La geopolítica energética del Gran Caribe ante los impactos del orden estratégico y el cambio climático[1]

[1] Ponencia presentada en el Coloquio Internacional “El Gran Caribe: modelos emergentes y proyectos alternativos frente al colapso ecológico”, CELA/UNAM. La Habana, 27 al 29 de junio de 2023.

Hemos llegado al siglo XXI con un mundo que sigue aumentando en población y consumo. A buena parte de la humanidad le preocupa la emisión de gases con efecto invernadero y los efectos del calentamiento global. Nuestra sociedad es dependiente en el consumo de combustibles fósiles, particularmente hidrocarburos. La industria petroquímica facilitó nuestra vida cotidiana con uno de sus derivados, el plástico, que ahora contamina mares y océanos, y afecta de forma creciente la producción del oxígeno que es vital para las formas de vida. Buena parte de los conflictos armados que se han librado desde inicios del siglo XX, solapan la disputa por estos recursos de mayor intensidad energética.

El Caribe, como espacio compartido por varios Estados y pueblos, con sociedades que tienen diferentes niveles de desarrollo económico, se encuentra en una zona privilegiada por la irradiación solar en estas latitudes, entre los 15 º y 30º grados de latitud Norte. A su vez se encuentra en una zona que no carece de vientos de calidad para promover el uso de la energía eólica. Tenemos en ese espacio común, corrientes marinas que son consideradas entre las más favorables para la generación de electricidad.

Desde los años 80 del pasado siglo, varios países productores, primero México y Venezuela, luego Colombia, crearon propuestas para facilitar el acceso al petróleo y combustibles derivados a aquellos países en condición de importadores netos. Petrocaribe retomó en gran medida y con un margen más amplio, aquella propuesta emanada en San José. Luego desde finales de los 90 y hasta el presente se consideró la viabilidad del suministro de gas natural para facilitar la integración energética en la región.

Pero tanto las actividades extractivas como su transporte, implican un margen de riesgo por contaminación. El accidente de la plataforma marina Deepwater Horizon en 2010, con un vertido de más de tres cuartos de millón de toneladas de petróleo, debería ser un recordatorio de que las preocupaciones en materia de generación de energía no sólo provienen del escape radioactivo como los sucedidos en Chernóbil o Fukushima. Tales catástrofes no solo suceden en aguas profundas, sino en las instalaciones de almacenamiento, como desgraciadamente Cuba puede atestiguar con el incendio de la base de supertanqueros en Matanzas, en agosto de 2022.

La amenaza de un futuro en el que el calentamiento global, propicie un aumento del nivel del mar, pende como una espada de Damocles, sobre los destinos de los pueblos ubicados en zonas costeras bajas.

Los males no sólo provienen de la tecnología y del daño a los ecosistemas, sino que tiene uno de sus vértices en el funcionamiento del mercado. Los desequilibrios en el mercado bursátil provenientes de la crisis de las hipotecas subprime en 2008, impactaron al alza en los precios del petróleo. En la década de 1970 el Mundo sufrió las consecuencias que en el mercado petrolero trajo el embargo concertado por varios Estados árabes a propósito de la Cuarta Guerra Árabe-Israelí. En los últimos 40 años, hemos presenciado tres eventos imprevistos de carácter geopolítico que influyeron en la cotización petrolera: la desaparición del Estado soviético, la brutal sucesión de hechos en torno al 11 de septiembre de 2001, y el conflicto armado en curso entre Ucrania y Rusia. De hecho, tuvimos otro cisne negro más: la pandemia de la Covid19, que paralizó el comercio internacional y la movilidad social. He mencionado en síntesis estos hechos porque demuestran cuan vulnerable es el mercado y cuánto puede afectar a los países que dependen de la importación de combustibles.

Debería añadir un elemento más de análisis para la reflexión: buena parte de las economías de los países que pertenecen al Gran Caribe están asentadas en los servicios asociados al turismo. Ello implica el desarrollo de una actividad que requiere como condición necesaria no sólo un entorno amigable con el medio ambiente, sino los estándares más altos desde el punto de vista medioambiental.

La crisis global de carácter multidimensional, es un serio reto en particular para los Estados con economías emergentes y elevados niveles de dependencia externa. No sólo se trata de aminorar los riesgos ambientales, sino también de orden geopolítico. Debemos reducir el costo que implican las disrupciones de diferente naturaleza en el mercado, pero también comenzar a pensar el futuro de forma diferente. La crisis debe ser entendida como una oportunidad para superar el modelo minero extractivista asociado al consumo de grandes volúmenes de combustibles de origen fósil.

En nuestra región, existen grandes productores de carbón, petróleo y gas natural. Parecería una quimera renunciar a la renta asociada a la explotación de esos recursos naturales. Debería comprenderse que el camino comenzado por el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa con la no explotación de las reservas petroleras en el parque nacional Yasuní ITT, y ahora retomada en cierto sentido por el presidente colombiano Gustavo Petro, de abandonar la producción de carbón y petróleo, no es un delirio.

¿Pero cómo podría ser viable una opción de transformación de la matriz energética global y regional, en la que los principales productores se implicaran en una decisión responsable con el medio ambiente? Aunque existe la idea de abandonar de forma abrupta la producción de combustibles de origen fósil, su ejecución implicaría un alto costo para las economías nacionales que dependen de las materias primas. Por eso, una decisión de esta naturaleza requiere del concurso de otros actores internacionales que deberían compensar financieramente, tal y como pretendía Correa, los costos asociados y el impacto negativo en términos laborales y de ingresos, por la no explotación de las reservas de hidrocarburos.

