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Introducción

Desde el surgimiento de un líder indiscutible, Hugo Chávez, con una aceptación mayoritaria de la población, determinados sectores de la extrema derecha estadounidense se han dado a la tarea de intentar obstaculizar, por cuanto método legal e ilegal exista, el desarrollo de la Revolución en la nación sudamericana.

Influir en el pensamiento del pueblo venezolano, alterar sus emociones, intentar convertir al pueblo en un ente psicológicamente pasivo en cuanto al apoyo al proceso revolucionario, y activo en manifestaciones de agresividad social ha sido un objetivo remarcado por las élites reaccionarias, sin materializar.

Las primeras leyes habilitantes propuestas por el presidente Chávez las trataron de vincular con la Guatemala de Arbenz y con la Reforma Agraria en Cuba, el llamado de Chávez al Socialismo del siglo XXI fue fuertemente manipulado por sectores retrógrados que desconocían, o pretendieron obviar que los tradicionales partidos de derecha venezolanos AD y COPEI, están desde su fundación inscriptos ambos en la Internacional Socialista, y no por ello fueron comunistas, ni las actitudes negativas o procederes que hayan tenido obedecieron a su proclamación de Socialista.

La ciudadanía venezolana participó junto a la mayoría de la Oposición en las pasadas elecciones regionales del 21 de noviembre del 2021, dándole una muestra al mundo de unidad real dentro de la diversidad política. Pero eso no convino a los sectores de la extrema derecha estadounidense que se asustaron con el proceso de negociaciones entre Gobierno y Oposiciones que prontamente estaba rindiendo sus frutos, entonces reforzaron sus mecanismos y apelaron a nuevas maneras de actuar a merced del irrespeto a las Organizaciones Internacionales y a la opinión pública.

Para los sectores más reaccionarios de la extrema derecha internacional Venezuela sigue representando un Estado no deseado que visto desde un prisma holístico debe interpretarse como un Estado fallido y por lo tanto un gobierno y un pueblo a combatir.

Algunos elementos sobre el tratamiento del tema Estados fallidos

Gerard B. Helman y Steven R. Ratner en la revista estadounidense Foreign Policy (1992) fueron los primeros en utilizar el concepto de Estado fallido. Estos autores consideraron   a dichos Estados como aquellos que son ineficientes en proveer bienes públicos a su población, y en mantener control institucional y social en el marco de su territorio. Por ende, encarnan una amenaza para sus ciudadanos, Estados vecinos y para la comunidad y el orden internacional.

El término Estado fallido fue creado por grupos de poder al servicio del aparato gubernamental de los Estados Unidos con la anuencia de los servicios especiales, grupos de operaciones psicológicas y Tanques Pensantes, cuyo objetivo específico es desvirtuar la realidad política, social y económica de esa nación para que mediante una campaña sostenida de descrédito, el gobierno que la representa pierda legitimidad y tenga que abandonar el poder (Helman, Ratner, 1992).

Expertos en política exterior y académicos no se han puesto de acuerdo, plantean que el término Estado fallido es ambiguo, impreciso, carente de valor jurídico y la mayoría coincide en que muchas veces su conceptualización es empleada para caracterizar políticamente realidades imaginarias (Cohen, 2011).

Noam Chomsky planteó en su libro “Estados fallidos: el abuso de poder y el ataque a la democracia” (2007) que la generación de una serie de conceptos y categorías para validar el recurso del poder y la fuerza han sido un hecho reiterado en las diferentes administraciones estadounidenses por las políticas hegemónicas ancladas en esta práctica.

Señaló Chomsky especialmente la política exterior militarista de la que se ha valido Estados Unidos para invadir países catalogados como fallidos, en los que el Imperio ha impuesto políticas afines a sus intereses, no sólo en lo político económico y social, también en lo militar (Chomsky, 2007).

De la misma forma, Olivier Nay analizó el uso del Término como un mecanismo de presión operado por las potencias mundiales con el propósito de mantener o lograr sus intereses. Una idea central que pudiéramos extraer desde el análisis realizado en la búsqueda de información inherente al ámbito académico es que la aplicación, caracterización o referencia al Término, en la vida práctica ha derivado para Venezuela, sobretodo, en una utilización ideológicamente subjetiva y materialmente violenta.

