Cuba en el Congreso de los Estados Unidos (1er Semestre 2026)

Introducción

La relación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo en la política exterior de los Estados Unidos adquiere una connotación particular cuando se trata de Cuba. El bloqueo económico, comercial y financiero contra este país está codificado en ley, por lo que solo el Congreso estadounidense podría levantarlo de manera definitiva. Por ese motivo, la actividad legislativa estadounidense sobre Cuba, aunque en escasas ocasiones culmina en leyes aprobadas, funciona como un termómetro de las posturas de Washington hacia La Habana.

En este escenario es posible identificar dos bloques diferenciados. De un lado, el grupo de legisladores republicanos de origen cubano, concentrados en el sur de la Florida, que durante décadas ha defendido una agenda hostil y que en la actual administración ha actuado en estrecha sintonía con las medidas del Ejecutivo. Del otro, un sector demócrata de tendencia progresista que cuestiona la eficacia y el costo humanitario del bloqueo. El resto, la inmensa mayoría de ambos partidos, suele proyectarse de manera partidista, salvo contadas excepciones; los republicanos apoyando a los legisladores floridanos y los demócratas a los progresistas de su partido.

El primer semestre del 2026 estuvo fuertemente condicionado por la guerra que EE.UU. e Israel lanzaron contra Irán el 28 de febrero, una vez más de forma sorpresiva y mientras sostenían conversaciones con el país persa. Según Trump declaró posteriormente, los propósitos de esta eran producir un cambio de régimen en Irán, impedir que éste desarrollara el arma nuclear y destruir sus capacidades militares y de misiles. El gobierno de Irán respondió al ataque lanzando misiles y drones contra objetivos en Israel y contra varias bases militares estadounidenses en la región del Golfo Pérsico, y cerrando el estrecho de Ormuz, lo que ocasionó un fuerte aumento de los precios del petróleo.

Tras los ataques, el Organismo Internacional de Energía Atómica declaró que no había indicios de desarrollo activo de armas nucleares por parte de Irán, no se produjo el cambio de régimen deseado, y después del asesinato del líder supremo iraní Alí Jamenei, los nuevos líderes del país han resultado ser aún más radicales. Tampoco se vio afectado el programa de misiles.

Además de no lograr ninguno de sus objetivos, en lo interno la guerra ha resultado un fracaso para EE.UU. La inflación aumentó, especialmente con el incremento del precio de la gasolina. Más de un 50% de estadounidenses se ha declarado contrario a la guerra, frente a solo un 24% que la favorece, y el apoyo a la gestión del presidente ha caído por debajo del 38%.

Trump ha comenzado a perder algo del control absoluto que hasta ahora tenía sobre los congresistas republicanos. Las encuestas y criterios de los especialistas pronostican que el partido perderá la Cámara de Representantes y verá reducida su mayoría en el Senado, como resultado de las elecciones de medio término que tendrán lugar el próximo mes de noviembre. Tras varios contactos y conversaciones para ponerle fin al conflicto, los intereses contrapuestos entre Estados Unidos, los agresivos planes de Israel en el sur del Líbano, y los de Irán, han imposibilitado que se llegue a un acuerdo definitivo.

Con relación a Cuba, la política del Ejecutivo ha dado un giro de extrema agresividad, y ello se ha visto reflejado también en la rama Legislativa. Por su enorme importancia, se examinarán las principales medidas tomadas por la administración de Donald Trump contra Cuba.

El presidente y su secretario de Estado Marco Rubio han desarrollado una estrategia de «asfixia máxima», intensificando drásticamente la presión económica y política a través de un férreo bloqueo energético y una ampliación sin precedentes del régimen de sanciones. El objetivo central de esta ofensiva es congelar cualquier tipo de transacción financiera internacional con La Habana e interrumpir de raíz sus suministros de combustible. Para lograrlo, la Casa Blanca no solo ha apuntado a los actores internos de la economía cubana, sino que ha desplegado una intensa campaña de coacción diplomática y comercial sobre terceros países y corporaciones extranjeras.

Varios eventos actuaron como detonantes o aceleradores de la actividad legislativa. El primero de ellos fue el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero de este año. El efecto fue inmediato en el bloque republicano cubanoamericano, que no dudó en plantear en varias ocasiones que si el modelo de máxima presión seguido del uso de la fuerza había funcionado en Venezuela, Cuba podría ser el siguiente objetivo.

La primera gran embestida del Ejecutivo contra La Habana ocurrió en enero, cuando la administración Trump emitió la orden ejecutiva 14380. Esta declaró una emergencia nacional, basada en la supuesta amenaza que el gobierno cubano representa para la seguridad nacional de los EE.UU., y estableció las bases de un bloqueo energético que ha impedido la entrada de combustible al país. Sus efectos han ocasionado enormes trastornos a la economía, la cancelación de vuelos de más de una docena de aerolíneas internacionales y cortes eléctricos de larga duración que han alterado la vida cotidiana de los cubanos, entre otras afectaciones de gran magnitud.