La comunidad internacional, particularmente aquellos países que son importantes acreedores, podrían influir en las instituciones financieras internacionales para que se construya un mecanismo que permita canjear deuda financiera por deuda ambiental. Esto podría ser empleado también por países productores de la región, que han sido suministradores de hidrocarburos a través de diferentes asociaciones.

El Caribe fue la primera región fuera del Mediterráneo y de Europa, que fue zona de disputas entre las potencias coloniales, desde hace cinco siglos atrás. Y fue la región cuya disputa contribuyó notablemente al surgimiento del poderío imperial de Estados Unidos. En medio de la gran disputa que se encuentra en curso por la reestructuración de la arquitectura global de poder y la colisión de intereses entre las grandes potencias, América Latina y especialmente el Caribe, no pueden quedar atrapadas ni deben involucrarse a favor de ninguna de las partes en conflicto. Los intereses en pugna por inversión, comercio, seguridad y otros temas, entre actores extrarregionales, no deben forzar a interés de cada parte, ni a alineamientos políticos ni a subordinaciones de ninguna clase.

En cambio, una posición concertada a escala regional podría contribuir al camino del diálogo político y negociación diplomática que propugnan otros actores de la comunidad internacional, en particular los Estados africanos. El Caribe tiene una influencia identitaria y cultural ancestral con África, por la presencia e influencia notable que tienen las comunidades afrodescendientes en nuestras sociedades. El desarrollo de las energías limpias también debería tomar en esta región el camino de la cooperación con ese continente.

Si se pretende que sea viable una decisión de esa naturaleza, se requiere de una política concertada entre productores y consumidores. Es una pena que en época de superávit por la renta petrolera no se haya procedido a fomentar las energías renovables. Por eso ahora es importante impulsar una alianza que, en tiempos de alta cotización del petróleo y del gas natural, permita la conformación de un fondo soberano. Este sería una fuente de financiamiento endógeno para ejecutar inversiones necesarias para el desarrollo de fuentes alternativas de energía, particularmente renovables, para sustituir en forma creciente la que se genera con hidrocarburos. Ello implica también apostar por la sustitución de buena parte de los medios de transporte que hoy funcionan con esos combustibles, por otros que sean movidos a partir de la electricidad. En ambos casos, debe construirse esa alianza sobre las bases de la cooperación.

¿Qué ventajas aportaría una decisión de esa magnitud?

No sólo estaríamos siendo menos dependientes de la renta nacida del extractivismo minero, podría mejorarse notablemente la calidad de las aguas. Con mucha frecuencia se olvida que esta tiene uso industrial, pero es vital para el consumo humano, para la vida del resto de las especies, y para el desarrollo de otras actividades productivas que son inherentes a nuestra vida como la producción de alimentos.

En segundo lugar, se estaría potenciando el destino turístico compartido, en una región con un medio ambiente sano. Debería ser compartido por todos los actores económicos que participan del turismo y por los propios turistas, una cultura que tenga como eje articulador la responsabilidad ambiental. Toda actividad productiva humana genera impactos ambientales. Pero se puede lograr reducir esos impactos.

También habría que señalar que, al reducir el consumo de energías asociadas a los combustibles fósiles, reducimos la vulnerabilidad de la región ante los eventos de orden geopolítico, bursátil, y de potenciales accidentes que provoquen contaminación y generen daño ambiental.

La generación de electricidad eólica, solar o mareomotriz, necesitan de la cooperación internacional, pero también regional. En el caso de territorios insulares pequeños, podrían construirse instalaciones flotantes. La energía eléctrica que no se consuma podría venderse en el mercado regional.

Depende en gran medida nuestra actividad del consumo de energía, pero una fracción de esta se desperdicia. Debería ser de interés también acudir al empleo de tecnologías que permitan su ahorro.

Nuestra región no ha sido, desde hace varias décadas, el centro de grandes disputas territoriales, eso es una gran ventaja. Varios de sus Estados miembros han renovado sus compromisos en materia de integración regional. El llamado del presidente Nayib Bukele a una nueva integración centroamericana, la marcada intención de varios presidentes Sudamericanos de refundar la UNASUR, la expresa intención de varios jefes de Estado y de Gobierno de articular sus acciones en el espacio de la CELAC, son un poderoso estímulo. No sólo se trata de la convergencia de intereses, que superan los límites del horizonte de las diferencias políticas e ideológicas. Se trata de cómo construir, desde los diferentes espacios asociativos que incorporan el diálogo político y la concertación, la cooperación y la integración, un bienestar compartido que rebase la alternancia de gobiernos y se convierta en políticas de Estado.

Tenemos además la posibilidad muy concreta de comenzar a probar otras modalidades de resolución de conflictos. Si la región latinoamericana y caribeña, en la que una parte de sus Estados comparten al Caribe como un espacio físico, avanza hacia el camino de la integración, podría ser la agenda de medio ambiente, una ruta adecuada para la resolución de antiguos conflictos. Participar de manera equitativa y proporcional, de los costos y beneficios de una transición ordenada y progresiva de la matriz energética, con la creación de zonas binacionales o subregionales de jurisdicción compartida, que se conviertan en polos de desarrollo económico y de generación de energías limpias, podría ofrecer una solución diferente a las que tradicionalmente se emplean para la resolución de conflictos de carácter territorial.