U.S.A. Banana´s Republic

Pasados más de dos mes de las elecciones del tres de noviembre de 2020 en los Estados Unidos de América (EE.UU.), hechas prácticamente todas las acciones legales posibles, rechazadas todas la alegaciones presentadas por los abogados de Donald Trump ante los diferentes tribunales estatales, y certificado el triunfo el 14 de Diciembre de 2020 del demócrata Joe Biden por el denominado Comité Electoral, y posteriormente ratificado por el Congreso. Aunque la sesión de este último fue retrasada y alterada por los inéditos hechos del 6 de enero de 2021, Trump continuó resistiéndose hasta el último momento a reconocer su derrota, reiterando sus acusaciones de fraude generalizado e incitando a sus seguidores, directa o indirectamente, a cualquier tipo de acción de protesta. Finalmente, no asistió a la ceremonia de asunción de la presidencia de su sucesor, el demócrata Joe Biden, gesto que solamente habían hecho anteriormente otros tres exmandatarios en más de doscientos años de historia republicana de los EE.UU.

Las reiteradas denuncias de fraude en los diferentes estados donde obtuvo la victoria el aspirante por el partido Demócrata, hechas públicas por Trump, por su abogado principal, Mr. Giuliani, y otros muchos funcionarios y personalidades, incluyeron acusaciones sobre supuestas votaciones dobles, boletas falsas, ejercicio del derecho al voto por inmigrantes ilegales, así como que no se permitió a representantes del partido Republicano comprobar la validez de las boletas, etc. Algunas de estas denuncias acusaban a China, a Venezuela y a Cuba de estar detrás de los supuestos fraudes. Todo ello, junto a otras acciones demostraron el carácter excluyente y racista de muchos de los seguidores de Trump, como el caso de una testigo presentada por los republicanos que sencillamente declaró que no era posible determinar la validez de algunos votantes de origen asiático “porque todos los chinos se parecen” (sic).

Ante todo, cabe preguntar, ¿quién es el máximo responsable en cualquier país del cumplimiento de las leyes y la legitimidad de los diferentes actos que se realizan en el mismo?; pienso que la mayoría de los lectores coincidirían conmigo que es precisamente el máximo ejecutivo de ese país, en este caso, el Presidente de los EE.UU.; por tanto, al primero que habría que exigirle responsabilidad por los supuestos fraudes es al propio Trump como jefe de Estado, al que se subordinan instituciones encargadas de garantizar la seguridad del país, como es el Departamento de Seguridad Nacional; las diferentes agencias de inteligencia, subordinadas al Director de Inteligencia Nacional, etc.

A continuación, en cada Estado existen ejecutivos e instituciones designadas para garantizar la legitimidad de cada proceso, de ambos partidos; incluso en algunos de los estados donde los “trumpistas” denunciaron fraudes e irregularidades, hay gobernadores que pertenecen al partido Republicano.

Además, siguiendo los conceptos de la separación de poderes, los diferentes tribunales a instancias federales y estatales son independientes, no deben emitir sus sentencias y decisiones según la filiación partidista de sus miembros, sino de acuerdo a las leyes vigentes. Pero incluso en estas instancias, no tuvieron las protestas “trumpistas” los resultados esperados, ya que incluso la Corte Suprema de Justicia (en la cual varios de sus integrantes le deben la designación al propio Trump) desestimó una acusación hecha por el fiscal general de Texas que intentaba anular los resultados en cuatro estados.

Los sucesos ocurridos en el Capitolio de Washington el día 6 de enero, con un trágico saldo de cinco muertes, una cantidad no precisada de detenidos e innumerables destrozos en una importante parte de esa edificación, realizada por turbas pro-Trump, entre ellas los llamados Proud Boys (Chicos orgullosos) (uno de cuyos líderes es un tal Enrique Tarrio, un autoproclamado cubano-estadounidense) y evidentemente incitadas por la constantes alegaciones de fraude hechas por el magnate neoyorquino, constituyeron un enorme descrédito para el país, y no impidieron que el Congreso estadounidense finalmente confirmara la victoria de Joe Biden. La repulsa internacional a tales hechos fue prácticamente unánime, amén de que a lo interno también tuvo un amplio rechazo, a excepción de un sector que sigue ciegamente a Trump.

Incluso, es algo digno de destacar la declaración del Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor manifestando su apego a las leyes y a la Constitución. Esto puede significar que ciertos rumores sobre la intención de Trump de decretar la Ley Marcial e intentar un golpe de Estado pueden tener alguna base, y de que este trató de que los altos mandos militares lo secundaran, aunque realmente no existen pruebas de tales hechos.

