Crédito: Presidencia de Ecuador

Introducción

Las noticias sobre la situación interna en Ecuador han conmocionado a la opinión pública latinoamericana por el aumento, hasta niveles insospechados, de la violencia ocasionada por la actuación de las bandas criminales que operan con cierta impunidad en el país. A ello se añade el detonante que significó la fuga de Adolfo Macías “Fito”, líder de “Los Choneros”, una de las diversas pandillas que operan en esa nación andina, lo que ha evidenciado el frágil control del sistema penitenciario del país.

Prácticamente se ha desatado una cacería humana con el fin de capturar a una gran cantidad de reclusos fugitivos, entre ellos líderes de otras pandillas, aumentando la espiral de crímenes en una nación que ya venía convulsionado por la corrupción, los conflictos sociales y el desgobierno de las autoridades.

Daniel Noboa, quien acudió a votar en su helicóptero personal y con chaleco antibalas, ante el temor de correr la misma suerte del candidato Fernando Villavicencio, asesinado por el crimen organizado, al ser nombrado presidente, declaró a la nación andina en estado de “conflicto armado interno” y ordenó a las Fuerzas Armadas “neutralizar” a los grupos criminales autorizando el uso de la fuerza letal y la adopción de un plan —del que poco se conoce— denominado Plan “Fénix”. Entre otros aspectos, abarca la construcción de dos prisiones de máxima seguridad —al estilo de Nayib Bukele en el Salvador—, contratada a una empresa israelí[1] de alta tecnología.

La violencia e inseguridad ciudadanas. Antecedentes necesarios

En el año 2016, la nación ecuatoriana sufrió un fuerte terremoto que sumió al país en una gran tragedia por la enorme cantidad de personas muertas, heridas y desaparecidas. Este evento sísmico se ha considerado uno de los más desbastadores en Sudamérica desde 1999.[2] Sus efectos incidieron en la ya precaria situación económica doméstica, donde a la pérdida de vidas humanas se agregaron los enormes daños a la infraestructura habitacional.

El gobierno del entonces presidente Rafael Correa no tuvo mucho margen de tiempo para responder de manera adecuada a esa situación, pues meses después asumió el liderazgo de la nación, Lenín Moreno (2017-2021).

Este nuevo periodo de gobierno se caracterizó por la aplicación inmediata de medidas liberales que afectaron notablemente las políticas sociales, en especial el abandono del sistema sanitario público y el rápido acercamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI), a las “élites” nacionales y a dirigentes opositores como Abdalá Bucaram Pulley, Jaime Nebot, Jimmy Jairala y Guillermo Lasso. Estas acciones marcaron el inicio del cambio radical en materia económica y evidenció un claro distanciamiento con su predecesor Rafael Correa (2007-2017).

En el período, la criminalidad azotó el territorio del Ecuador y cientos de personas fueron arrestadas en medio de los peores disturbios en años, cuyo detonante fue la arbitraria decisión de eliminar los subsidios a los combustibles, como parte de los recortes al gasto público derivado de un acuerdo de préstamo con el FMI.

Estas medidas motivaron que se trasladaran temporalmente las operaciones gubernamentales de la capital a la ciudad portuaria de Guayaquil, algo inédito a pesar de las justificaciones del gobierno de turno al anunciar que no eran una manifestación de descontento social en protesta por una decisión del gobierno, responsabilizando así a su predecesor Rafael Correa, e incluso al presidente Nicolas Maduro, como instigadores de la desestabilización: “(…) los saqueos, el vandalismo y la violencia muestran que aquí hay un motivo político organizado para desestabilizar al gobierno y romper el orden constitucional, romper el orden democrático”.[3]

La llegada de Daniel Noboa a la presidencia coincidió con la escalada de violencia en varias regiones del país lo que le facilitó, alentado por la oligarquía nacional y por orientaciones de los Estados Unidos, la imposición de un régimen policial severo y la implantación de agresivas medidas en materia de seguridad. Para ello aprovechó una atmósfera de miedo sin precedentes ante el aumento de los homicidios y el evidente control de las pandillas, cuyo denominador común es el tráfico de drogas que generan prácticas ilícitas y se asocian a delitos conexos de criminalidad transnacional como el lavado de dinero, y el tráfico de armas, personas y órganos. Esta situación ha convertido al país en el más peligroso de la región con una tasa de homicidios de 45,6 por cada 100 000 habitantes (Researh, 2024).

La muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio, días después de haber recibido amenazas de muerte del cartel de Sinaloa (México), evidencia que los tentáculos de los poderosos carteles mexicanos, en estrecha coordinación con las mafias italianas y albanesas,[4] operan con cierta libertad en la región andina, y ha motivado que Ecuador sea considerado junto a otros países como México y Colombia, como punto de embarque del fentanilo[5] y cocaína hacia Europa[6] (The White House, 2023).

Aunque la mayor incidencia de las drogas indica a la cocaína, existe una gran preocupación entre las autoridades por la aparición, en el escenario ecuatoriano, del fentanilo el cual al ser mezclado con otras sustancias como la heroína, cocaína y la metanfetamina aumenta su potencial adictivo afectando gravemente la salud de los que la consumen a la vez que disminuye su costo al ser elaborada, con diversos ingredientes, que incluyen los diazepam mezclados con cemento y pintura.[7]

 El problema del mercado ilícito del Fentanilo fue denunciado públicamente por el presidente Gustavo Petro en su intervención sobre cambio climático en la ONU donde señaló que esta droga se ha convertido en un problema de salud en Estados Unidos y precisó que “ya no mata 4 000 sino 100 000 jóvenes al año en Estados Unidos”.

La intensificación de la violencia en países de la región ha favorecido tradicionalmente a Estados Unidos, que toma ventaja de la inestabilidad y la violencia para intervenir directa o indirectamente a través de la militarización bajo el pretexto de salvaguardar las libertades y ser garante de seguridad.

De manera expedita dos actores esenciales de la política exterior de Estados Unidos hicieron su acto de presencia: la USAID y el Comando Sur. La primera había cesado sus actividades en Ecuador en 2014 por presiones del gobierno de Rafael Correa y retorna a la nación ecuatoriana con el slogan de “Promoción de la democracia” con el objetivo de dirigir la “ayuda” en las esferas que contemplan, prevención de desastres, fortalecimiento de instituciones de gobernanza, participación ciudadana, lucha contra la corrupción y medio ambiente.

La intromisión abierta en la vida interna de la nación estaba garantizada, así como la interconexión con los Departamento de Estado y de Defensa de los Estados Unidos, y por ende con los Programas de Inteligencia Nacional y el Consejo de Seguridad Nacional. Esta institución subordinada al Departamento de Estado anunció la implementación del programa denominado “Pilares” dirigido a Ecuador, con el fin de “garantizar” la de seguridad ciudadana con una vigencia de tres años para lo cual destinó más de 17 millones de dólares (USAD, 2023).

La segunda institución, más centrada en las cuestiones militares y de seguridad apareció en el escenario ecuatoriano desde mucho antes. A finales del 2018 se efectuó una “notable” visita de una misión del Comando Sur de Estados Unidos. con el objetivo de “escuchar las ideas y preocupaciones de las autoridades de defensa tanto civiles como militares” y reiterar el compromiso de este comando “con impulsar y fortalecer la amistad entre los dos países”.[8] Esta delegación estuvo precedida, meses antes, por la visita del subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas A. Shannon, a raíz del recrudecimiento de la situación en la frontera con Colombia por diversos atentados provocados por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

El inusitado interés de Estados Unidos en la nación andina se aprecia en la visita que realizara en ese período el Almirante Craig Faller (jefe del Comando Sur 2018-2021), paladín del fortalecimiento de la Defensa regional y de los lazos de cooperación, dirigida a la contención de China y los grupos delictivos transnacionales, principal amenaza que enfrenta la región.[9]

El alto jefe militar expresó claramente la intención del retorno del grupo militar que operaba en la embajada de esa nación, conjuntamente con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en seguridad y defensa, incluyendo la entrega de equipamiento militar y de comunicaciones para el ejército.