Han sido mucho más las referencias verbales a Venezuela como Estado fallido que lo recogido en documentos oficiales estadounidenses o de otros países lo que evidencia que, lo más importante para los Estados Unidos es ahogar al proceso revolucionario venezolano mediante la implementación de sanciones. La mención o memoria documental del término Estado fallido quedaría más que todo para influir en la opinión pública internacional y para intentar confundir a determinados sectores de la sociedad venezolana.

Sobre Venezuela lo más significativo no es ni tan siquiera el nombramiento como Estado fallido, sino que ha sido la nación sudamericana el objeto experimental por excelencia para realizar todo un entramado político desatado por los sectores de la extrema derecha que han puesto en práctica un andamiaje teórico desestabilizador, un sistema conceptual ampliado para en la medida en que evolucione la situación, ir profundizando los métodos desestabilizadores.

Con el triunfo del presidente Hugo Chávez en las elecciones de diciembre de 1998, los sectores al servicio de la reacción definieron a la naciente Revolución como Estado débil y frágil y pusieron en práctica todo un plan de denuncias contra lo que catalogaron un régimen irrespetuoso con los derechos humanos y la libertad de prensa, entre otras alusiones negativas que fueron tomando cuerpo de manera creciente mediante la labor de influencia ejercida por la prensa nacional opositora, la gran prensa internacional y posteriormente por las redes sociales en ascenso tecnológico.

Según la concepción aplicada como parte de la campaña propagandística desatada se comenzaron a utilizar términos como castro-comunismo, castro-chavismo, y Estado fallido, para desvirtuar aún más los logros del proceso revolucionario venezolano.

Una vez cercenadas las bases del proceso revolucionario, la próxima acción sería declarar la “Amenaza a la Seguridad Nacional de los Estados Unidos”, para mediante una creciente campaña de descredito internacional y una constante política de sanciones, con el apoyo de la mayor cantidad de naciones posible, provocar la rebelión de la población y que por el accionar de su propia ciudadanía el equipo del gobierno venezolano tuviese por fuerza mayor que renunciar. Pero el plan imperial no dio resultados, en Venezuela tuvieron que obrar sin haber podido resquebrajar tan siquiera el sentimiento popular.

Contra Venezuela los sectores reaccionarios utilizaron con mucha fuerza el discurso foráneo como arma de desestabilización a través de Álvaro Uribe e Iván Duque. Además del uso indiscriminado de la frase: Castro-chavismo, en los cursos de la Universidad Militar de Nueva Granada en Colombia el mandatario Duque junto a altos jefes militares colombianos se encargaron de falsear la realidad al decir que fuerzas militares venezolanas habían invadido la sociedad colombiana y que por lo tanto era necesario extirpar el eje del mal en el país vecino, o sea en Venezuela.

Vale destacar que en la década de los noventa del siglo XX, Colombia fue definida Estado fallido por los Estados Unidos. Salió de esa condición sólo con la aplicación del Plan Colombia y después del cumplimiento de un pliego de demandas imperiales.

En el ámbito de los Tanques Pensantes y otros centros de pensamiento, la World Peace Foundation o Fundación para la Paz Mundial interactúa constantemente con la Universidad de Harvard con el fin de abordar la problemática de los Estados fallidos. Dicha fundación se ha convertido en una de las organizaciones líderes en el estudio y tratamiento de ese Tema, en colaboración estrecha con la Revista Foreign Policy.

Entre los aspectos tratados en varios foros de discusión celebrados en los últimos años en el Council on Foreign Relation, ha estado la posibilidad de una intervención militar en la nación sudamericana para garantizar la estabilidad venezolana y regional. Válido mencionar que la Casa Blanca para cumplir con los intereses de determinados grupos de poder, se encargó de conjugar a los sectores académicos de mayor abolengo en los Estados Unidos con Tanques Pensantes, centros de estudios y otras dependencias afines; el Council on Foreign Relation; National for Endowment Democracy (NED); y Heritage Foundation, son expresión de esa íntima relación.

