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Una mirada desde Cuba a los 100 primeros días de Joe Biden

abril 28, 2021   0

Al comenzar debemos reconocer la disposición del Centro PROLAM de la Universidad de Sao Paulo para coauspiciar este evento junto al Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba, así como a los amigos de CLACSO por difundir los detalles del mismo. Nuestros respetos para todos miembros del panel de hoy y también para los que abordarán diversos temas el día viernes 30. Trabajaremos porque estos intercambios sean más frecuentes en el futuro.

Para intentar realizar un balance de los primeros cien días de la Administración de Joe Biden, se debe reflexionar sobre los cuatro años precedentes, incluso sobre hechos anteriores como la crisis económica del 2008.

Estados Unidos (y esto implica tanto a Trump como a Biden) es hoy entre otras cosas un país que está tratando de encontrar una salida honorable ante el fracaso de la llamada guerra contra el terrorismo, 20 años después. Este conflicto ha tenido un costo económico enorme que, unido a otros factores, pone en riesgo la hegemonía de la primera potencia mundial.

Biden fue electo y se ha proyectado públicamente como el presidente incluyente, en contraposición a una figura excluyente, como fue Donald Trump. Esta percepción encontrará en breve sus límites en un país claramente dividido y polarizado, con grupos humanos que esperan soluciones inmediatas para problemas preteridos. No se puede satisfacer a todos a la vez y menos de forma urgente.

Cada vez más los presidentes estadounidenses carecen de la capacidad real para satisfacer el llamado interés nacional de EE UU y por tanto se dedican a prioridades específicas, entre ellas las que les garanticen resultar reelectos ellos mismos o su partido, tanto a nivel presidencial, como en el Congreso, o los gobiernos locales.

Estos primeros 100 días han constituido un período con más intenciones que acciones efectivas. Se ha hecho énfasis en presentar probables éxitos puntuales, sin ir a la raíz de los problemas. Por ejemplo, se reiteran las noticias y las alabanzas sobre la vacunación masiva contra la COVID19, a pesar de que el país mantiene intactas las debilidades estructurales de salud que han costado más de medio millón de víctimas.

Hay apuestas ante el Congreso en cuanto a infraestructura y tecnología. Se han dado pasos de forma ejecutiva que pueden ser revertidos en cualquier momento futuro en temas como medio ambiente, discriminación y equidad.

Con grandes sumas dedicadas a financiar proyectos masivos los demócratas en el poder pretenden incorporar mayor liquidez a la economía y ganar el apoyo de oligarcas, al mismo tiempo que provocan el aumento de la deuda pública y con ello se acerca la perspectiva de una nueva crisis económica en el horizonte.

A pesar de todo ello, no se percibe aún la posibilidad de tender puentes con el frente republicano, dentro del que su liderazgo y principales figuras se mantienen manifestando las estridencias políticas que durante los últimos años ha provocado la pérdida de poder relativo dentro de la sociedad estadounidense de los White Anglo-Saxon Protestants (WASP).

En este período, como suele ocurrir de forma cíclica, el gobierno entrante no ha logrado aún nombrar a todos los funcionarios que propone para cargos ejecutivos, por lo que las tensiones con un Senado en el que los demócratas dependen del voto de la vicepresidenta, no es precisamente uno de los escenarios más deseados.

En un mundo cada vez más globalizado e interconectado esta situación interna incide en el papel que juega Estados Unidos en el mundo y también recibe el impacto directo de los cambios constantes que suceden en el exterior.

Desde el primer día de gobierno, el equipo de Joe Biden ha mostrado una marcada intención de recuperar un papel de liderazgo para EE.UU. en la arena internacional.

El retorno al Acuerdo de Paris y al Consejo de DD.HH. en la ONU reflejan la intención de EE.UU. de recuperar cuotas de participación en el ámbito multilateral. Sin embargo, han sido recibidos al menos con escepticismo por una comunidad internacional que observa las crecientes contradicciones que existen entre los discursos estadounidenses y sus prácticas internas, tanto respecto al Medio Ambiente como a los derechos de sus ciudadanos.

Las peores dudas que surgen incluso entre los más cercanos aliados tienen que ver con la posibilidad de que el Trumpismo o un Neo Trumpismo vuelva a acceder al poder ejecutivo, o aumente su poder legislativo desde las elecciones de medio término del 2022.

Biden y su aparato ejecutivo han reiterado en el discurso público y en los principales documentos oficiales redactados hasta el momento la prioridad que pretenden dar en los próximos 4 años al ascenso de China como potencia económico-militar.

Por otro lado, EE.UU. está resuelto a demostrar fuerza ante Rusia. Está enfrascado en recuperar espacios en la OTAN y en unificar los objetivos geopolíticos de sus socios europeos para contrarrestar lo que denominan como la influencia rusa, que tiene un claro reflejo en el Medio Oriente.

Sin embargo, para ambos casos Biden no ha encontrado hasta ahora otra herramienta que utilizar más allá de las sanciones, el discurso agresivo y el movimiento de tropas. Es difícil apreciar las posibilidades de éxito que tendrá ante rivales que despliegan planes a largo plazo, basados en eficiencia económica, competitividad, productividad, alta tecnología y alianzas con poderes regionales.

Hay un grupo de otros temas como la política hacia Irán y a la RPDC, el control de los flujos migratorio, el combate al terrorismo, la contención de la delincuencia transnacional, en los que la Administración aún no ha desplegado estrategias claras y por tanto es difícil en estos momentos realizar una valoración definitiva.