Estas acciones del Comando Sur incidieron en que se abriera el debate y la preocupación en círculos de la izquierda y diversos analistas ecuatorianos, sobre una nueva presencia militar de los Estados Unidos en el país andino e incluso en contra de la reapertura de la Base Aérea de Manta, que fue operada por la Fuerza Aérea del Estados Unidos hasta el 2009.

La Constitución del país prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en su territorio, aunque actores políticos domésticos como el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, el excandidato presidencial Paco Moncayo y la prensa de derecha defienden la idea de establecer una base militar con presencia yanqui.

A mediados de 2019 una noticia estremeció los círculos académicos y científicos del país: el gobierno ecuatoriano aprobó que aviones militares estadounidenses utilizaran las instalaciones del aeropuerto de San Cristóbal, en Islas Galápagos, una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que son reconocidas, además, en todo el mundo por su variedad única de plantas y vida silvestre.[10]

La ocurrencia de la pandemia Covid-19 agravó de manera profunda la situación de la nación y en el caso específico de Ecuador pasó a ser, de forma vertiginosa, uno de los territorios con mayores índices de contagios y muertes del mundo, particularmente en Guayaquil, la segunda ciudad más grande del país, donde la enfermedad atacó con particular dureza.

Diversos reportes indicaron esa difícil situación cuando en las calles empezaron a aparecer cadáveres de personas que colapsaban por la falta de atención médica, o de quienes fallecían en sus hogares y sus propios familiares colocaban sus cuerpos en lugares públicos con la esperanza que las autoridades se hicieran cargo de ellos. A finales de 2020, el país, con un poco más de 17 millones de habitantes, registraba cifras aterradoras de más de 200 000 casos y cerca de 14 000 muertes.

El banquero Guillermo Lasso (2021-2023) asumió la dirección de la nación andina y, a pesar de que se habían superado los mayores efectos de la pandemia, los niveles de violencia y de inseguridad ciudadanas continuaban en ascenso. Según el Índice Global de Crimen Organizado, elaborado por la organización internacional GITOC, en 2020 el tráfico de armas y explosivos, el enfrentamiento entre pandillas, el acceso a las drogas, el lavado de activos, el tráfico de hidrocarburos relacionados con el narcotráfico y la corrupción gubernamental constituían una constante en el escenario ecuatoriano (Pam American Development Foundation, 2023).

El presidente, ante la incapacidad de detener la ola de violencia, decidió y aplicó una medida inédita en un país donde más del 80 % de las muertes se habían ejecutado con armas de fuego: “…el uso de armas de fuego para la defensa personal de los ciudadanos de acuerdo con los reglamentos y ley vigentes”.[11] Esta medida es directamente proporcional al aumento de los enfrentamientos armados, la criminalidad´ y la extorsión.

Cuando en un país el uso de armas es autorizado por ley, las autoridades enfrentan problemas para identificar el número exacto de armas de fuego en propiedad de civiles debido a una variedad de factores, incluidos la existencia de armas no registradas, el tráfico ilegal y la extorsión entre otras actividades delictivas. Las estadísticas de Estados Unidos, por ejemplo, son ilustrativas al respecto; un análisis muestra que las tasas de homicidios con armas de fuego aumentaron casi un 35 % entre 2019 y 2020 —con las disparidades por raza o grupos étnicos y los niveles de pobreza ampliándose (Centro para el control y la prevencion de enfermedades, 2022).

Al inicio del periodo presidencial Guillermo Lasso promulgo un decreto ejecutivo sobre normas de comportamiento ético gubernamental.[12] Irónicamente, en los meses subsiguientes enfrentó más de cinco denuncias por corrupción de los miembros de su gabinete, incluso en su ámbito familiar. Todo esto sumado al notable incremento de la inseguridad ciudadana evidenció la incapacidad del gobierno para solucionar problemas de primer orden de la sociedad.

A pocos días de las elecciones anticipadas fue asesinado el candidato presidencial el exdiputado Fernando Villavicencio, quien había realizado declaraciones contra la corrupción, fundamentalmente en el sector petrolero, y a favor de la militarización como vía para el enfrentamiento a la violencia, y de emprender una lucha contra lo que denominaba la “mafia política”, el lavado de dinero, la minería ilegal y las bandas criminales.