En los estudios realizados sobre los Estados fallidos por la Heritage Foundation se han generado investigaciones tendentes a explicar teorías psicológicas de influencia acerca de cómo deben actuar en un Estado fallido los líderes políticos y sociales contrarios al aparato gubernamental en el poder.

Una de esas teorías, surgida en el ámbito económico pero llevada al ámbito del análisis de la conducta humana, es la de “Elección Racional”, la cual busca adentrarse en los patrones cognitivos sociales para modificarlos y darle a los individuos la libre elección de “elegir”, de dirigir sus acciones y a sus dirigentes; para lograr el éxito de esa técnica psicológica han sido entrenados algunos líderes opositores venezolanos.

Henrique Capriles, de la primera generación de opositores al gobierno de la nación bolivariana, no sólo participó liderando el golpe de estado al presidente Chávez en el 2002, sino que posteriormente también aplicó medidas de carácter populista con frases extraídas del pensamiento de la Izquierda, similares a las pronunciadas por el gobierno. El objetivo, minar las bases populares, o sea intentar combatir al chavismo desde sus propias raíces y con similares métodos de propaganda.

Tanto Capriles como Guaidó, entrenados por la élite de Washington han pasado años al frente de una violenta campaña de desestabilización que busca, sin resultado alguno, un cambio de régimen en Venezuela.

Juan Guaidó, de una generación opositora más reciente, junto a otros cuatro jóvenes, viajó en el 2005 a Serbia para entrenarse con vistas a una supuesta insurrección masiva en Venezuela. Llegaron desde Caracas por cortesía del Centro de Acción y Estrategias No Violentas Aplicadas (CANVAS), entidad financiada en gran medida a través de la NED, ambos apéndices de la CIA.

Unos años después funda el partido Voluntad Popular junto al reaccionario Leopoldo López, educado en Princeton, quien había participado activamente en los programas organizados por la NED; primo hermano de Thor Halvorssen, fundador de la Human Rights Foundation, tanque pensante encargado de la formación de activistas antigubernamentales en países seleccionados por Washington para el cambio de régimen.

Intensificación por los Estados Unidos de la agresividad contra Venezuela

En 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia de la República Bolivariana. Los Estados Unidos pensaron que era el momento para dar finalmente el golpe letal a la Revolución chavista: el caos social con las guarimbas, manifestaciones de protesta con consecuencias imprevisibles que causaron la muerte a varias personas.

Y tal como se había previsto, desde determinados sectores de la extrema derecha la aplicación de fuertes medidas económicas que se recrudecerían paulatinamente y que alcanzaron su punto clímax con la profundización del Bloqueo unilateral en el   2015.

Desde fines de diciembre de 2014 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Orden Ejecutiva denominada “Defensa de los Derechos Humanos y de la sociedad civil en Venezuela”, mediante la que se declaró a la República Bolivariana por el presidente Barack Obama, una “amenaza inusual y extraordinaria para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos”. Se convirtió esta declaración en el marco legal para que el presidente de Estados Unidos tuviese el pretexto para imponer sanciones dirigidas a las personas responsables por violaciones de Derechos Humanos contra protestantes antigubernamentales.

De acuerdo con la Orden Ejecutiva, el Gobierno de Venezuela no garantiza los estándares mínimos de seguridad pública para sus ciudadanos y ha dejado que el país se convierta en uno de los más violentos y corruptos del mundo.

Según esos principios, la Ley otorga al presidente estadounidense poderes especiales para imponer sanciones de bloqueo de activos y de expulsión de Estados Unidos, así como la no revocación de visas o de otra documentación a cualquier persona que haga parte del régimen venezolano.

Todo un andamiaje de denuncias anti gobierno de Nicolás Maduro, con el siempre mismo objetivo: hacer fracasar al movimiento chavista mediante la confusión y el caos, que un gobierno democráticamente electo como el venezolano parezca un antro de perdición y de ilegitimidad ante los ojos de la opinión pública internacional.