Una de las consecuencias de los acontecimientos del 6 de enero en el Capitolio de Washington, fue la aprobación por la Cámara de Representantes de realizar un nuevo juicio político a Trump, que sería el primer presidente en la historia de los EE.UU. en ser juzgado dos veces. Amén de los intentos de que se aplicara la enmienda 25 de la Constitución para destituir al presidente, cuestión que no contó con el apoyo del vicepresidente Mike Pence, el cual, aunque se desmarcó de las denuncias de fraude hechas por los seguidores de Trump, no quiso o no se atrevió a dar el paso que le solicitaban para declarar la incapacidad de Trump para ejercer el cargo.

Cualquier persona medianamente informada podría preguntarse cómo es posible que eso suceda en la “democracia” más antigua del mundo, según históricamente han proclamado; en un país que siempre se ha presentado como ejemplo para los demás, la “ciudad en la colina”; que en los diferentes escenarios internacionales da lecciones a los gobiernos de los restantes países e incluso ha invadido más una nación para supuestamente “restablecer” el orden y la democracia, como en Panamá, Granada, Haití, Somalia, Irak, Libia, Líbano, Siria, etc.

Esto tiene antecedentes en la tristemente célebre “doctrina Monroe”, y expresado con más claridad por el hombre del “big stick”, Theodore Roosevelt (primero subsecretario de Marina, secretario de Marina, vicepresidente y luego presidente de esa nación entre 1901 y 1909) en Diciembre de 1904 con la promulgación del no muy conocido o recordado Corolario a la Doctrina Monroe esbozado en un mensaje al Congreso, en el año 1904, y en el que se decía, entre otras cosas, lo siguiente:

Política hacia otras naciones del Hemisferio Occidental

“No es cierto que los Estados Unidos tengan hambre alguna de tierras o que tiene entre manos nada relativo a las demás naciones del Hemisferio Occidental, salvo que no sea para el bienestar de estas. Todo lo que esta nación desea es ver a las naciones vecinas estables, ordenadas y prósperas. Cualquier nación que cuyo pueblo se comporte bien consigo mismo podrá contar con nuestra amistad de corazón. Si una nación muestra que sabe cómo actuar con razonable eficiencia y decencia en asuntos sociales y políticos, y si mantiene el orden y paga sus obligaciones, no debe temer ninguna interferencia de los Estados Unidos. Una actuación incorrecta crónica, que tenga como resultado una pérdida general de los lazos de una sociedad civilizada, ya sea en América, como en cualquier lugar, requerirá en última instancia la intervención de alguna nación civilizada, y en el Hemisferio Occidental, la adherencia de los Estados Unidos a la Doctrina Monroe puede forzar a Estados Unidos, no obstante ser renuente a ello, en casos flagrantes de tales fechorías o de impotencia, a ejercer un poder policial internacional”. ^[1]

El cariz imperialista de este corolario es evidente, pues propugna como un “deber” y un “derecho” de Estados Unidos, supuestamente una nación “civilizada”, a intervenir en cualquier otra nación del hemisferio (y, como la historia demostró, también en otras partes del mundo), mediante el empleo de la fuerza militar.

Pues ahora, al parecer, puede catalogarse a EE.UU. como una “República Bananera”, despectivo término que los propios estadounidenses inventaron[i] para referirse a varios de los países latinoamericanos. El término fue acuñado por O. Henry, humorista y escritor de cuentos cortos estadounidense, que pasó varios años en Centroamérica, para referirse a Honduras y a Guatemala, las cuales tenían convenios con la United Fruit Company, la que básicamente controlaba la economía de esos países (e incluso promovió golpes de Estado, Guatemala 1954, por ejemplo).

El término fue inventado originalmente como una referencia muy directa a una «dictadura servil», que favorece (o apoya directamente a cambio de sobornos) la explotación de la agricultura de plantación y monocultivo a gran escala, sin atender a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del país; posteriormente se popularizó la denominación de «república bananera» para hacerla extensiva de manera peyorativa a cualquier país del mundo que se considere como plagado de inestabilidad política, corrupción, e ilegalidad en su vida cotidiana, generalmente del Tercer Mundo.