Cuando sucede un asesinato con un claro matiz “político” (el ministro del interior Juan Zapata, fue acusado por la hermana del occiso, por no hacer nada para protegerlo), ocurren dos cosas: la primera, el ejecutor es abatido en la escena del crimen, lo que impide conocer con certeza los verdaderos responsables del crimen; y como es habitual en estos casos en el escenario latinoamericano, la segunda, solicitar ayuda externa. Oficialmente el gobierno de Lasso solicitó la presencia de expertos del FBI.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció, en una Declaración del secretario de Estado Antony J. Blinken, una recompensa de cinco millones de dollares para quién ofrezca información que permita la localización y detención de “co-conspiradores y autores intelectuales detrás del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio”. Esto tiene lugar bajo el Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2023).

Este crimen demostró el incremento del poder y la impunidad con el que actúan las mafias criminales, lo que ha incidido que esa nación se convierta en la más violenta de la región latinoamericana.

A mediados del año 2023, Daniel Noboa asume la presidencia (antes que concluyera el período presidencial de Guillermo Lasso) acontecimiento que demuestra claramente la continuidad de empresarios millonarios al frente del ejecutivo ecuatoriano.

Al asumir la presidencia, el país estaba sumido en una pobreza profunda, donde el desempleo y la desigualdad se ubicaban en niveles muy elevados y la satisfacción de las necesidades básicas de la población era muy limitada. Paralelamente la actuación de las bandas criminales y el enfrentamiento entre ellas habían aumentado la violencia hasta niveles alarmantes.

El tráfico de drogas constituye el denominador común que a la vez ha dinamizado otros delitos conexos como el tráfico de hidrocarburos, la corrupción, el tráfico de armas, vacunas, personas y el lavado de activos entre otros. Esta situación demuestra que el control estatal estaba siendo desafiado por bandas criminales como “Lobos”, principales actores del tráfico de drogas hacia Norteamérica y Europa, Los “Choneros”, pioneros de la escena narco de Ecuador, y en guerra con los primeros “Los Tiguerones” los cuales dominan el negocio de la extorsión en Guayaquil.

Todo parece indicar que la respuesta inmediata al problema de la violencia ha sido responder con más violencia. Una de las primeras medidas presidenciales ha sido declarar que el Estado está en “conflicto armado interno” —estableciendo el estatus de emergencia nacional—, considerar a los grupos criminales como “terroristas” (22 grupos reciben esa categoría) y autorizar a las Fuerzas Armadas a “neutralizar” a los grupos criminales organizados mediante el uso de la fuerza letal.

Al propio tiempo, Noboa envió un proyecto de ley al Congreso para subir al 15% el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La medida afectará a 208 de los 359 productos de la canasta básica, según el diario ecuatoriano “Primicias”, de manera que la población tendría que financiar una parte considerable del controvertido plan de seguridad.

De otro lado, presentó un plan conocido como “Plan Fénix”, mediante el cual espera construir tres cárceles con la utilización de última tecnología con la participación de la empresa israelí que diseñó y construyó de prisiones similares en el Salvador, México, Tailandia e Indonesia, algo a lo que algunos analistas han denominado “efecto Bukele”. Mientras, se establecerán tres prisiones flotantes que se ubicarán a unas millas de la costa para lo cual solicitó una ayuda de 200 millones de dólares a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Una vez más, en el escenario latinoamericano, se acude erróneamente a la militarización de la sociedad como solución a los retos de seguridad que enfrenta la nación.

La ‘cooperación’ de Estados Unidos. La nueva versión de la ocupación militar

Después de la devolución a Panamá de las instalaciones del Canal, Estados Unidos concibió el establecimiento de locaciones operacionales avanzadas (Forward Operational Locations, FOL), sistema de instalaciones avanzadas que suministran información de inteligencia a los países beneficiarios de la cooperación norteamericana para la lucha antidroga, a la vez que proveen de infraestructura necesaria para operaciones del Comando Sur.