Entre marzo de 2015 en que entra en vigor la primera Orden y el 2019 se adoptaron por los Estados Unidos siete Órdenes Ejecutivas con las que las autoridades imperiales sancionan al gobierno y al pueblo venezolano (Ver Tabla No 1).

Tabla No 1. Órdenes Ejecutivas del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela

No.	No. Orden y Fecha	Sanción	Contexto
1	O. Ejecutiva 13692 (marzo 2015)	Prohíbe la entrada a Estados Unidos a los miembros del gobierno, así como a cualquier persona que hubiera actuado directa o indirectamente en acciones políticas a favor del gobierno venezolano.	Inicio del recrudecimiento del Bloqueo contra Venezuela.
2	O. Ejecutiva 13808 (marzo 2017)	Prohíbe las transacciones de personas o de empresas en Estados Unidos con PDVSA, compra de bonos y pago de utilidades o dividendos directa o indirectamente al Gobierno de Venezuela.	Establecimiento de una Asamblea Constitucional considerada ilegítima por los EE.UU.
3	O. Ejecutiva 13827 (marzo 2018)	Prohíbe transacciones y financiamiento con moneda digital venezolana por estadounidenses, y otros residentes en Estados Unidos.	Creación de la moneda digital venezolana, y del inicio de casas de cambios y estudios de minerías de datos digital. Autoridades EE.UU reiteran necesidad acrecentar Boqueo.
4	O. Ejecutiva 13835 (mayo 2018)	Prohíbe transacciones o financiamientos relacionados con compra cualquier tipo de deuda debida al Gobierno de Venezuela, así como venta, transferencia, asignación o prenda de garantía del Gobierno de Venezuela, y cualquier participación accionaria en entidad en la que el Gobierno de Venezuela tenga una participación del 50% o más.	Detección de autoridades venezolanas intentos magnicidios contra Presidente y otros dirigentes, intenta EE.UU. mayor apoyo Unión Europea a sanciones contra Venezuela.
5	O. Ejecutiva 13850 (noviembre 2018)	Bloquea transacciones relacionadas con propiedades en Estados Unidos y que operen en el sector oro de la economía venezolana; y aquellas transacciones relacionadas con prácticas engañosas y corrupción, con proyectos o con programas gestionados por el Gobierno venezolano.	Continuidad de intentos desestabilizadores desde Estados Unidos, Colombia y otros países. Llamado desde sectores reaccionarios internacionales a aumentar agresividad en las calles para derrocar al gobierno venezolano.
6	O. Ejecutiva 13857 (enero 2019)	Aclara que en las órdenes anteriores, cuando se lea gobierno venezolano, debe entenderse que es estado venezolano, y cualquier subdivisión política, agencia, Banco Central de Venezuela y PDVSA y cualquier persona que haga parte o que esté controlada directa o indirectamente por el régimen de Maduro.	Dirigentes políticos y militares de Estados Unidos reconocen que las sanciones contra Venezuela no están logrando totalmente sus objetivos.
7	O. Ejecutiva 13884 (agosto 2019)	Ordena el bloqueo de todas las propiedades e intereses del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, o que entren a futuro en Estados Unidos; prohíbe cualquier tipo de transacción.	Llamado de sectores reaccionarios, fundamentalmente desde el exterior, a aumentar la agresividad y la violencia en las calles. Llamado a la ciudadanía desde sectores reaccionarios opositores, a no dejarse llevar por los CLAPs, y otras formas de ayuda alimentaria y social por el gobierno. Aumento de críticas desde los sectores reaccionarios a las 39 Misiones Sociales desarrolladas por el gobierno venezolano.

Toda forma de Bloqueo adquiere expresiones y modalidades particulares. Derivado del análisis de la tabla anterior contentiva de las Sanciones, identificamos al menos cuatro modalidades en el caso venezolano:

• Bloqueo a través de decretos territoriales: Como consecuencia de las medidas unilaterales impuestas por los Estados Unidos contra Venezuela, parte del sistema financiero internacional se niega a realizar operaciones financieras con Venezuela.

