La instrumentalización de la NSS 2025 en América Latina: doctrina, narrativa y mecanismos de implementación

Imagen tomada de Pensando Américas

Introducción

Después de la publicación de la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSS) correspondiente al segundo mandato de Donald Trump, en noviembre de 2025, en pocos meses se ha desplegado una secuencia de documentos y eventos orientados a su instrumentalización política en América Latina y el Caribe. Este proceso no puede entenderse como una simple cadena de reuniones o declaraciones de cooperación, sino como el aterrizaje en la región de un marco doctrinario que define los intereses vitales de Washington y pone el foco de su política exterior hacia el hemisferio occidental. Esta saga de eventos incentiva la pregunta que da vida a este trabajo: ¿a través de qué mecanismos se ha instrumentalizado políticamente la NSS 2025 en América Latina y el Caribe?

La idea central que sustenta este trabajo es que la NSS 2025 ha sido instrumentalizada políticamente en la región mediante una secuencia de eventos, declaraciones y acuerdos de cooperación en que se superponen el discurso contra el narcotráfico, la identificación de socios alineados y el sustento de entidades expertas en temas de seguridad con reconocidos vínculos con el gobierno estadounidense. Esta instrumentalización se evidencia en una cadena de acciones que buscan la materialización de los lineamientos emanados del documento en articulaciones regionales concretas.

Entre estas acciones destacan la Conferencia de las Américas contra los Cárteles, celebrada los días 4 y 5 de marzo de 2026 bajo la presidencia del secretario de Guerra Pete Hegseth, con participación de 16 países de la región,[1] en la que se firmó la The Americas Counter Cartel Conference Joint Security Declaration. A ello siguió, el 7 de marzo, el lanzamiento de la iniciativa Escudo de las Américas, convocada por el presidente Trump a la que fueron invitados 12 mandatarios[2] —entre recién electos y en funciones— cuyo rasgo común era un explícito alineamiento con la política estadounidense; en esa ocasión se suscribió el Commitment to Countering Cartel Criminal Activity. Más recientemente, entre el 7 y el 10 de julio, se celebró en Perú la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), cuyo resultado fue la Declaración de Cusco, de la cual han circulado referencias en sitios gubernamentales, aunque no se ha hecho público el texto de la citada declaración.

Los discursos del secretario del ahora renombrado Departamento de Guerra, Pete Hegseth, en la reunión previa al lanzamiento del Escudo de las Américas y del subsecretario para las Políticas del mismo departamento, Elbridge Colby, en la CMDA, se asientan en los lineamientos generales que ya habían sido formulados en el documento rector de la seguridad estadounidense, pero con narrativas más agresivas y abiertamente injerencistas y con mensajes dirigidos particularmente a los segmentos políticos que disienten de la política injerencista con una declarada intención de atemorizarlos, desmontarlos, o al menos fracturarlos.

En este proceso, un think tank como RAND Corporation ha tenido un papel clave en la descripción detallada y con un nivel considerable de ejemplificación sobre las actividades que en la región califican como amenazas de actores estatales y no estatales a la seguridad nacional de Estados Unidos. La publicación, en mayo de 2026, del informe de RAND Corporation titulado Force Multipliers in the Americas: Harnessing Security Force Assistance to Bolster Homeland Defense and U.S. Strategic Objectives in Latin America,[3] da cuenta de la estrecha articulación entre la comunidad de expertos y la formulación de la política exterior. A esto debe agregarse que RAND es una organización con vínculos históricos con el ahora llamado Departamento de Guerra,[4] cuyas investigaciones tradicionalmente han sido insumo para la planificación estratégica y la toma de decisiones en materia de seguridad nacional de ese país. En esta malla de instituciones y políticas, los think tanks aportan marcos analíticos, justificación de acciones frente a situaciones y propuestas de políticas. Su influencia trasciende la elaboración de informes y sus argumentos suelen identificarse en los discursos oficiales y agendas de cooperación que se ofertan o se imponen a los países de la región.

El propósito de este trabajo es analizar cómo se está instrumentalizando lo concerniente a la región latinoamericana y caribeña de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2025 a través de reuniones y compromisos plurilaterales selectivos y multilaterales de carácter hemisférico al tiempo que contribuye al esclarecer cómo el nuevo mapa del poder global que se reconfigura redimensiona la importancia estratégica de la región para Estados Unidos y cómo ello se viene plasmando en la narrativa gubernamental de ese país.

El trabajo parte del examen de lo nuevo en el enfoque de la NSS2025, comparada con las estrategias de 2017 de la primera administración de Trump y la de 2022 de Biden. A continuación, analiza la secuencia de eventos ocurridos en 2026 en los que se han delineado las directrices hacia la región; y por último se examina el documento de la RAND Corporation que vincula las principales amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos desde América Latina y el Caribe con las relaciones y formas de operar de adversarios como China y Rusia enfatizando su papel en México y Panamá, dos países considerados por Estados Unidos como críticos para su seguridad.

A lo largo del texto se utiliza la palabra instrumentalización en lugar de operacionalización[5] para significar críticamente el carácter más político que técnico de la regionalización de los lineamientos de la NSS 2025, es decir, que no se trata sólo de regionalizar la estrategia, sino de exigir alineamientos, mostrar explícitamente una jerarquización de socios y definir agendas de defensa y seguridad para la región desde Washington.

[1] Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

[2] Argentina, Panamá, Ecuador, Paraguay, El Salvador, Guyana, Bolivia, Costa Rica, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Honduras y Chile

[3] Elaborado según declara el texto antes de los eventos en Venezuela, aunque la referencia a esas acciones evidencia cierto nivel de actualización posterior.

[4] El Dpto. de Defensa, ahora Departamento de Guerra en virtud de una orden ejecutiva del presidente en 2025.

[5] Operacionalizar la estrategia sería convertirla en acciones y formas de implementación.