Como es conocido, el gobierno de Rafael Correa eliminó la presencia militar estadounidense de la Base Aérea de Manta, considerada uno de estos sitios de operaciones avanzadas. Con el regreso de los efectivos militares a Ecuador, aumentan los temores de la reutilización de la mencionada instalación militar, algo que funcionarios militares han descartado e incluso el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon, al ser interrogado sobre el tema expresó: “realmente no creo que necesitemos una base en ese sentido”.[13]

Ahora existe otra intención más acorde con lo señalado en el documento Visión Conjunta 2020 de mayo del 2000 “donde describen la necesidad de una transformación mental y tecnológica en las fuerzas armadas estadounidenses para actuar en un espectro amplio de misiones en el cual, podría actuar solo o con sus aliados en cualquier parte del mundo, donde la diferencia con el enemigo esté marcada por la capacidad de innovación organizativa, doctrinal y de instrucción que le permita preservar la ventaja competitiva adaptando los objetivos de fuerza y el planeamiento de recursos a los niveles de ambición propuestos por la Revisión Cuadrienal de Defensa 2010”.^[14]

A tono con esta estrategia, en agosto de 2018, ambas naciones acordaron la apertura de unaOficina de Cooperación de Seguridad (OCS). Según el Departamento de Defensa, esta oficina pertenece a la Agencia de Asistencia de Seguridad de Defensa y su objetivo es realizar acciones que “promuevan los intereses de seguridad específicos de los Estados Unidos, incluidas todas las actividades internacionales de cooperación de armamentos y actividades de asistencia de seguridad con esta ahorrar los altos gastos logísticos de personal militar e infraestructura, además de brindarles flexibilidad y escalabilidad ya que ‘cooperan’ con las Fuerzas Armadas locales, obteniendo los mismos o incluso mejores beneficios (Department of Defense, 2021).

Estas oficinas, donde están ubicadas, son dirigidas por la embajada de los Estados Unidos como muestra del papel que desempeña la diplomacia de guerra del imperio y están orientadas a “desarrollar y gestionar un espectro amplio de temas estratégicos, asesorías técnicas, capacitaciones y entrenamiento […] ejercicios militares, cooperación militar, etc. en beneficio de los intereses nacionales”.[15]

Como novedad, Ecuador volvió a participar en el Ejercicio Multinacional de Maniobras Militares (Unitas)[16] organizado por Estados Unidos. Como otros ejercicios similares realizados en la región, este sirve para el adoctrinamiento bajo el comando estadounidense, tal como lo indicó el comandante general de la Armada ecuatoriana, para lo cual se destinará el barco hospital USNS COMFORT,[17] que nuevamente operaría de forma regular y periódica en las costas ecuatorianas.

Aunque el citado buque está capacitado para “ayuda humanitaria”, es conocido que dentro de la filosofía de la Armada ubica su misión en términos militares, siendo su objetivo dar soporte a las acciones bélicas que Estados Unidos, en sus atribuciones de “polizonte mundial”, desarrolla en múltiples latitudes del planeta de forma permanente como parte de esencial de su política exterior.

El 22 de enero del año en curso (2024), la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, Christopher Dodd, Asesor Presidencial Especial para las Américas, el Subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Christopher Landberg, y sus delegaciones, llegaron a Ecuador para acelerar la cooperación contra el crimen organizado. Aunque el argumento sigue siendo el narcotráfico y el terrorismo, el objetivo es reposicionar al Comando Sur como eje del control estadounidense en la región.

En una entrevista realizada al presidente Noboa en la emisora de radio “Canela”, este dejó claro que Estados Unidos brindará ayuda militar para hacer frente al conflicto entre las fuerzas armadas y de seguridad y las organizaciones terroristas asociadas al crimen organizado transnacional:

“Si, uno es el intercambio de chatarra ucraniana y rusa por 200 millones de dólares en equipamiento moderno. Eso es algo que ya terminaremos de concretar este mes. Esa es una asistencia. De ahí para mayor asistencia, tuvimos una reunión con el embajador de Fitz Patrick de Estados Unidos en la tarde después del Decreto y dijo que, en pocos días, unos 3 días vendrán con un paquete de asistencia al Ecuador. Ellos lo están evaluando, como digo, llevamos 20 horas en estado de conflicto armado no internacional y ellos tienen que seguir sus procedimientos para después proveer ayuda y asistencia internacional” (Saumeth, 2024).