Ocurrieron cancelaciones unilaterales de contratos de corresponsalía bancaria del Citibank, Comerzbank, Deutsche Bank, entre otros. El agente de pago de los bonos emitidos por PDVSA informó que su banco corresponsal (PNC Bank) en los Estados Unidos se negaba a recibir fondos de la estatal petrolera.

• Bloqueo mediante intermediarios: Su objetivo es evitar que cualquier intermediario que realiza transacciones con Venezuela las lleve a cabo, impidiendo toda interacción y relacionamiento de Venezuela con empresas de los Estados Unidos y de otros países.

El Novo Banco de Portugal notificó desde 2017 la imposibilidad de realizar operaciones en dólares con instituciones públicas venezolanas por bloqueo de intermediarios. Se impide así que los intermediarios de pago actúen, bloqueando cualquier acción de pago.  

Más de 300 mil dosis de insulina pagadas por el estado venezolano no llegaron a su territorio porque el Citibank boicoteó la compra de este insumo. El banco estadounidense se negó a recibir los fondos que Venezuela estaba depositando para pagar por la compra de la insulina.

El laboratorio colombiano BSN Medical impidió la llegada a Venezuela de un cargamento de Primaquina, medicamento utilizado para el tratamiento de la malaria. Más de mil 650 millones de dólares venezolanos fueron secuestrados por la empresa de servicios financieros Euroclear, en cumplimiento de presiones ejercidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

• Bloqueo mediante agencias de calificación de Riesgo: Se expresa a través de la arbitraria e injusta calificación de Riesgo de dichas agencias. El Riesgo País otorgado a Venezuela por la mayoría de esas agencias es improcedente si analizamos el pago sostenido de la Deuda por la nación sudamericana, incluyendo la que tenía con el FMI, que fue saldada completamente en el 2006.

A pesar del incremento de los precios del petróleo, el Riesgo País calificado a Venezuela por JP Morgan y otras entidades especializadas es, por ejemplo, treinta y ocho veces más de lo que se le adjudica a Chile a pesar de que este último tiene un índice de Deuda/PIB similar al venezolano. Con la acción desmedida y brutal de esas agencias se impide cualquier posibilidad de obtención de créditos por la nación sudamericana.

• Bloqueo informativo impulsado por las corporaciones mediáticas: Sobre Venezuela recae un promedio de once noticias diarias negativas y que psicológicamente buscan la desestabilización, mediante mensajes subliminales de supuesto apego al agobio y la desesperanza.

Encabezan la lista de mensajes psicológicos de ese tipo, Bloomberg y el Miami Herald. En cuanto a las agencias de prensa, según un cálculo de 2017 en que se intensificó el llamado a la violencia contra las guarimbas, Reuter y AFP juntas reunieron más del noventa y un porciento de las ideas desestabilizadoras.

El diario El País, de España, mencionó a Venezuela un promedio de 250 veces, casi diariamente y siempre en son de odio y venganza contra el gobierno de Nicolás Maduro. En el mismo tono, la cadena alemana Deutsche Welle (DW) casi dos diarias.

A la par que estas sanciones perjudicaron grandemente a la población venezolana, se intentaron otras formas de agresión como los llamados a intervenciones humanitarias y militares, así como operaciones complejas con el empleo de efectivos ex fuerzas de operaciones especiales y el empleo de drones como parte de acciones terroristas contra el presidente Maduro y demás representantes del gobierno venezolano.

Proclamaron el reconocimiento internacional de la figura de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, a la par que a tono con la política tradicional existente pusieron también en práctica que los Estados Unidos no tienen amigos, sólo socios, y a estos socios se les abandona cuando hay intereses prioritarios de política gubernamental que lo justifican.

De esa forma, priorizaron a Guaidó por encima de otros dirigentes opositores como Capriles quien desde hace años viene sirviendo y con fuerza a los intereses imperiales.

Unido a la agresividad creciente materializada contra Venezuela a raíz de las sanciones económicas y políticas, en el orden discursivo y documental el aparato gubernamental estadounidense continuó con la mención como Estado fallido; entre otros, en el discurso del vicepresidente Mike Pence en el 2018 ante la Organización de Estados Americanos (OEA); en varias alocuciones de Donald Trump; y al menos en un informe de la administración Biden en el 2021.