Del papel de EE.UU. en esas naciones puede ser valorado por el testimonio del oficial militar estadounidense más activo de las llamadas “guerras bananeras”, el Mayor General del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Smedley Butler, quien en 1935 escribió en su famoso libro War Is a Racket (La guerra es un latrocinio)[ii] : “He servido durante 30 años y cuatro meses en las unidades más combativas de las fuerzas armadas norteamericanas: en la infantería de marina. Tengo el sentimiento de haber actuado durante todo ese tiempo de bandido altamente calificado al servicio de los grandes negocios del Wall Street y sus banqueros. En una palabra, he sido un pandillero al servicio del capitalismo. De tal manera, en 1914 afirmé la seguridad de los intereses petroleros en México, Tampico en particular. Contribuí a transformar a Cuba en un país donde la gente del National City Bank podía birlar tranquilamente los beneficios. Participé en la «limpieza» de Nicaragua, de 1902 a 1912, por cuenta de la firma bancaria internacional Brown Brothers Harriman. En 1916, por cuenta de los grandes azucareros norteamericanos, aporté a la República Dominicana la «civilización». En 1923 «enderecé» los asuntos en Honduras en interés de las compañías fruteras norteamericanas. En 1927, en China, afiancé los intereses de la Standard Oil.»

«Nos ha ido bastante bien con Luisiana, Florida, Texas, Hawái y California y el Tío Sam puede tragarse a México y Centroamérica, con Cuba y las islas de las Indias Occidentales como postres y sin intoxicarse».

«Fui premiado con honores, medallas y ascensos. Pero cuando miro hacia atrás considero que podría haber dado algunas sugerencias a Al Capone. Él, como gánster, operó en tres distritos de una ciudad. Yo, como marine, operé en tres continentes. El problema es que cuando el dólar estadounidense gana apenas el seis por ciento, aquí se ponen impacientes y van al extranjero para ganarse el ciento por ciento. La bandera sigue al dólar y los soldados siguen a la bandera.»

Teniendo en cuenta todos estos elementos, cualquiera pudiera considerar que hay argumentos para considerar a EE.UU. un país con las mismas características de una “República Bananera”, en la cual cualquier poder “civilizado” puede intervenir para restablecer el orden: país donde hay corrupción, racismo, violencia, represión policial, etc, amén de un gobierno que ha sido incapaz de combatir con éxito el coronavirus. Y finalmente, un presidente que llamaba abiertamente a sus partidarios a protestar e incluso instigó bajo cuerda a la violencia política, mientras dedica sus ratos de ocio a jugar golf y a perseguir a todos los que no acaten sus indicaciones.

Tales hechos nos recuerdan que en 1933 en Alemania Adolf Hitler instigó a una parte importante del pueblo alemán a la violencia y el racismo; que quemaron el edificio del parlamento (Reichstag) de ese país y luego inculparon a los comunistas, y finalmente establecieron el fascismo como sistema dentro del país. Los resultados finales son muy conocidos.

El Imperialismo, fase superior del capitalismo, tal como describiera Lenin, en la medida que va avanzando en su elevada especialización explotadora, deriva hacia el fascismo como manifestación del incremento de la represión y de la enajenación del hombre. El principio del fascismo es la militarización de la sociedad.

El incremento desmedido de las Fuerzas Armadas; el aumento de los gastos militares a niveles nunca alcanzados; el cada vez mayor papel del Complejo Militar Industrial en la política interna y externa; el intento de eliminar, incluso por la fuerza, todo aquello que pueda dificultar la libre explotación del mundo por las megaempresas transnacionales, aun a costa de arrasar el planeta; el control de la sociedad mediante el miedo y la represión; la manipulación de las opiniones en el plano nacional e internacional, mediante la mentira y el chantaje; la argumentación de una doctrina hiperbelicista, con un lenguaje tremendista y soberbio; la clasificación maniquea y voluntarista de todos los estados del planeta y otras instituciones (incluso internacionales) en buenos o malos, según el patrón exclusivista e inconsulto de los supuestos amos del mundo. Todo esto caracteriza el accionar de la actual política norteamericana: Estados Unidos, bajo el dominio de los neoconservadores, marcha hacia la militarización, el fascismo y la guerra.

Tras la asunción de la presidencia, el nuevo gobierno de Joe Biden deberá enfrentar el grave desafío de gobernar sobre un territorio en el cual una parte importante de la población no le reconoce su autoridad ni su legitimidad.

Los años futuros dirán si EE.UU. se convertirá en una nueva sede del fascismo, o sus ciudadanos podrán construir un destino mejor para sus descendientes y ayudar al resto de la humanidad a combatir los males que aquejan a este planeta. ¡Un Mundo Mejor es Posible!