Además de la cooperación en defensa, la General Laura Richardson, manifestó la intención del Comando Sur de que aquellos países sudamericanos que posean material de origen ruso lo reemplacen por sistemas de armas norteamericanos y a modo de compensación recibirían más de 200 millones de equipamiento militar de los Estados Unidos.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador han confirmado la entrega al Comando Meridional de más de 10 000 fusiles de origen chino (Norinco), morteros, municiones, granadas y cascos, así como varios tipos de medios aéreos de origen ruso, helicópteros del tipo MI-17, sistemas de lanzamiento de cohetes Rostev BM-21 y Excalibur Army Spol, 34 sistemas de defensa antiaérea de corto alcance móviles del tipo ZU-23/2 y portátiles del tipo Igla, misiles antitanques (ATGM) AT-3B Sagger B y los famosos RPG-7.

Estas acciones motivaron las denuncias del Embajador ruso en Ecuador al considerar que esta posición viola la neutralidad ecuatoriana, pues es evidente que gran parte de ese material, según su estado técnico, será transferido a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

En esta misma línea de acuerdos, el ejército ecuatoriano comenzó a recibir, desde inicios de 2024, la prometida ayuda del Departamento de Defensa de Estados Unidos una parte considerable de los más de 50 000 chalecos antibalas solicitados a la Empresa Point Black, la misma que suministra estos aditamentos a las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos (FOE) y a los grupos de intervención y rescate. Además, ha comenzado a recibir equipos tácticos de combate y medios de defensa antiaérea.

La Corte Constitucional de Ecuador autorizó al presidente que active dos acuerdos militares pactados con Estados Unidos en materia de seguridad. El primero, “relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas”, conocido como “Shiprider Agreements”,^[18] implica la apertura de las aguas territoriales de los países de la subregión a las operaciones de los Guardacostas estadounidenses, en la perspectiva de incrementar su control en el área. Incluye la aplicación de operacionescombinadas entre los dos países, que estarían previamente planificadas y autorizadas por la Armada ecuatoriana.

El segundo, “relativo al estatuto de las Fuerzas”, conocido como SOFA por sus siglas en inglés (Defensa Nacional, 2023), contempla la visita de buques de la Armada estadounidense a territorio de Ecuador y la realización de entrenamientos, ejercicios, actividades humanitarias, acciones de cooperación para abordar retos de seguridad compartidos, como el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, terrorismo internacional y otras amenazas.

Estos acuerdos militares otorgan una serie de beneficios a las tropas estadounidenses dentro del territorio ecuatoriano como: exenciones en pagos de impuestos, amnistías, libertad de uso del espacio aéreo y terrestre, libre uso del espectro radioeléctrico ecuatoriano, porte de armas, entre otros. Ello implica, sin dudas, una sesión de la soberanía ecuatoriana, algo que es reconocido por el cuerpo de oficiales del ejército ecuatoriano.

Sobre el controvertido tema de la cooperación militar, el presidente Noboa expresó sin titubeos: “no se puede declinar ayuda bajo el argumento de la soberanía, porque el país necesita apoyo militar en fuerza de personas, de soldados, así como asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento (…) no contempla la instalación de tropas estadounidenses en territorio ecuatoriano. Pero, el objetivo será que entren en periodos de corta duración, hagan los operativos y se retiren”.^[19]

Otros países ofrecieron su ayuda “desinteresada” como Argentina (militares) y Brasil (policías federales). No se debe obviar que muy pronto, si ya no lo ha hecho, aparezca con su contribución la Organización de Estados Americanos (OEA) —ministerio de colonias— con sus propuestas de intromisión y democracia.