El ocaso del sentimiento imperial y el continuo despertar de la Aurora

Cuando en enero de 2019, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, llamó telefónicamente a Juan Guaidó, todo parecía indicar que los sectores opositores se agruparían alrededor del autoproclamado Presidente quien obtuvo con la ayuda de los Estados Unidos el reconocimiento de unos cincuenta países (Bolton, 2020).

Los servicios de Inteligencia estadounidenses y de otras naciones se vistieron de gala, la historia demostraba hasta ese momento que en los países donde se habían producido las llamadas Revoluciones de Colores, la adopción de medidas de férreo bloqueo económico y la asunción de un nuevo gobierno fueron las pautas supremas para el cambio de régimen, objetivo final de la concepción del Estado fallido.

Validaban la alegría de los servicios especiales y de los sectores más reaccionarios de la extrema derecha, el efecto sobre la población venezolana de las sanciones, la amenaza imperial del uso de la fuerza, el accionar del Grupo de Lima, la activación del TIAR, las manifestaciones opositoras y una supuesta rebelión de las Fuerzas Armadas venezolanas.

En febrero del propio año, Guaidó hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para “ponerse al lado del pueblo” y permitir la entrada desde Colombia de veinte camiones con ayuda humanitaria. Pero fueron precisamente las Fuerzas Armadas con la ayuda de la población quienes impidieron que los camiones a modo de provocación se internaran en el territorio venezolano a través del Puente Internacional Simón Bolívar.

Unos nueve meses más tarde se acrecentaron las críticas al “gobierno” de Guaidó. Humberto Calderón Berti, representante del Interinato en Colombia, acusó al círculo más estrecho de los allegados de Guaidó por enriquecimiento ilícito, fraude, y de manejar fondos de procedencia y destino desconocido; en muchos casos se descubrió que el registro financiero de dichos fondos se había realizado con doble facturación. Trascendió que dichas acciones fueron con la anuencia de Guaidó.

En sucesivas convocatorias de Guaidó a rebelión por las Fuerzas Armadas, sus efectivos nunca acudieron. Y cada vez fueron menos los ciudadanos que asistían a su llamado. El Partido Voluntad Popular fue públicamente catalogado como un ente de agresividad extrema y de cierta estirpe delincuencial lo cual creó un rechazo que fue cada vez más en aumento, elemento que ayudó al deterioro del prestigio político de Juan Guaidó; a pesar de que evitando precisamente su decadencia abandona el Partido en el 2020.

Como una forma de intentar recobrar liderazgo anunció la fase final de la Operación Libertad (caída del gobierno de Nicolás Maduro); ni los propios opositores más cercanos y comprometidos entendieron, mucho menos creyeron, aquel dislate ¿cómo pedir que se acuda al llamado de la fase final de una Operación cuando, para pesar de los opositores, no se había logrado ni tan siquiera la primera fase? Otros opositores y ciudadanía en general se preguntaban qué había querido decir Guaidó realmente con “Operación Libertad”.

El proclamado canciller Julio Borges acusó a Guaidó, nuevamente, de enriquecimiento ilícito ante el mal manejo de los fondos de Monómeros, empresa colombo-venezolana subsidiaria de la venezolana Pequiven (químicos y fertilizantes); otras críticas hacia Guaidó de enriquecimiento ilícito provinieron de opositores dentro y fuera de Venezuela por el manejo indebido de los fondos de Citgo, subsidiaria de la petrolera PDVSA, patrimonio financiero venezolano retenido ilegalmente por los Estados Unidos al igual que Monómeros, como parte de las sanciones unilaterales y el imponente Bloqueo.

Según especifica el secretario de defensa de Donald Trump, Mark Esper, en el libro “Un juramento sagrado”, en 2020, posterior al recibimiento de Juan Guaidó por el presidente estadounidense, en privado Trump dejó entrever que Guaidó es débil, inconsistente para gobernar, a diferencia de Maduro a quien catalogó de fuerte.

