La sombra de Trump en las elecciones de medio término: gerrymandering ydesinformación

La llamada democracia estadounidense se enfrenta a un desafío existencial en el siglo XXI, donde las reglas del juego electoral se han convertido en el campo de batalla central del poder político. Lejos de ser meros ejercicios administrativos, procesos como la redistribución de distritos (gerrymandering), las leyes de acceso al voto y la gestión de la información han devenido en armas, transformando las contiendas electorales en complejas guerras de ingeniería institucional y narrativa.

La sombra de Donald Trump y su cuestionamiento sin precedentes de la legitimidad electoral continúan redefiniendo la estrategia del Partido Republicano, particularmente de cara a las cruciales elecciones de 2026. Lejos de disiparse, su influencia ha catalizado una ofensiva multifacética que busca consolidar el poder no solo a través de la persuasión de los votantes, sino mediante el control de los mecanismos mismos que determinan el resultado de los comicios.

Analizo esta estrategia como un trípode: el gerrymandering como herramienta para diluir el voto opositor, la desinformación sistemática como mecanismo para movilizar la base y sentar un pretexto para cambios legales, y los esfuerzos de supresión del voto como una barrera práctica para la participación de ciertos segmentos demográficos. En conjunto, estas tácticas representan una presión extrema sobre los pilares del sistema, planteando una pregunta crucial: ¿Las próximas elecciones serán un reflejo de la voluntad popular o el producto de una minuciosa manipulación institucional? ¿Cómo esta batalla, librada en tribunales, legislaturas estatales y el ecosistema mediático, definirá no solo el balance del Congreso, sino la propia salud de la democracia en los Estados Unidos?

La política estadounidense sumida en una profunda crisis de legitimidad y estrategia, tiene su epicentro actual en el estado de Texas y ahora se extiende a Los Ángeles con la diferencia de postura del gobernador de California, Gavin Newson, este último en contra de la manipulación de los distritos electorales. El contubernio entre el gobernador de Texas, Greg Abbott y el nuevo presidente de EE.UU. para manipular la redistribución de distritos electorales (gerrymandering) y asegurar al menos cinco bancadas adicionales para el Partido Republicano en la Cámara Baja ha trascendido a la nación y es el núcleo de una estrategia nacional republicana para aprovechar las elecciones de medio término de 2026 y consolidar un poder que, paradójicamente, se percibe como vulnerable.

La vulnerabilidad nace de la propia figura de Trump en que una reconsideración de su popularidad, que contrasta negativamente con los niveles históricos de aprobación que han tenido otros presidentes estadounidenses en sus primeros 100 días, genera ansiedad dentro del partido. Tradicionalmente, el partido en el poder sufre derrotas en los midterms, pero los republicanos confiaban en que los mapas electorales rediseñados tras el censo de 2020 les serían extremadamente favorables, especialmente en el Senado, proyectando una mayor incertidumbre para el control de la Cámara Baja.

Sin embargo, esta confianza se está resquebrajando. El desarrollo de una política económica impopular, caracterizada por la guerra de aranceles y su impacto inflacionario, pone en duda las previsiones iniciales. Muchos republicanos comienzan a temer que ambas cámaras legislativas podrían estar en riesgo. Esta creciente incertidumbre exacerba la obsesión de Trump por cambiar las reglas del juego electoral mismo, buscando controlar no solo los distritos, sino también el mecanismo del voto.

Es aquí donde la estrategia choca con los límites constitucionales. El mandatario estadounidense ha manifestado su intención de eliminar el popular voto por correo utilizado por aproximadamente un tercio del electorado —y reemplazar las máquinas de votación. No obstante, según la Constitución de EE.UU., la conducción de las elecciones es una potestad que recae principalmente en los estados, no en el presidente. Su autoridad para imponer tales cambios a nivel nacional es, por tanto, muy limitada o nula. La realidad es que el voto por correo es utilizado ampliamente tanto en estados demócratas (como Washington y Oregón, que votan exclusivamente por correo) como en republicanos (como Florida, Utah y Arizona). De la misma manera, la imposición de requisitos documentados de ciudadanía para registrarse como votante actúa como un obstáculo legal que, si bien se promueve bajo la narrativa de prevenir el fraude, tiene el efecto práctico de suprimir el voto de minorías que tradicionalmente no votan por el Partido Republicano.

Expertos como Rick Hasen, profesor de Derecho Electoral de la Universidad de California, señalan esta limitación presidencial. Pero, en el clima político actual, la norma y la ley están bajo asedio. La nueva administración ha instrumentalizado el Departamento de Justicia, ordenando a la fiscal general que investigue la plataforma de recaudación de fondos de los demócratas, una movida percibida como claramente política. Simultáneamente, impulsa una agresiva restructuración de los distritos legislativos estatales para inclinar la balanza a su favor.

Además, Trump presiona por adelantar un Censo poblacional que correspondería al 2030 porque sobre la base de esos datos se redibujan los mapas electorales y se determina cuántas sillas tiene cada estado de cara a las elecciones de la Cámara de Representantes, número que es proporcional a la población de cada estado. Con esos fines, el presidente quiere eliminar del Censo a todos los indocumentados, que, aunque no votan, si contabilizan en el total de la población.

La herramienta más potente en este arsenal es la narrativa. La continua difusión de falsedades sobre fraudes electorales pasados sirve a un doble propósito: mantener movilizada a su base y sentar un pretexto para justificar cambios radicales en las leyes electorales estatales que dificulten el voto opositor. Esta combinación de gerrymandering táctico, desinformación estratégica y esfuerzos de supresión de voto define la batalla por el Congreso y es probable que se vean más resortes amañados por parte de esta Administración buscando mantener su control en los próximos comicios.

Estas elecciones de medio término de 2026 se perfilan no como un mero referéndum sobre una administración, sino como la línea de frente de una guerra por la propia alma de la democracia estadounidense. El resultado no solo determinará el control del Congreso, sino que emitirá un veredicto irrevocable: si el sistema sucumbe ante la ingeniería institucional y la manipulación narrativa, o si sus mecanismos de pesos y contrapesos, aunque fracturados, son lo suficientemente resilientes para defender el principio más sagrado de cualquier república: que el poder emana del consentimiento de los gobernados, no de la artimaña de los gobernantes. La sombra de Trump, por tanto, es mucho más que la influencia de un hombre; es el síntoma de una lucha existencial entre la voluntad popular y su metódica anulación, una batalla cuyo resultado resonará mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos.