras, en su aparato de propaganda exterior y en el financiamiento desde el presupuesto federal.

Temas como acceso a la salud y a la educación, igualdad de género, racismo y tantos otros fueron relegados por libertad de expresión y de reunión, multipartidismo, libertad de prensa, con los cuales  Estados Unidos iba abriendo fisuras y espacios políticos en las sociedades de la llamada Europa del Este para las que imaginaba un “cambio de régimen”.

Esta nueva cruzada se articuló además con una explosión en la generación de contenidos desde los tanques pensantes[6] conservadores que contribuyeron a fabricar argumentos e historias en cientos de libros, artículos y conferencias con los que se construyó un cuerpo “teórico” alrededor de unos Derechos Humanos más útiles a los efectos de la política exterior estadounidense.

Respecto a Cuba, la visión de Kirkpatrick era muy simple: el gobierno de la Isla era un “peón” de los intereses estratégicos soviéticos en América Latina y cualquier movimiento social legítimo que se generara en el entorno tenía un vínculo directo con el “castrismo”.

Desde su posición en el gabinete estadounidense, la embajadora nombró emisarios, redactó resoluciones e interpeló a cancilleres para que Cuba fuera aislada y condenada.

Entre sus presentaciones públicas sobre el tema hay una que requiere especial análisis. El 22 octubre de 1982 fue recibida por la Fundación Nacional Cubano Americana en pleno Miami y pronunció un discurso nombrado “Cuba y los cubanos”, que sus anfitriones publicaron en un folleto bilingüe que atesoraron como una carta de presentación por años.

La Fundación había sido creada la víspera por los manejadores desde los servicios especiales[7] de los cubanoamericanos que se habían alistado para cualquier fechoría anticubana, desde la invasión por Playa Girón hasta los atentados terroristas. La Fundación se presentó como una organización nacida desde la emigración cubana, cuando en realidad fue un plan urdido en la Casa Blanca para construir un “liderazgo” conveniente a los planes republicanos de afianzar su poder en el Sur de la Florida entre varias agrupaciones latinoamericanos “víctimas del comunismo”. La primera “solicitud” a Reagan del presidente (nunca elegido) de la naciente Fundación fue la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente auspiciaban el terrorismo.

Las palabras de la Kirkpatrick en aquel evento constituyen una bitácora que explicaba cómo sería utilizado el tema de los derechos humanos contra Cuba. Más allá de tratar de reescribir la historia revolucionaria de la Isla y machacar la supuesta “historia de éxito” de los cubanos en la Florida, la embajadora bendijo el pacto de “participación política” entre la FNCA y la Administración Reagan y señaló la responsabilidad de la organización de “llevar a la opinión pública estadounidense” la “verdad sobre Cuba”, a todos los niveles “periódicos y otros medios de comunicación, al mundo académico, a las organizaciones obreras y religiosas, y a los funcionarios de este país”. Dicho de otra manera, la FNCA debía funcionar como cámara de eco de las “verdades” sobre Cuba que se construían desde el gobierno estadounidense.

La Kirkpatrick calificó a Cuba como un “estado policial”, con una “ideología extraña y viciada”, en la que los centros de enseñanza son simplemente “lugares de adoctrinamiento”. Propuso revisitar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para “demostrar” que Cuba violaba todos y cada uno de sus preceptos. Se refirió de forma crítica a la Constitución cubana aprobada por amplia mayoría en 1976, sin reparar en que los estadounidenses nunca han participado en un referendo constitucional.

Destacó entre los presentes a un ex convicto por crímenes asociados al terrorismo que nunca fue poeta, ni inválido, que el Departamento de Estado poco después elevó a la categoría de Embajador ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, como muestra de la prioridad que tendría la utilización del tema contra Cuba.

La funcionaria reiteró la “necesidad” de “denunciar” en Estados Unidos y “por todo el mundo” estas “violaciones”. Su intervención constituyó un catálogo de afirmaciones sin sustento, que se han repetido infinitamente hasta la actualidad.

Después de los doce años consecutivos de gobierno republicano hasta 1992, las únicas “innovaciones” que se produjeron en el tratamiento del tema de los derechos humanos contra Cuba fueron la inclusión del mismo en las llamadas Ley Torricelli (1992) y Ley Helms Burton (1996) que dieron fuerza “legal” al cerco contra Cuba y elevaron la supuesta garantía de tales derechos (en la lógica de la Doctrina Kirkpatrick) como precondición para la normalización de relaciones con la Isla.

Desde entonces hasta la actualidad los políticos estadounidenses que han utilizado el tema para atacar a Cuba lo único que han hecho es “cortar y pegar” de un libreto escrito muchos años antes para la puesta en escena de un espectáculo político, que nada ha tenido que ver con la vida diaria de los cubanos y mucho menos con el mejoramiento humano.