Respecto a América Latina las expresiones principales de Biden y su equipo han estado relacionadas con la siempre compleja relación con México, mantener el esquema de enfrentamiento hacia el gobierno bolivariano de Venezuela y emitir supuestas condenas a una corrupción que paradójicamente padecen sobre todo sus principales aliados regionales.

La política exterior en general sigue siendo el área de mayor continuidad en relación con el gobierno de Trump y ha estado claramente relegada ante la prioridad de la agenda interna.

En el caso de Cuba debemos recordar que el gobierno de Trump aplicó 240 medidas coercitivas contra Cuba, 55 de ellas ya iniciada la pandemia de la COVID19. Todas pretendían provocar el colapso de la sociedad cubana. Ninguna de estas ha sido rectificada y a la distancia de 100 días en la actual administración vale la pena preguntar si es que en última instancia se comparte la filosofía de dichas medidas.

Es cierto que el presidente Biden durante la campaña presidencial dijo explícitamente que estaba en contra de provocar tal daño al pueblo de Cuba.  Pero también lo hizo Trump antes del 2016 y, sin embargo, después fue cambiando su posición bajo el influjo de los traficantes de votos de la Florida.

En estos 100 días se han reiterado los llamados desde la sociedad civil estadounidense, desde el Congreso, ONGs y otras instituciones para que se revise la política hacia Cuba.

Esto no ha sucedido, y por tanto está en vigor la directiva presidencial NSPM-5 titulada “Fortaleciendo la Política de EE UU hacia Cuba” del 16 de junio del 2017 que dejó sin efecto similar documento firmado por Barack Obama el 14 de octubre del 2016.

Hemos escuchado, junto al público en general, que se estaría produciendo un proceso de revisión de la política hacia Cuba, no sabemos el alcance, ni los tiempos.

Como se recordará uno de los últimos actos de un Trump derrotado respecto a Cuba fue volver a agregar el nombre de nuestro país en la lista de naciones que supuestamente auspician el terrorismo, con el único objetivo de hacer más difícil a las nuevas autoridades un eventual avance en la normalización de las relaciones bilaterales, más allá de lo que impone el bloqueo por sí mismo.

Distintas agencias estadounidenses conocen que Cuba no es un país que auspicie el terrorismo. Se ha demorado mucho la decisión de retirar a Cuba de dicha lista, a pesar de que la Administración precedente tomó tal decisión desconociendo todos los procedimientos internos para ello.

En los recientes informes de la Comunidad de Inteligencia que valoran las amenazas que enfrenta EE UU no hay referencia a tales argumentos contra Cuba.

Debe recordarse que durante años Cuba fue víctima de actos terroristas organizados y financiados desde territorio estadounidense. Cuba ha documentado dichas acciones de forma adecuada y no ha recibido respuesta de las agencias estadounidenses a lo largo de los años.

Es contradictoria esta decisión y que la misma se mantenga en vigor aún frente a la oferta reiterada de Cuba para cooperar con los mecanismos de aplicación y cumplimiento de la ley y el conocimiento de los expertos estadounidenses en estas áreas sobre los resultados positivos del intercambio con Cuba.

Como se ha repetido en varias ocasiones cuando Cuba y EE UU cooperan en estos campos, los terroristas, traficantes y otros criminales internacionales se preocupan, pero cuando no existe dicha cooperación los delincuentes lo disfrutan.

Aún removiendo a Cuba de tal lista, queda el bloqueo en pie. Política errada por más de 60 años, que recibe el rechazo reiterado de la comunidad internacional y que impide a importantes empresas estadounidenses tener relaciones con Cuba.

Bajo Trump incluso se llegó a aplicar lo que su fatídico Consejero de Inseguridad Nacional John Bolton consideraba la “opción nuclear” contra Cuba, referida a permitir reclamaciones en tribunales estadounidenses por nacionalizaciones que tuvieron lugar en Cuba en los años 60 del siglo pasado.

Desde que la llamada Ley Helms Burton fue firmada por Bill Clinton en el 1996, él mismo y los presidentes sucesivos han aplicado una dispensa prevista en el texto según la cual se dejaba sin efecto la concreción de dichas reclamaciones. Trump cambió la práctica con la expectativa de que serían tantos los recursos legales que se presentarían contra Cuba, que literalmente se estancaría en diversos tribunales cualquier posibilidad futura de discutir el diferendo bilateral entre ambos países.

No obstante, una vez más las acciones extremas contra Cuba fallaron. No hubo una explosión de reclamaciones, una buena cantidad ha sido desestimada por los tribunales y el daño principal se ha hecho a empresas estadounidenses y no a cubanas o europeas, como era la pretensión de los autores del engendro legal.

El gobierno de Biden conoce todo lo que se avanzó en la agenda bilateral durante la Administración de Barack Obama con acuerdos mutuamente ventajosos (se firmaron 22 memorandos), y también puede revisar todo el retroceso registrado bajo Trump sin ningún resultado concreto que mostrar a cambio para las relaciones bilaterales o hacia el interior de Cuba, más allá de las consecuencias económicas sufridas por el pueblo cubano.

Rectificar es de sabios y aunque sea difícil hacerlo en apenas 100 días, al gobierno de Joe Biden aún le quedan 1360 jornadas para lograrlo.

Muchas gracias.


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