Durante la investidura del nuevo presidente argentino Javier Milei, el presidente Daniel Noboa se reunió con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski. Ambos líderes intercambiaron opiniones sobre los desafíos derivados de la desestabilización global y discutieron nuevas oportunidades para ampliar la cooperación bilateral entre Ucrania y Ecuador, especialmente en áreas como seguridad, digitalización y comercio agrícola.

Ante un escenario que registra gran dinamismo del tráfico de drogas sintéticas y precursores químicos, con un mapa del consumo regional que ha sufrido el efecto globo del negocio, esparciendo los cárteles y adictos hacia toda la región, debe fortalecerse la colaboración entre los países de la región y Estados Unidos, desde una óptica que considere las peculiaridades históricas y culturales de cada país y subregión.

El llamado efecto globo, rotulado así por el profesor Bruce Bagley (Bagley, 2011), se entiende como el desplazamiento de los grupos criminales de un lugar a otro debido a los operativos en el lugar donde se encontraban originalmente.

Uno de los temas de mayor preocupación con el efecto globo de las drogas en América Latina y el Caribe es el aumento ya no sólo del trasiego, sino también del consumo en subregiones pobres, con bajos índices de seguridad como Centroamérica. La extensión de estos problemas hacia países subdesarrollados, con alto grado de violencia y criminalidad, perpetúa el problema de las drogas. Con ello, se restringen las alternativas de desarrollo y reproducción de la vida y se reducen las posibilidades de diseñar políticas de enfrentamiento y seguridad pública viables.

En el caso que nos ocupa, la corrupción experimenta una especie de convivencia con el Estado, impactando en la alta conflictividad social y la inadecuada gobernabilidad. Ello se refleja en reiteradas declaratorias de estados de excepción o, como señala el controvertido Decreto 111 que nombra a las pandillas como organizaciones terroristas y establece al país en un estado de “conflicto armado interno”, movilizando al ejército para enfrentar a las mafias criminales y estableciendo acuerdos militares con potencias extranjeras (Estados Unidos).

El plazo de excepcionalidad o de emergencia de 60 días que establece el mencionado decreto evidencia el descontrol o desconocimiento a la hora de apreciar la posible solución a la situación imperante, pues la (o las) mente(s) que idearon esta variante pueden establecer cómo comienza la batalla contra las pandillas, pero, claramente, nadie está en condiciones de predecir cómo ni cuándo terminará. Lo que nadie duda es que esta situación es una ocasión propicia para recibir el respaldo de gobiernos extranjeros, algo que es aprovechado por Washington en su filosofía de las “guerras infinitas”.

La ‘ayuda’ en curso está dirigida a la guerra contra el “narcotráfico” y fertilizará los problemas de ingobernabilidad, inseguridad y reducción de las opciones de desarrollo. La oferta militarizada de Estados Unidos resulta contraproducente a la promoción de la paz, la seguridad y el desarrollo a que están urgidos los países más afectados del hemisferio. No obstante, Washington persiste en alentar el Complejo de Seguridad Industrial^[20] mediante esta guerra, con consecuencias lamentables para la soberanía, la institucionalidad y los derechos humanos de la nación andina.

La cooperación con Ecuador bajo el pretexto de la lucha contra las drogas y las actividades terroristas significa el retorno de la presencia militar de Estados Unidos bajo nuevas y más oscuras modalidades, pues no solo se perfila la presencia de efectivos militares en tareas de interdicción e inteligencia en estrecha coordinación con el ejército y la policía a esta “ayuda”, sino que, aunque no se mencione públicamente, participan otras agencias e instituciones policiales como el FBI, la DEA y las Unidades de Investigación Confidencial (SIU),^[21] grupos ultra secretos de agentes élite, casi siempre policiales, equipados y entrenados por parte de agentes de la DEA bajo la coordinación y liderazgo de la embajada de Estados Unidos.

Conclusiones

La situación interna en la República del Ecuador exige respuestas que incluyan y profundicen en múltiples temas no militares, que permitan reconocer otras aristas del enfrentamiento a los flujos ilícitos trasnacionales, orientadas hacia factores sociológicos, político-diplomáticos y socio-culturales que propicien proyectos de inclusión ciudadana, reducción de las brechas socioeconómicas y de los índices de violencia y criminalidad que hoy afectan a la nación.

