Migración, Trump, Biden y lo que vendrá

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En el abordaje de la cuestión migratoria en Estados Unidos comúnmente se incurre en dos errores: uno considerar que el país rechaza los flujos inmigratorios con carácter permanente y, segundo, estimar que uno u otro partido federal es pro o anti migrantes.

Estados Unidos se formó como país a partir de un influjo de inmigrantes que subyugó y despojó de sus territorios originales a la población autóctona. El crecimiento actual de su economía se detendría en seco si tal flujo se detuviera. La acción ejecutiva fundamental en ese tema es tratar de regular los flujos y hacerlos previsibles, para que puedan ser acompañados tanto por fondos federales, como por los presupuestos de las empresas privadas, que permitan una asimilación ordenada por parte de la sociedad.

Un documento del Instituto Cato caracterizó recientemente la contradicción que enfrenta Estados Unidos en el tratamiento del tema migratorio, al decir que la economía estadounidense estaba en expansión, lo cual genera de por sí una demanda de fuerza de trabajo no calificada, que al mismo tiempo no encuentra formas legales de ingresar al país.

Por esta razón, los migrantes que llegan sobre todo desde países cercanos del Caribe, Centro y Sur América no contarían con otra opción práctica que no sea intentar cruzar la frontera de forma ilegal, con la ayuda de redes firmemente establecidas para el tráfico de personas.

A las razones mencionadas por el dicho instituto habría que agregar los factores de impulso que están presentes en los países de origen, como pueden ser el subdesarrollo, la corrupción y el efecto de las medidas coercitivas unilaterales como en los casos de Venezuela y Cuba.

Hasta el año 2016 el debate migratorio entre políticos demócratas y republicanos estaba más relacionado con qué tratamiento se debía brindar a los inmigrantes indocumentados que ya residían al interior de Estados Unidos, más que a regular la magnitud de la masa humana que transitaba sin visas, o sin documentos de identidad, por las fronteras terrestres o marítimas.

Los propósitos de la llamada reforma migratoria planteada por los demócratas estaban dirigidos a regularizar la situación legal de alrededor de 12 millones de personas que habitaban en el país, pero sin documentos que probaran su condición de residentes o de ciudadanos. El objetivo último era que una buena parte de dicho total llegara hasta el punto de obtener la ciudadanía, de manera que, en agradecimiento, ejerciera su derecho al voto a favor de sus “salvadores” demócratas.

De haber tenido éxito en ese sentido, los demócratas hubieran dado un giro a los totales de votación en varios estados y a nivel federal, que los republicanos habrían tardado muchos años en balancear. Tratando de lograr el respaldo del Congreso y de importantes líderes republicanos para su reforma, el gobierno de Barack Obama ejerció una política de mano dura en la frontera y ejecutó deportaciones de indocumentados en cifras record, que le ganaron el apelativo de Deportador en Jefe.

Esas acciones se ejecutaron, sin embargo, en medio de las contradicciones que presuponían programas específicos dirigidos contra determinados países que perseguían objetivos muy bien calculados de desestabilización.

Por su parte, los republicanos, que contaron con mayoría en la Cámara y el Senado del Congreso estadounidenses en el último cuarto del gobierno de Obama imaginaron una y otra vez soluciones parciales al problema, también con un objetivo electoral, pero que muchas veces enfrentaron a líderes federales con los intereses de estados específicos. No lograron articular ningún programa que los beneficiara en cuanto a cantidades de votos a su favor, a costa de la regularización migratoria de un grupo humano, pero sí trabajaron intensamente con el liderazgo político de varias comunidades de migrantes, con el objetivo de movilizar a los mismos en tiempos de comicios.

En resumen, hasta el 2016 las principales fuerzas políticas estadounidenses razonaban la ecuación migratoria en términos de favores procesales a cambio de votos. Fue entonces que apareció la tercera visión de un empresario convertido en máximo ejecutivo.

Donald Trump fue un candidato que capitalizó los sentimientos de frustración de los sectores económicos que fueron perjudicados con las políticas del libre comercio, en especial la llamada “vieja economía”, dentro de la que se cuenta desde la explotación de los combustibles fósiles, hasta la agricultura y la construcción.

Trump y su equipo nunca aspiraron a cortejar a grupos de inmigrantes, ni otras minorías. Nuclearon tras su agenda a un aproximado del 30 al 33% del padrón electoral, que era suficiente por sí mismo para situar a su representante en la Casa Blanca.

Para Donald Trump la esencia del debate migratorio no era en términos de votos, sino cómo reducir exponencialmente el valor de la fuerza de trabajo inmigrante no calificada. Por ello desató un lenguaje de odio contra ese grupo poblacional, desvarió con la idea del muro fortificado en la frontera con México y mantuvo un alto ritmo de deportaciones. Como consecuencia el inmigrante no calificado abandonó el activismo social, aceptó el mismo empleo por menor paga y vivió en medio de un miedo constante. Pero bajo ese manto de actitud vertical contra una “amenaza”, se continuó produciendo el flujo de científicos, profesores, médicos, informáticos y otros especialistas hacia el interior de Estados Unidos, para satisfacer las demandas de industrias de alta tecnología y otras instituciones del sector más avanzado de la economía.

A partir de los resultados de las elecciones del 2020, el acceso de Joe Biden al poder y el retorno a las propuestas demócratas previas al 2016, se generaron un grupo de iniciativas inconexas en el tema migratorio, de las cuales ninguna atacaba de raíz las causas de ese movimiento humano desordenado. Muy por el contrario, esas acciones en su desarrollo en paralelo aumentaron y no disminuyeron los flujos migratorios por la frontera sur.