Previo a la celebración de la Cumbre de las Américas, a la que Juan Guaidó no fue invitado, un cable de la agencia española de prensa EFE destacó que Biden llamó telefónicamente a Guaidó para recordarle que los Estados Unidos lo reconocen como Presidente encargado de Venezuela (Telesur, 2022).

El cable anterior es prueba de una de las tantas contradicciones en el actuar del ejecutivo estadounidense, pues cuando en marzo del 2022 una delegación encabezada por el asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica, Juan González, viajó a Caracas para conversar, lo hizo con los funcionarios del gobierno venezolano. Si bien el Pragmatismo es válido en Política, dicha acción desde el punto de vista diplomático representa un reconocimiento tácito, aunque por supuesto no declarado, al gobierno de Nicolás Maduro.

Ni con Bloqueo, medidas económicas y designación de un supuesto Presidente opositor, los sectores reaccionarios lograron su cometido. Entonces continuando con el guion previsto pasaron a la ejecución de medidas coercitivas de mayor alcance para provocar una mayor reacción y movilización de la opinión pública internacional en contra del gobierno venezolano.

Entre esas medidas, la retención ilegal de activos venezolanos en el exterior, acción instigada por el gobierno de los Estados Unidos con el pleno apoyo y participación directa de sus órganos de Inteligencia.

Retención ilegal de activos venezolanos en el exterior: Unido a la apropiación ilegal de Citgo en los Estados Unidos, el Banco de Inglaterra se ha negado desde 2019 a entregar a Venezuela los activos venezolanos en resguardo, que sistemáticamente desde antes del 2008 y hasta ese momento fueron depositados en esa entidad por funcionarios del gobierno venezolano, en cumplimiento legal reconocido por la parte británica.

El Banco de Inglaterra es uno de los más importantes Bancos de Resguardo existentes en el mundo. Es muy común que los bancos de los respectivos países protejan sus fondos en Bancos de Resguardo.

En una primera Instancia, la Corte comercial londinense determinó que Guaidó tenía el derecho sobre las reservas, pero el Tribunal de Apelaciones revocó ese veredicto al alegar que el reconocimiento de Guaidó como Presidente (de derecho) no excluía que Nicolás Maduro fuera reconocido por el Reino Unido como Presidente de Facto (de hecho), dado que Londres y Caracas no han cortado relaciones y mantienen a sus respectivos embajadores.

O sea, el Reino Unido mantiene una sede diplomática en el territorio de Venezuela cuyo gobierno democráticamente electo por su ciudadanía es el de Nicolás Maduro. El primer ministro Boris Johnson dijo que en el Reino Unido se hace lo que dicte el gobierno por encima de las leyes y que los Fondos se entregarán únicamente a Guaidó.

Lo sucedido contra Venezuela nos recuerda al historiador, militar y estratega británico John Frederick Charles Fuller, quien en la década del veinte del siglo pasado al defender su concepto de Guerra Psicológica expresó que, si se quieren lograr los propósitos, no queda más remedio que hacer cambiar la personalidad del enemigo político y para ello hay que valerse de fármacos o de lavados de cerebro. Por cierto, esa frase aparece también en el Manual de Operaciones Psicológicas del Ejército de los Estados Unidos.

El almirante Craig Faller, en el 2021 en su condición de jefe del Comando Sur dijo durante una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense que, con la aplicación de múltiples sanciones los Estados Unidos intentaron la destrucción de la economía venezolana y que para su pesar el gobierno venezolano continúa fuerte y estable con el apoyo de sus aliados.

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe existe un sentimiento que embarga la necesidad del cese en su política agresivamente injerencista de Estados Unidos; para alcanzar y disfrutar de los necesarios espacios de concertación e integración regional.

De esa manera podemos seguir afirmando con orgullo de resistencia que ha sido un error estadounidense tratar a la República Bolivariana de Venezuela como un Estado fallido, y aún los Estados Unidos están a tiempo de recapacitar.

Conclusiones

La mayoría de los sectores de la Oposición y la ciudadanía, de una forma u otra han entendido que los procederes agresivos propuestos por los Estados Unidos no han resuelto el problema, que el Bloqueo contra Venezuela arreciado desde el 2015 afecta por igual a opositores, chavistas o apolíticos.