Para lograr estos objetivos, es preciso que la colaboración abra un abanico de acciones hacia temas que incentiven la seguridad ciudadana, la economía, la protección del medio ambiente, los derechos humanos y la convivencia democrática de la sociedad civil y que se articulen las fuerzas políticas y actores diversos, que pugnen por una verdadera cooperación al desarrollo. Ello viabilizaría cambios trascendentales, donde se parta de un enfoque crítico, interdisciplinario y regional.

La persistencia en fórmulas militaristas y la continua politización de la lucha antidroga, denota el doble rasero de la guerra contra las drogas de Estados Unidos en el proceso de conformación de la política exterior y de seguridad hacia Nuestra América. La situación actual en Ecuador hace honor a la lapidaria frase de Kissinger: “Ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser amigo es fatal”.

 

Bibliografía

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[1] Con experiencias anteriores en Tailandia, Singapur, México y El Salvador.

[2] Terremoto en Colombia, donde murieron alrededor de 1 000 personas.

[3] https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49969697.

[4] Albania es utilizada como un seguro corredor en el tránsito comercial entre Asia y Europa en la península de los Balcanes.

[5] Fuerte opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. https://nida.nih.gov/es/publicaciones/drugfacts/el-fentanilo

[6] Países Bajos incautaron más de 8000 kilos de cocaína provenientes de Quito, con un valor estimado de más de 600 millones de euros https://sputniknews.lat/20230825/el-trafico-de-drogas-en-mexico-nacio-de-forma-trasnacional-como-opera-el-narco-en-europa-1142977513.html

[7] Ecuador: crece la preocupación ante la posible llegada del fentanilo chino al país – Latinoamérica – Internacional – ELTIEMPO.COM

[8] La misión estuvo integrada por el teniente general Joseph P. DiSalvo, subcomandante militar; y la embajadora Liliana Ayalde, asesora de Política Exterior del Comando Sur de Estados Unidos.

[9] https://actualidad.rt.com/actualidad/266769-ecuador-funcionarios-comando-sur-eeuu  

[10] https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48663283

[11] https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/ecuador/ecuador-autoriza-tenencia-de-armas-de-uso-civil-cuales-son-los-requisitos/

[12] https://www.primicias.ec/noticias/politica/guillermo-lasso-corrupcion-casos/

[13] Base de Manta 2.0: la renovada presencia militar de ESTADOS UNIDOS en Ecuador (globalizacion.ca)

[14]   http://www.defense.gov/QDR/QDR%20as%20of%2029JAN10%201600.pdf

[15] https://www.lahora.com.ec/pais/oficina-cooperacion-seguridad-invierte-60-millones/

[16] «Unidad», en latín. Se ejecutan en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

[17] Para trabajar en una misión humanitaria que brindará asistencia médica.

[18] Operaciones transfronterizas integradas de aplicación de la ley marítima (Integrated Cross-Border Maritime Law Enforcement Operations, en inglés), también conocido como Shiprider, es una iniciativa binacional entre la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) que autoriza a los agentes del orden público canadienses y estadounidenses, especialmente entrenados y designados, tripulen conjuntamente embarcaciones marinas para hacer cumplir la ley a ambos lados de la línea fronteriza internacional. Trabajando juntos, los agentes armados de estos países pueden transitar de ida y vuelta a través de la frontera para evitar la criminalidad transfronteriza en vías fluviales compartidas (publicsafety.gc.ca).

[19] https://www.primicias.ec/noticias/politica/acuerdo-cooperacion-maritima-ecuador-estados-unidos/

[20] Se acoge este término, y no el clásico Complejo Militar Industrial, para incluir elementos no militares que entran en el paquete de seguridad de las compañías estadounidenses, con vínculos político-diplomáticos que amplían el uso de contratistas, profundizando su interés por continuar la militarización de la lucha antidroga.

[21] En la actualidad, Estados Unidos apoya 11 programas SIU en todo el mundo. En el hemisferio occidental, se conoce que operan en Belice, Panamá, Guatemala, México, Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana (Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian, & Withers, 2013, pág. 9).