La ofensiva se profundizó entre mayo y junio mediante una serie de decretos presidenciales diseñados para dinamitar la inversión extranjera. El 1 de mayo, Trump firmó el Decreto Presidencial 14404 que expandió de forma generalizada las sanciones económicas, penalizando de manera directa a cualquier ciudadano o corporación internacional que mantuviera lazos comerciales con Cuba. Sus efectos no tardaron en manifestarse en sectores neurálgicos como el turismo y la minería. Importantes multinacionales se vieron forzadas a suspender operaciones para proteger sus intereses globales frente al mercado estadounidense. Entre los casos más emblemáticos destaca la salida de la cadena hotelera española Meliá, que abandonó la gestión de 15 hoteles en el territorio cubano, y la retirada estratégica de personal por parte de la empresa minera canadiense Sherritt. Por su lado, la francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd, que concentran el 60% del tráfico marítimo del país, dejaron de aceptar encargos desde y hacia Cuba.

El 18 de mayo, se emitieron sanciones específicas contra figuras de alto rango del aparato político, de inteligencia y policial cubano. Entre otros funcionarios sancionados figuran el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Esteban Lazo Hernández; la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy. Otros funcionarios, exfuncionarios y familiares de estos también han recibido sanciones similares en diferentes momentos, incluido el presidente del país y su esposa. Las penalizaciones se extendieron de forma institucional al Ministerio del Interior (MININT), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).

Para complementar este cerco, el Departamento de Estado bloqueó al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y a la agencia Amistur, con el propósito de desmantelar las redes de turismo político y solidaridad internacional. A principios de junio, tras severas advertencias del Departamento del Tesoro de EE. UU., diversas entidades bancarias internacionales capitularon para evitar represalias, suspendiendo de forma total las operaciones con tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard dentro del territorio cubano

También se sancionó a Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del Grupo de Administración Empresarial S.A.(GAESA).El Departamento de Estado ha concentrado sus baterías de sanciones contra GAESA, al que atribuye el dominio del 40% o más de la economía cubana, y que “generan riquezas para beneficio de las élites corruptas”. El 11 de junio se formalizaron sanciones directas contra la estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET), activando los principios de la Ley Helms-Burton bajo el argumento de que sus activos clave pertenecen a antiguas propiedades estadounidenses expropiadas en los inicios de la Revolución. En una nueva escalada de sanciones, el 23 de junio, el secretario de Estado sancionó a las empresas Almacenes Universales, Banco Financiero Internacional S.A., Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero), Geominera S.A. y Rafin S.A.

Washington también ha presionado a gobiernos aliados para cortar las vías de financiamiento alternas de La Habana, afectando severamente a las misiones médicas, una de las mayores fuentes de divisas de la Isla. Como resultado de esta presión, gobiernos de la región como Guatemala y Honduras anunciaron en febrero el fin o el retiro gradual de las Brigadas Médicas Cubanas. La onda expansiva alcanzó también a naciones del Caribe, como Bahamas, Antigua y Barbuda, y Granada.

La combinación de un desabastecimiento energético provocado de forma externa, la desconexión total del tejido bancario global y la persecución de sus ingresos por servicios profesionales públicos sitúan a Cuba ante un escenario de crisis sin precedentes. La estrategia de la segunda administración Trump no busca solo contener, sino estrangular de raíz cualquier vía de oxígeno económico para la Isla.

En el Congreso norteamericano, al igual que durante el pasado año, ambas cámaras han estado dominadas por el Partido Republicano. En el Senado cuentan con 53 senadores frente a 47 demócratas, mientras en la Cámara de Representantes la mayoría de la que disfrutan no sobrepasa los 6 asientos. A pesar de ello, el férreo control que hasta ahora el presidente Trump ha mostrado tener sobre los representantes de su partido ha impedido que la Cámara Baja se pronuncie en contra de los intereses del Ejecutivo. En el Senado, aunque en ocasiones dos o tres senadores han estado votando con los demócratas, generalmente no ha sido suficiente para aprobar algún proyecto de ley o resolución de inspiración demócrata, en parte porque también hay un demócrata que ha estado frecuentemente votando con los republicanos.

Una excepción importante tuvo lugar cuando el 3 de junio la Cámara de Representantes, y el 23 del mismo mes el Senado, adoptaron sendas resoluciones instruyendo al presidente Trump poner fin a la guerra en Irán, u obtener autorización del Congreso para continuarla. Estas resoluciones sólo tienen importancia simbólica pues no son de obligatorio cumplimiento del Ejecutivo.

Con relación a Cuba, en el semestre ha tenido lugar un aumento de menciones en comparación con períodos anteriores, mostrando así un reflejo del intenso movimiento que se ha observado por parte del Ejecutivo. En su mayor parte ha obedecido al respaldo que los congresistas de origen cubano están dando a los planes agresivos de la Administración, aunque también ello ha motivado que algunos congresistas demócratas de tendencia progresista se hayan manifestado para expresar su condena a tales planes y hayan demandado poner fin a la guerra económica que se lleva a cabo.

Durante el período enero-junio se identificaron 71 acciones que fueron clasificadas en tres categorías :

• Proyectos de Ley y Resoluciones: Iniciativas legislativas formalmente introducidas ante el Congreso, identificadas por su numeración oficial: H.R. para Cámara de Representantes, S. para Senado.
• Audiencias Legislativas: Sesiones formales de comités y subcomités congresionales donde Cuba fue mencionada como tema sustantivo.
• Declaraciones y Comunicados: Pronunciamientos públicos de legisladores mediante cartas a funcionarios ejecutivos, intervenciones en sesiones plenarias, comunicados de prensa, entrevistas mediáticas, y publicaciones en redes sociales con contenido relevante sobre Cuba.