El caso de Cuba

Uno de los últimos memorandos de entendimiento firmados en el gobierno de Barack Obama y el gobierno cubano en enero del 2017 fue precisamente en el tema migratorio, el cual resumía en cierta manera la experiencia de iniciativas similares anteriores (1984, 1994, 1995) y otras medidas específicas. La puesta en práctica del paquete de decisiones que el acuerdo contenía fue la razón principal para que durante el año 2018 se registrara una emigración indocumentada cercana a cero desde Cuba hacia los Estados Unidos.

Este acuerdo se alcanzó y se comenzó a implementar en un contexto en el cual se ponían en vigor y se ampliaban los vuelos comerciales regulares entre ambos países, se estabilizó el flujo de cruceros y tuvieron lugar un grupo de acciones de intercambio pueblo a pueblo que favorecían y no impedían un movimiento humano previsible, ordenado y seguro.

Pero el panorama cambió dramáticamente primero con el cierre de la oficina consular estadounidense en La Habana, el incumplimiento por parte de Estados Unidos de sus obligaciones previstas en los acuerdos migratorios, y finalmente con la brusca detención del movimiento de aeronaves y embarcaciones entre ambos países. A ello se agregaron un rosario de medidas de asfixia económica contra la Isla, que llevaron a su población a un límite existencial al combinarse con los efectos de la pandemia de COVID19.

Como resultado, se estima que medio millón de cubanos salieron por medios legales de su país de origen o abandonaron otros lugares de residencia temporal (Europa, América Latina) entre el 2021 y el 2023 y accedieron a la frontera mexicano-estadounidense con la ayuda de coyotes y traficantes locales. Al arribar a los puestos fronterizos sus acompañantes guatemaltecos, hondureños y de otras procedencias eran rechazados en su mayoría, pero los cubanos eran admitidos bajo la presunción del “miedo creíble” a las consecuencias de ser retornados a su país.

Se trata de una cifra realmente alta, pero que se relativiza cuando se compara con la cantidad de cubanos que viajaron anualmente a EE. UU. para visitas temporales antes del cierre trumpista.

Además de que los ciudadanos de origen cubano siguen gozando de ciertos privilegios ante el resto de los potenciales migrantes, gracias a lo estipulado en la llamada Ley de Ajuste Cubano del 2 de noviembre de 1966, otras realidades pesaban para dicho trato “preferencial”.

Estados Unidos es un país con un déficit de profesionales en áreas como las de salud (déficit de 124 000 médicos en los próximos 10 años), educación (51 000 profesores abandonaron sus plazas sólo en el 2023 y el 86% de las escuelas tienen plantilla incompleta) informática y comunicaciones (el sector demanda 750 000 profesionales sólo en lo relativo a ciberseguridad). Se trata precisamente de áreas del conocimiento en las que Cuba prepara especialistas que se destacan de la media regional y que acceden al mercado estadounidense por los canales del inmigrante ilegal y que, por tanto, están dispuestos a aceptar puestos de trabajo por una remuneración menor a los profesionales que provienen de otras latitudes.

El escenario post 2024

De camino hacia las elecciones presidenciales de noviembre del 2024 ha surgido una nueva dinámica que podría determinar el tratamiento que le dé al asunto cualquier gobierno que salga electo en dichos comicios. Las autoridades estaduales de los territorios fronterizos con México, particularmente las de Texas, han comenzado a asumir un protagonismo en el enfrentamiento a la inmigración indocumentada que se acerca a una actitud de desacato ante las autoridades federales.

El hecho de diseminar hacia varios estados, por vía aérea y terrestre a los recién llegados indocumentados, más asumir la responsabilidad del control de la frontera en detrimento de las capacidades de las agencias federales, agregan un nueva contradicción a una ya bien compleja situación.

La actitud protagónica del gobernador texano recibió el respaldo de otros 25 homólogos republicanos, en contraposición con un supuesto acuerdo que negociaban ambos partidos en el senado federal. El hecho ha sido utilizado por el aún candidato Donald Trump para oxigenar aún más el apoyo de sus bases en el Sur de Estados Unidos y para marcar el terreno ante un Joe Biden equívoco e incoherente.

Aquellos políticos representan zonas del país con demanda desigual de fuerza de trabajo importada y desiguales tiempos, ritmos y costos de asimilación de los recién llegados en sus tejidos sociales.

Estas contradicciones no desaparecerán con el paso de las elecciones presidenciales. Cualquiera que sea su resultado, Estados Unidos mantendrá prácticas discriminatorias ante el fenómeno de la inmigración indocumentada, criminalizando a aquellos de menor calificación y oportunidades económicas, mientras que fomentará la entrada de especialistas de alta preparación en sectores clave para su economía, a través de programas federales.

Es de esperar que de forma práctica, aún sin modificar leyes y normas, se vayan eliminando privilegios existentes respecto a grupos de migrantes específicos por nacionalidades, que se han determinado solo por razones de política exterior.

En el caso de Cuba es de esperar una combinación de varias dinámicas en las que se entrelacen el robo selectivo de cerebros, la devolución incrementada de indocumentados, el tratamiento diferenciado respecto a representantes de nuevas formas productivas e intelectuales, el estímulo a salidas ilegales que después son abortadas con la consecuente frustración de sus comisores.

Para cualquier negociación futura que pueda producirse entre ambos países sobre este particular, habrá que recordar una y otra vez, que este ha sido un tema que se ha podido regular en el contencioso bilateral sólo a partir de la voluntad política de ambas partes. Cuba ha mostrado esa voluntad de forma permanente, en el caso de Estados Unidos su actitud ha estado condicionada por ambiciones particulares que no necesariamente tributan al interés nacional de aquel país.