Entre los objetivos de las élites internacionales, particularmente de los Estados Unidos, está el cambio de régimen en Venezuela, cuestión que no logran concretar a pesar de múltiples esfuerzos humanos, materiales y financieros. Les incomoda, entre otras tantas cuestiones, la cercanía del gobierno colombiano con Venezuela. Crear líderes opositores que obedezcan a sus designios, con prestigio suficiente ante las masas populares, es un reto que vienen asumiendo y que acrecentarán para las elecciones presidenciales venezolanas del 2024.

No es descartable que los servicios de inteligencia estadounidenses o de otras naciones que los respaldan, intenten nuevas provocaciones, fronterizas o de otro tipo, que busquen poner en juego la seguridad regional con el objetivo de facilitarle la entrada a los Estados Unidos en la supuesta resolución del conflicto, táctica manida a la que puede que apelen en medio del desespero por derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.

A los sectores reaccionarios venezolanos apenas se les ha permitido libertad de maniobrabilidad política por la Casa Blanca y centros de pensamiento afines. Cuando Juan Guaidó intentó impulsar desde la Casa Blanca una Orden de Protección de Activos para no pagar bonos ascendentes a 913 millones de dólares por la apropiación de CITGO, se le criticó fuertemente desde los círculos de poder.

Ariel Cohen, miembro del Centro Internacional de Impuestos e Inversiones del Atlantic Council, centro de investigación vinculado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), declaró que la acción de Guaidó se alejaba de lo pactado, lo que le traería repercusión en su prestigio político.

Los venezolanos que residen en aquellas naciones que reconocen a Juan Guaidó, son sometidos a fuertes dificultades puesto que no pueden renovar o adquirir pasaporte nuevo u otro documento desde sus lugares de estancia. Lo anterior hace que las acciones unilaterales, injerencistas y de agresividad en contra del gobierno de Nicolás Maduro, redunden también en consecuencias negativas para venezolanos que por diferentes motivos y causas viven fuera de su país.

La suspensión de las importaciones del crudo venezolano a los Estados Unidos no ha brindado tampoco los resultados esperados por la Casa Blanca. Contrariamente, la OPEP y gobiernos como el de Francia solicitaron a la administración Biden, permitir el flujo petrolero hacia las naciones consumidoras que luchan por reemplazar los suministros energéticos rusos. En ese mismo orden, compañías como Chevron pidieron al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, no solo autorizar el flujo sino también permitir la obtención del control operativo de sus empresas conjuntas.

Es de suponer que mientras los Estados Unidos no logren sus objetivos contra la revolución bolivariana, profundicen sus políticas de desestabilización, de ahí que se mantenga latente el peligro para la ciudadanía venezolana, no sólo por lo que representa Venezuela como centro de referencia en el equilibrio regional y por la tenencia de recursos naturales, entre ellos el coltán tan escaso y necesario para la industria aeroespacial, sino también por el temor estadounidense ante el avance eficiente en las relaciones venezolanas, con Rusia y China.

El estado venezolano, junto a sectores opositores y ciudadanía en general, continúa con el control de los poderes públicos y ejerce gobernabilidad con apoyo mayoritario y aceptación social, así como con un estamento militar que desde su más alta jerarquía brinda respaldo al mandatario Nicolás Maduro.

Referencias Bibliográficas

Bolton, John. La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca. Editorial New York. 2020. Recuperado el 14.8.2022.

Cohen, Samy. Los Estados ante los “nuevos actores”. 2011. París: Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales. Recuperado el 17.8.2022.

Chomsky, Noam. Estados fallidos. El abuso de poder y el ataque a la democracia. 2007. Barcelona: Ediciones B. Recuperado el 15.8.2022.

Helman, Gerald y Steven Ratner. Salvando a los Estados fallidos. Foreign Policy, Pgns 3-20. 1992. Recuperado el 15.8.2022. Telesur. Video. 1.57. Cable EFE recuerda posición de los Estados Unidos sobre Juan Guaidó. 2022. Recuperado el 16.8.2022.